Sara Goldring, extitular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) imputada por apropiación indebida, pidió autorización al juzgado de Crimen Organizado para viajar a Estados Unidos entre el 18 y el 27 de enero para celebrar el cumpleaños 50 de su hijo Daniel Cukier que se mudó hace más de un año a Miami. Aunque la reunión familiar será en Nueva York.
En el escrito que presentó, pidiendo que se le devuelva el pasaporte provisoriamente, su defensor Marcelo Domínguez ofreció una caución de US$ 300.000 del dinero que le fue incautado y se encuentra depositado en el BROU a disposición del juzgado. Afirmó que "dicho dinero sigue siendo propiedad" de Goldring "en mérito a que no ha recaído en autos una sentencia de condena".
Justamente la próxima semana se vence el plazo que tiene el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez para acusarla y pedir la condena. Goldring fue imputada en diciembre de 2023 .
La fiscalía no se opuso a que Goldring viajara, pero si se opuso a que se utilizara la suma ya incautada, sino que se le ordenó depositar otros US$ 300.000. En el escrito al que accedió El Observador, fiscalía advirtió: “La suma de dinero cautelada es a los fines de garantizar un eventual decomiso con el dictado de una sentencia condenatoria. Sin embargo, lo que debe ofrecerse a los efectos peticionados tiene por finalidad cubrir la contingenia de que la imputada no cumpla con los deberes impuestos, en este caso, el regreso al país”.
Este miércoles se realizará una audiencia en la que se prevé que las defensas de los damnificados se opondrán al viaje y señalarán sus argumentos.
Rechazo y una advertencia por US$ 22 millones que tiene en EEUU
La respuesta de fiscalía fue conocida por los abgados de los damnificados que tienen acceso a la carpeta y generó indignación, además de que varios abogados ya presentaron este mismo lunes o presentarán este martes escritos para pedirle a la jueza Diovanet Olivera que no autorice el viaje a Estados Unidos.
"Es evidente que ante los ojos de mas de cuatrocientos damnificados (hay unas 500 cuentas en la liquidación de Lideco) el viaje de la Sra. Goldring por un motivo que no obedece a ninguna causa de fuerza mayor (solo a un cumpleaños) cause angustia, alarma y desazón", escribió la abogada Ana Irabedra.
Además, advirtió a la jueza Olivera que tomaron conocimiento por información que surge de la propia investigación que en el banco Jeffries de ese país tiene al menos U$S 22 millones.
Un parte policial que está en la carpeta menciona un mail que Jeffries envió al Banco Central del Uruguay el 18 de diciembre de 2024 en el que informaba que Goldring "había solicitado la liberación de sus cuentas en el banco y que entendía que el Banco Central no solicitaba que las mismas continuaran congeladas".
"No es de nuestro conocimiento que sobre dichos importes se haya trabado aún el embargo solicitado por la justicia uruguaya", señaló la abogada y advirtió que por lo tanto "es razonable pensar que la Sra. Goldring ingresando al territorio americano donde tiene parte de su patrimonio conocido y el que aun se desconoce, pueda realizar acciones tendientes a su ocultamiento, entorpezcan la investigación en curso y terminen frustrando el derecho al cobro de los damnificados".
Irabedra agregó que asimismo "es razonable pensar" que pueda no regresar a Uruguay. "Si se permite su viaje, se le está otorgando la oportunidad perfecta para su sustracción al proceso poniendo en riesgo los derechos de los damnificados a tener su hora ante la justicia defendiendo sus derechos".
En último término, la abogada pidió que en caso de que se acepte igualmente el viaje de Goldring, "se fije una contracautela razonable y acorde con el patrimonio de la encausada que realmente asegure el su regreso al país y la presencia de la misma en el proceso" teniendo en cuenta que tiene "un enorme patrimonio tanto en el Uruguay como en el extranjero".
También el abogado Nicolás Ghizzo dijo a El Observador que presentará este martes un escrito para oponerse al viaje por "improcedente". El representante de las víctimas dijo que si se tratara un tratamiento médico por una razon humanitaria no se opondría pero tratándose de una causa social como es celebrar el cumpleaños de su hijo es absolutamente "inoportuno e impertinente".
Además, dijo que existe una "suspicacia fundamentada en que la empresa desarrollaba cien por ciento de su operativa con bancos de ese país concretamente por lo que puede pensarse que está viajando con algunas otras intenciones".
Actualmente está a consideración de los damnificados en acuerdo que requiere el 70% de las adhesiones, de pagarles el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que totalizaban unos US$ 21 millones.
El 31 de octubre se venció el plazo de una propuesta anterior que negoció la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como interventora de la empresa, asignado por el Banco Central del Uruguay, que ofrecía pagarles hasta el 50% de sus créditos verificados. Fracasada esa propuesta, surgió otra que incrementó al 60%, que aún está abierta.
Irabedra planteó que conociendo el dato de que existen esos US$ 22 millones es factible que no se termine de llegar a recoger las voluntades necesarias para homologar el APR en las condiciones que hoy se ofrecen y sí se termine de concretar el embargo.
