La anestesista Inés Miralles, condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera, presentó una demanda civil contra la Sociedad Médica Universal por US$ 2.182.000.
Como informó en primera instancia Búsqueda y verificó El Observador, en el escrito la médica reclama una indemnización por daños y perjuicios y acusa a la institución de haberle atribuido un "consumo problemático" de fentanilo que "nunca pudo probar", dejar de convocarla para trabajar en el Hospital Italiano y provocar un "daño reputacional grave" mediante la difusión a la prensa de un informe interno.
Además, la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto inhabilitarla durante cinco años para ejercer la medicina. Sin embargo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, resolvió reducir esa sanción a tres años, lo que provocó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la comisión.
Tras un pedido del presidente Yamandú Orsi para revisar la decisión y la incorporación de nuevos elementos al expediente, el gobierno volvió a fijar la inhabilitación en cinco años, sujeta a una reevaluación de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República antes de que venza el plazo.
Entre los elementos que el Ministerio de Salud Pública incorporó para revisar la sanción figuraba precisamente un informe de Universal sobre presuntas "irregularidades" en el manejo de opioides por parte de Miralles, según también había informado El Observador.
Las acusaciones de Universal y el examen toxicológico
Según relata la demanda, Miralles trabajaba para Universal mediante un "acuerdo verbal que se tradujo en un arrendamiento de servicios": la institución la convocaba "periódicamente" para desempeñarse como anestesista y ella facturaba por esas tareas.
Durante 2023, la mutualista comenzó a sospechar que la médica hacía un "uso excesivo" de fentanilo durante los procedimientos y que, incluso, podía estar "haciendo uso de la sustancia para consumo personal".
El 5 de diciembre de ese año, Universal le solicitó explicaciones sobre el uso y destino de ampollas de fentanilo retiradas a nombre de pacientes atendidos en el Servicio de Endoscopía Digestiva. La institución argumentó que "las fichas de anestesia de los procedimientos, no justificaban el retiro solicitado". Un día después, Miralles se sometió a un examen de orina en el Instituto Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Según lo que se relata, ese resultado fue negativo: "No se detecta la presencia de opiáceos, opioides, ni fentanilo por GC/MS".
El 18 de diciembre, Universal comunicó que había recibido el resultado del análisis, además de un informe de un médico toxicólogo y los descargos de la propia Miralles sobre el faltante de fentanilo. Pese al resultado negativo, la institución consideró que sus explicaciones eran "poco convincentes" y cuestionó el manejo y registro de la medicación anestésica.
En esa misma comunicación, la mutualista informó que habilitaría a Miralles a trabajar como profesional independiente en el block quirúrgico del Hospital Italiano cuando fuera convocada por alguno de sus técnicos. A pesar de esto, la demanda cuenta que en marzo de 2024 el Hospital Italiano envió una nota a la Dirección Técnica de Universal, firmada por el entonces jefe del block quirúrgico, Fausto Madrid, en la que planteó presuntas "irregularidades" en el desempeño de la médica y también adjudicándole "un consumo superior de fentanilo" en los procedimientos.
El documento señalaba específicamente que Miralles utilizaba más fentanilo "en comparación con el resto de sus colegas", que tenía "ausencias frecuentes" de la sala para ir al baño y que cargaba personalmente la sustancia para utilizarla durante las operaciones, guardándola en el bolsillo de la túnica.
A partir de esas observaciones, el documento del Hospital Italiano sostuvo: "Entendemos que estas conductas serían extremadamente sospechosas de un probable consumo problemático de sustancias". La nota también advertía sobre una "pérdida de confianza" por parte del personal del block quirúrgico y un "mal ambiente" laboral. Por ese motivo, la institución recomendaba que Miralles dejara de ser convocada para trabajar en el hospital.
De acuerdo con la demanda, después de ese informe cesaron las convocatorias a la anestesista y terminó su vínculo laboral con Universal y el Hospital Italiano.
La difusión y el reclamo por "daño reputacional grave"
Otro de los puntos centrales de la demanda es la difusión pública del documento del 25 de marzo de 2024. El escrito sostiene que la nota fue divulgada reiteradamente por la prensa, en particular en el programa Todo se sabe.
Miralles afirma que ni Universal ni el Hospital Italiano le comunicaron "oportunamente" el contenido del documento y que se enteró de sus señalamientos cuando los vio publicados en los medios.
La demanda atribuye la filtración a Universal porque, según sostiene, se trataba de un documento interno al que la anestesista no había tenido acceso. "La filtración que sólo pudo haber ocurrido por parte de la sociedad ya que la actora no tomó conocimiento de la misma hasta tanto la vio publicada por la prensa", señala.
Para Miralles, las acusaciones y la posterior difusión del informe afectaron de forma "grave" su imagen profesional, tanto dentro del colectivo médico como ante la opinión pública. El escrito afirma que no volvió a ser contratada por otras entidades médicas y que quedó públicamente identificada como una "anestesista consumidora de fentanilo", pese a que, según plantea, esa acusación "nunca logró ser probada".
En los fundamentos jurídicos, Miralles sostiene que Universal incumplió el contrato que mantenía con ella al dejar de convocarla para trabajar como anestesista por "sospechas y acusaciones infundadas".
La demanda argumenta que la institución tenía la obligación de convocarla periódicamente para realizar sus tareas y que el cese repentino de esas convocatorias constituyó un incumplimiento contractual. Pero el reclamo también atribuye a Universal una conducta dolosa, es decir, un "obrar intencional" que habría tenido como objetivo "causar daño".
Para sostener esa acusación, señala que la mutualista no le comunicó formalmente el contenido del informe del Hospital Italiano y que posteriormente el documento interno terminó difundido en la prensa.
La anestesista sostiene que las consecuencias no se limitaron a la pérdida de su vínculo laboral con la institución, sino que también afectaron sus posibilidades de conseguir trabajo en otros centros médicos y le ocasionaron perjuicios patrimoniales y morales. Por esos motivos, reclama a la Sociedad Médica Universal una indemnización de US$ 2.182.000.