Sara Goldring estaba todo el día sentada frente a las pantallas de la bolsa de Estados Unidos. Sabía que cuando los operadores bursátiles se iban a almorzar era la hora en la que se podía comprar porque antes de irse vendían para poder irse tranquilos y que no le quedaran papeles, con el riesgo de perder.
Ese y otros secretos del mundo financiero los aprendió en los casi 30 años en los que se dedicó a los negocios bursátiles y se hizo conocida como la gurú del riesgo. Allegados a Goldring que respondieron a El Observador algunas consultas, señalaron que se hizo conocida sin jamás promocionar sus servicios porque hizo que muchos “ganaran fortunas” -"hasta 30%, 40% y 60% de ganancia anual"- hasta que con la guerra entre Rusia y Ucrania le llegó la debacle y todos perdieron.
Para dedicarse de lleno al negocio bursátil, quien fue la primera mujer que entró a la Bolsa de Valores de Montevideo y llegó a formarse en Estados Unidos a donde viajaba a aprender dos veces al año, y pagaba sueldos de entre US$ 6.000 y US$ 8.000. Aunque algunos de ellos declararon que ella estaba en todo y "compraba hasta el agua", tenía unos 27 empleados.
En cuanto a sus clientes de los 479 que tenía Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), los allegados a Goldring afirman que 120 tenían un perfil inversor moderado y 5 conservador mientras que había un cliente histórico que no había definido su perfil de riesgo pero por defecto se lo consideraba moderado. Los restantes 353 tenían un perfil agresivo. “Venían porque no conseguían ese rendimiento en ningún otro lado”, afirman.
Si bien había unos pocos clientes con fondos de US$ 1 a US$ 2 millones en sus cuentas y otros con US$ 50 mil, la media estaba entre los US$ 100 y US$ 300 mil.
Luego de la caída y la imputación de Goldring por el delito de apropiación indebida y la reciente acusación del fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez para llevarla a juicio, desde el lado de la excorredora de bolsa intentan cerrar el tema por un acuerdo que plantea devolverles a los damnificados el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que según el Banco Central del Uruguay (BCU) eran US$ 21.800.000.
La propuesta del Acuerdo Privado de Reorganización (APR) entre Goldring y quienes fueron sus clientes, cuenta con el visto bueno de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como interventora de la empresa, asignado por el BCU. Algunos de los damnificados, asesorados por estudios como Donnangelo-Sasson y Nicolás Ghizzo, entre otros, ya han adherido al acuerdo, mientras que cuenta con la negativa acérrima de la abogada Patricia Regules, que representa a un grupo de ellos y ha denunciado a las autoridades del BCU y de Lideco penalmente acusándolos de haber actuado oscuramente.
Si bien vencieron todos los plazos que Lideco les había puesto para acordar, aún están a tiempo de cerrar un acuerdo puesto que se desconoce cuando empezará el juicio oral. Sus defensores Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez están dentro del plazo para responder a la acusación del fiscal. Luego se discutirá en una audiencia la prueba que se incluirá en el juicio y los testigos que declararán y la jueza de garantías, Diovanet Olivera, dictará el auto de apertura a juicio oral, con el que se da inicio propiamente a la etapa del juicio.
Hasta ahora están en 60% de las firmas. Si se llega a las mayorías que se requieren del 75% de los créditos reconocidos, Goldring podría presentar ese acuerdo para cerrar el tema penal y eso es lo que algunos damnificados no quieren. También hay algunos juicios civiles en trámite que caerían. Un grupo de inversores que dicen ser una mayoría, entienden que la propuesta es muy negativa para ellos y que sólo beneficia a Goldring, quien señalan, tiene un patrimonio millonario.
Del lado de ella, la consideran "una paria social" que perdió la reputación que tenía y que a sus 76 años puede morir en cualquier momento con el efecto de que los demnificados se quedarían sin cobrar.
Sus allegados dicen que si bien ella se vería beneficiada al cerrar el tema penal está poniendo recursos propios, y está ofreciendo pagar el 60% de la deuda reconocida por lo que consideran es una "buena oferta". Además, destacan que el acuerdo no cierra la posibilidad de litigar en Estados Unidos donde ella tiene tres cuentas en el banco Jeffries que están embargadas a pedido de la fiscalía uruguaya.
Si bien no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero hay en esas cuentas, desde el lado de Goldring afirman en agosto de 2022 había US$ 12 millones pero se debían US$ 4 millones al banco Jeffries por lo que quedaban US$ 8 millones. Las estimaciones permiten concluir que como el mercado se acomodó después de 2022, es probable que ese monto haya subido.
Consideran que esos US$ 4 millones que ofrecen como un "aporte extraordinario” de cuentas de la familia Cukier Goldring ahora estarán en el entorno de los US$ 6 millones, lo que sumado a otros montos que entregarán se llegaría a cubrir US$ 13 millones, de los US$ 21,8 de deuda estimada por el BCU.
"Se ofrece asimismo el efectivo propiedad de CVM que resulte una vez cubiertos los pasivos y pagos pendientes (despidos, honorarios, etc), los saldos positivos que surjan concluidos los juicios y abonado el pasivo de United Brokers SA, la otra sociedad propiedad de Goldring que operaba en zona franca, así como la venta de bienes", dice también el acuerdo propuesto.
Sin embargo, un grupo de damnificados toma los valores de sus cuentas a 2021 y aseguran que lo que se les debe son US$ 100 millones por eso consideran que la oferta los perjudica. Albergan la esperanza de que las cuentas de EEUU tengan más dinero.
La acusación del fiscal
El fiscal de Lavado acusó a Goldring de apropiarse del dinero que le fue confiado (los US$ 21,8 que perdieron sus clientes y que es el monto estipulado por el BCU) "en la medida en que lo empleó con otra finalidad (solventar los perjuicios económicos de otros inversores), convirtiéndolo en su provecho propio, desde que ello le permitió cobrar comisiones, mantener la imagen de que la empresa funciona, evitar la corrida y pérdida de clientes de su cartera, así como, en beneficio de un tercero haciéndose cargo de las pérdidas de otros sujetos, incumpliendo de esta manera, con la obligación asumida".
De acuerdo con lo que concluyó el BCU tras la intervención el fiscal sostuvo que Goldring violó la normativa de mercado de valores, ya que los saldos de los clientes de las cuentas “no se condecían con los saldos que estaban en los custodios. De hecho, había ciertas transacciones que no se habían registrado correctamente en las cuentas de los clientes”.
Esa situación llevó a que "clientes de CVM que tenían posiciones en la cuenta ómnibus y que no habían invertido en operaciones put, vieran afectados sus valores, ya que los mismos fueron utilizados en forma indebida e inconsulta por la acusada para solventar las pérdidas sufridas por los clientes que sí habían invertido en la señalada opción, por el manejo riesgoso que en ese aspecto hizo la imputada”, afirmó el fiscal en su acusación según había consignado El País.
El fiscal tuvo en cuenta que a partir del mes de abril de 2022 los clientes de CVM empezaron a tener muchas pérdidas y la empresa dejó de registrar esas pérdidas originadas por las opciones PUT que eran operaciones sumamente riesgosas, por lo que cuando revisaban sus estados de cuentas no tenían la información actualizada.
La fiscalía consideró que "la imputada ordenó a sus empleados que tergiversaran los estados de cuenta que se les enviaba a sus clientes, para que éstos no advirtieran las considerables pérdidas que sufrían”.
La defensa de Goldring dice que esa documentación llegó a ser reconstruida por los interventores del Banco Central y se pudo conocer la situación de las cuentas individuales de los clientes y es lo que permite llegar a la cifra de US$ 21,8 millones.
