Un artículo de Carolina Pérez y Matías Dodel sostiene que la conectividad digital debe entenderse como un derecho dentro del sistema penitenciario
Imagen creada con inteligencia artificial (ChatGPT).
¿Celular en la cárcel? Un artículo de divulgación escrita por sociólogos tiene una mirada distinta a la que un ciudadano podría realizar.
La imagen de una persona privada de libertad con un celular en la mano suele detonar rechazo social inmediato. Para el imaginario colectivo, eso representa impunidad, delito, riesgo.
Pero la realidad, como muestra un estudio reciente elaborado por Carolina Pérez y Matías Dodel, es mucho más compleja. Así lo establecen en el artículo “Una línea de conexión hacia fuera del infierno: por qué es relevante pensar sobre Internet dentro del sistema penitenciario uruguayo”, divulgado en Razones y Personas.
Más del 40% de las personas privadas de libertad en Uruguay están recluidas en unidades clasificadas como de “Tipo 1”, las más críticas del sistema.
Allí, según el Comisionado Parlamentario Penitenciario, las condiciones configuran escenarios de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En este contexto, discutir sobre acceso a Internet puede parecer superfluo. Pero los autores sostienen que esto se debe a una “trampa al solitario”, una falsa oposición que oculta la complejidad de la reintegración social.
Según expresan en el artículo, “si el propio Estado reconoce en el nuevo índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del INE al no acceso a Internet en el hogar como una vulnerabilidad social clave (...), ¿no sería sensato repensar cómo afecta el mundo digital a las personas privadas de libertad, dentro y -en un futuro- fuera de las prisiones?”.
Para Dodel y Pérez, la conectividad digital no es solo relevante para el bienestar inmediato de las personas privadas de libertad, sino también “insumo clave” para su reinserción social.
La circulación de celulares en las cárceles uruguayas no es legal, pero ocurre. No hay política clara ni información pública sobre cómo, cuándo o para qué las personas privadas de libertad utilizan tecnología. Los autores señalan que “carecemos de información sobre regulaciones y prácticas aceptadas por las autoridades en los diversos Módulos y Unidades”.
Este vacío institucional es parte del problema. Según el estudio, es probable que “el aspecto digital no esté aún considerado en el diseño global del sistema”.
En 2024, el Programa Nacional de Educación en Cárceles (PNEC) aplicó un Dispositivo de Detección Temprana de Analfabetismo que incluyó un módulo sobre uso de Internet y competencias digitales.
Según los resultados, “casi 8 de cada 10 privados de libertad (78%) se consideraban usuarios de Internet”. Esta cifra no equivale necesariamente a uso legal ni regular, pero evidencia que el vínculo con la tecnología está presente.
Para evitar que la pregunta directa sobre uso de tecnología generara autoincriminación o temor a represalias, el cuestionario fue diseñado con un enfoque de percepción: se preguntó si la persona “se considera usuaria” de Internet.
El estudio midió 12 habilidades digitales autoevaluadas por las personas privadas de libertad, incluyendo capacidades operacionales, sociales, informacionales y vinculadas a privacidad y seguridad.
Entre los hallazgos, se identificaron factores que predicen mayores niveles de competencia digital. Según el modelo de regresión lineal múltiple aplicado, “las mujeres privadas de libertad tienen casi 4.5 puntos más en la escala de habilidades que los hombres”.
También se observa que “cada año de edad reduce en 0.29 puntos el puntaje de competencias digitales; mientras que cada año de educación formal aprobada lo incrementa en 0.91”.
El documento no omite las amenazas vinculadas al uso indebido de tecnología. Citan a un estudio que advierte que en ciertos contextos —como Brasil— las pandillas carcelarias logran coordinar actividades delictivas e incluso afectar la estabilidad institucional.
Pero esto no significa que el camino sea la prohibición absoluta. Dodel y Pérez proponen que “la ilegalidad del uso de las TICs en las cárceles, la violación de normativas o reglamentos sobre las posibilidades de comunicarse con el mundo exterior y las dificultades de gestionar el uso de estas hace inminente reflexionar sobre la necesidad (...) de incorporar el uso de TIC en la planificación de las políticas carcelarias”.
El artículo destaca como referencia el caso de Finlandia, que desde 2018 implementa el proyecto Smart Prison, donde las personas privadas de libertad pueden usar computadoras en sus celdas para estudiar, comunicarse y realizar gestiones, todo bajo monitoreo institucional.
Cada celda tiene una computadora con acceso restringido. Las PPL pueden enviar mensajes, hacer videollamadas con familiares, estudiar o comprar en línea. El modelo también contempla formación específica en TIC para los funcionarios penitenciarios.
¿Y en Uruguay? El sistema penitenciario uruguayo presenta condiciones estructurales que dificultan la adopción de un modelo como el finlandés: “la falta de espacio, el hacinamiento de las celdas, la falta de funcionarios, las instalaciones inadecuadas y la falta de recursos básicos son temas comunes del sistema carcelario del Uruguay”.
Pero eso no implica que la digitalización deba descartarse, advierten los investigadores. Por el contrario, el estudio sostiene que “es más razonable pensar escenarios donde las TIC se prioricen para objetivos educativos (...) y de rehabilitación”.
En definitiva, el acceso informal a celulares y tecnologías digitales en prisión no ha sido erradicado por la prohibición. Por eso, los autores insisten en que se necesita “incorporar esta nueva dimensión de la desigualdad humana en la forma de pensar y hacer política pública”.