En total se analizaron datos de 4.377 niños mayores de 6 meses residentes en localidades de 5.000 habitantes o más: 2.154 fueron encuestados en 2018 y 2.223 en 2023.
A los adultos responsables se les preguntó si el niño había consumido distintas categorías de alimentos el día anterior a la encuesta, por lo que el estudio permite conocer la proporción que había consumido cada producto, pero no la cantidad ingerida ni la frecuencia habitual.
Los resultados se separaron en dos grupos de edad.
Entre los más chicos, de 6 a 23 meses, bajó significativamente la probabilidad de haber consumido tres categorías que suelen incluir productos alcanzados por la política: sodas, jugos artificiales y aguas saborizadas; alfajores y galletitas; y productos de papa como noisettes, papas fritas, croquetas o puré instantáneo.
Las caídas absolutas en ese grupo fueron de 14% en sodas, jugos artificiales y aguas saborizadas; 15% en alfajores y galletitas; y 4% en los productos de papa procesados.
En la franja de 2 a 4 años -entre 24 y 59 meses-, las reducciones significativas se concentraron en bebidas azucaradas, helados y golosinas, y postres lácteos envasados.
En ese grupo, las caídas absolutas fueron de 13% en sodas, jugos artificiales y aguas saborizadas; 7% en helados y golosinas; y 9% en postres lácteos envasados.
En la discusión del trabajo, los autores describen estos cambios como reducciones relativas de aproximadamente 25% entre los niños de 6 a 23 meses y de alrededor de 50% entre los de 2 a 4 años en las categorías alcanzadas.
En paralelo aparecieron descensos en alimentos que no están directamente alcanzados por las advertencias.
Entre los más chicos bajó el consumo de lácteos en general -leche, queso y otros- de 88% a 81%, mientras que entre los niños de 2 a 4 años se redujo el consumo de aceites o semillas, de 51% a 47%.
Qué subió y qué no se movió
El estudio no solo registró bajas.
Entre los menores de 2 años creció el consumo de algunas categorías de alimentos más saludables que no llevan octógono: las frutas y verduras amarillas o verdes ricas en vitamina A pasaron de 74% a 82%, y la carne o el pescado subieron de 61% a 80%.
También aumentó el consumo de papillas y comidas infantiles listas para comer, de 8% a 18%.
Esa mejora, sin embargo, no se replicó entre los niños de 2 a 4 años, donde no se encontraron aumentos significativos en el consumo de alimentos saludables.
Según los investigadores, esto sugiere que las mejoras observadas estuvieron concentradas principalmente en el período de alimentación complementaria y no se extendieron de manera generalizada a edades posteriores.
Un dato muestra que el desafío sigue abierto: en 2023, el 15% de los niños de 6 a 23 meses había tomado sodas, jugos artificiales o aguas saborizadas el día anterior, y la cifra llegaba al 39% entre los niños de 2 a 4 años.
El estudio tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas en los cambios de consumo según el ingreso del hogar, lo que indica que las variaciones observadas no difirieron de manera marcada entre los distintos niveles socioeconómicos.
Matices sobre la investigación
Lo que vuelve relevante al estudio es el contexto uruguayo.
Uruguay aprobó los octógonos en 2018 y los hizo plenamente obligatorios en 2021 sin aplicar simultáneamente otras grandes políticas alimentarias, como restricciones generales a la publicidad dirigida a niños o regulaciones sobre los alimentos vendidos en los centros educativos.
Según los autores, esto permite analizar las diferencias observadas con menos interferencias de otras políticas que en países donde varias medidas fueron introducidas al mismo tiempo.
El contraste es Chile, el primer país en adoptar las etiquetas de advertencia en 2016, donde también se implementaron restricciones de marketing y regulaciones sobre la venta de alimentos en las escuelas.
Esa combinación, señala el estudio, dificulta atribuir los cambios específicamente a las etiquetas nutricionales.
Aun así, los autores piden leer los resultados con cautela por las limitaciones metodológicas.
El estudio no siguió a los mismos niños a lo largo del tiempo, sino que comparó dos grupos distintos, uno encuestado en 2018 y otro en 2023.
Es decir, no muestra que un niño concreto haya dejado de consumir refrescos o galletitas, sino que en la segunda fotografía, tomada después de la implementación de los octógonos, una menor proporción de niños había consumido determinadas categorías el día anterior.
A esto se suma que no hubo un grupo de control sin la política contra el cual comparar los resultados.
La pregunta utilizada también era binaria: solo se sabe si el niño había consumido o no cada categoría el día anterior, pero no cuánto había comido, cuántas veces lo había hecho ni cuál era su consumo habitual.
Por ese motivo, el trabajo no puede determinar cuánto se redujo realmente la ingesta de azúcar, sodio, grasas o calorías.
Los investigadores señalan —en traducción propia— que el diseño “no permite atribuir de manera definitiva los efectos observados a la propia política”, porque otros factores del contexto podrían haber influido en los resultados.
También advierten que “la ausencia de un grupo de control y la dependencia de indicadores transversales limitan la atribución causal”.
En la misma línea, sostienen que los resultados deben interpretarse como cambios en los patrones de consumo que coincidieron con el período de implementación de las etiquetas, y no como consecuencias directas demostradas de la política.
Sobre la forma de medición, agregan que la utilización de una respuesta de sí o no impide evaluar las variaciones en la cantidad y la frecuencia de consumo y, por lo tanto, en la ingesta real de nutrientes.
El período analizado, además, incluyó la pandemia de covid-19, que alteró las rutinas familiares y provocó una crisis económica.
Los autores consideran que esos efectos probablemente no tuvieron un impacto sustancial en la comparación, ya que para 2023 la situación económica había regresado a niveles similares a los de 2018.
Con estas limitaciones, el estudio concluye que los resultados muestran asociaciones entre el período posterior a la implementación de los octógonos y una menor probabilidad de consumo de varias categorías de productos típicamente altos en azúcar, sodio o grasas.
Los investigadores plantean que serán necesarios estudios longitudinales, mediciones más detalladas de la dieta y diseños más sólidos para determinar con mayor precisión cuál fue el efecto específico de las advertencias nutricionales.