El proyecto del gobierno para el rescate de la Caja de Profesionales plantea un escenario de mediano plazo más deficitario que el actual. La estimación es que la institución tendrá pérdidas de US$ 100 millones por año que incluso podrían incrementarse. Además señala que de no mediar soluciones ingresará en cesación de pagos.
El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Parlamento el proyecto de ley con modificaciones parciales a la ley orgánica de Caja de Profesionales en el que incluye una nueva tasa de aportación de los activos, una contribución de los jubilados y pensionistas y una asistencia financiera del Estado.
La exposición de motivos señala que como consecuencia de la acumulación de tensiones previsionales de orden demográfico y financiero que persisten en la última década -agudizadas desde 2019 por la acumulación de resultados operativos negativos- se “evidencia palmariamente una grave erosión de sus reservas de capital que, de no actuar legalmente, se agotarían en julio”.
El texto marca que los pasivos (15.700 jubilados y 5.000 pensionistas) son beneficiarios, en su inmensa mayoría, de pasividades correspondientes a sueldos básicos jubilatorios calculados sobre nominales de las categorías mayores. En contraste indica que el 70% de los 63.000 activos aporta por las franjas menores.
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“Un aspecto no menor es que los cotizantes aportan en su historia contributiva un montepío que técnicamente no guarda razonable equilibrio con la pasividad recibida”, dice el proyecto. Según el último balance, la jubilación mensual promedio es de $ 94.721. En el caso de los pensionistas asciende a $ 56.951.
El texto expone que las proyecciones de tendencia de resultados operativos acusan un promedio anual de US$ 100 millones de déficit a contar desde 2025 (mitigado hasta junio) y por cuatro años más. Agrega que luego el deterioro anual sería superior. Para la segunda parte de este año, la pérdida estimada es de US$ 50 millones.
Con ese escenario de fondo, el proyecto expresa que funcionarios de gobierno mantuvieron múltiples reuniones con el autoridades de la Caja de Profesionales con el objetivo de fijar, claramente y bajo los rigores de un elevado riesgo de default, las coordenadas para la solución del grave problema material de la institución.
La propuesta oficial busca conferir sostenibilidad a la Caja a largo plazo preservando su autonomía y régimen previsional, fortaleciendo su estructura de ingresos y despejando la inminente cesación de pagos.
Los nuevos aportes a la Caja de Profesionales
En el caso de los profesionales activos se propone un aumento del aporte desde el 18,5% al 22,5% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más los gravámenes porcentuales que por disposición legal percibe la Caja. Para los que obtengan la habilitación profesional este año se mantendrá la escala de 10 categorías y para los que la consigan a partir del 1º de enero de 2026 habrá 15.
Los pasivos tendrán una contribución pecuniaria. La primera franja, de entre 0 a 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), no tiene aporte previsto. La segunda de entre 6 a 10 BPC aportará un 2%. La tercera franja de entre 10 y 15 BPC pasa a 7,5%; la próxima de entre 15 y 20 a 10% y en la de 20 a más la tasa es de 12%. La BPC para 2025 es de $ 6.576. El promedio es de una tasa de 9%, que generará un piso de ingresos de US$ 40 millones al año.
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Caja de Profesionales
Camilo dos Santos
La inyección financiera del Estado está planteada de otra manera. El proyecto de ley propone para el ejercicio 2025 una asistencia del Estado -a través de Rentas Generales- de $ 110 millones al mes. El total ascendería a $ 1.320 millones al año, equivalentes a US$ 31,1 millones.
Complementa que a partir de enero de 2026 el aporte será el equivalente a dos tercios (66%) del promedio mensual de lo recaudado por la contribución pecuniaria de los jubilados profesionales. Tomando en cuenta el piso previsto de US$ 40 por el impuesto a los jubilados, la inyección estatal de 2026 sería de US$ 26,4 millones.
Además menciona que el Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Caja de Profesionales a compensar estos fondos con otros tributos y recursos que la institución recauda en nombre del Estado, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.
