La Unión de Sindicatos Policiales (USIP), que está integrada por el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) y el Sindicato de Policial Nacional (Sipolna) envió este lunes una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, denunciando la exclusión en asignación de partidas por insalubridad para algunos funcionarios.
En el documento, al que tuvo acceso El Observador, el colectivo asegura que la situación "afecta la equidad, la coherencia técnica y la dignidad laboral" de varios funcionarios del Ministerio del Interior.
El planteo del sindicato se da en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Presupuesto Quinquenal, donde se incluye una partida anual de $20.000.000 destinada al Ministerio del Interior -mediante el Instituto Nacional de Rehabilitación- como "compensación por insalubridad".
Dicha asignación incluye a los funcionarios de los escalafones S (personal penitenciario), A (profesional universitario), B (técnico) y C (administrativo) y no a los funcionarios del escalafón L (personal ejecutivo), señalan.
Esta decisión, plantean en la carta, resulta "inexplicable", ya que los trabajadores de dicho escalafón, "cumplen las mismas tareas, bajo las mismas condiciones y en los mismos centros de reclusión" que los otros.
"Esta exclusión genera una situación grave e injustificada", sostienen desde el colectivo sindical.
USIP apunta en el documento que dicha decisión presenta "ausencia de fundamento técnico y jurídico", representa una "vulneración del principio de igualdad" y genera un "impacto institucional y laboral".
"La medida fractura la cohesión entre funcionarios que comparten responsabilidades, riesgos y condiciones operativas. Supone, en los hechos, un trato discriminatorio sin fundamento válido, afectando la moral institucional y la percepción de justicia interna", expresan.
Bajo este contexto, solicitan al presidente una "reunión de carácter urgente" con el objetivo de "analizar esta situación".
También, piden "disponer la elaboración y publicación de un informe técnico que explicite los criterios utilizados para excluir al personal del escalafón L de la compensación por insalubridad".
Finalmente, llaman a "impulsar la revisión inmediata de la medida", para que la compensación se aplique a todos los trabajadores que "desempeñen tareas insalubres en los centros de reclusión, con independencia de su escalafón presupuestal".
"Nuestro objetivo no es disputar beneficios, sino velar porque la asignación de recursos públicos respete los principios de justicia técnica, equidad e integridad administrativa. Buscamos corregir una situación que claramente contradice dichos principios", afirman.
