La diputada del Partido Nacional por el departamento de Cerro Largo, Graciela Echenique, cuestionó con dureza los procedimientos de incautación de mercadería de contrabando en pequeños comercios de Melo y Fraile Muerto realizados por Aduanas en los últimos días, al considerarlos “abuso” y advertir que generan “indignación” en un contexto de fuerte necesidad social y falta de empleo en esa parte del país.
Echenique afirmó que los procedimientos están afectando directamente a familias que dependen de pequeños ingresos para subsistir: “familias humilladas, sueños aplastados y años de esfuerzo enterrados”, escribió en Instagram.
En declaraciones a Radio Monte Carlo señaló que en muchos casos los comercios manejan montos reducidos que se destinan a cubrir necesidades básicas como alimentación, servicios o la educación de los hijos.
Si bien reconoció que el contrabando es ilegal, marcó una diferencia entre quienes lo practican para subsistir y el “gran contrabando”, que “lo hacen para llenarse de plata”.
En ese sentido, cuestionó que los operativos se concentren en localidades como Melo o Fraile Muerto, donde —según dijo— terminan “desvalijando” a pequeños comerciantes.
También reclamó políticas públicas que generen empleo genuino: “la gente de algo tiene que vivir”, y criticó la falta de resultados de medidas como la rebaja de impuestos en zonas de frontera, que “no sirvió para nada”.
“Están desvalijando a gente, a hombres con familias a cargo, mujeres con familias a cargo. Los dejan en la calle. Lo que tienen en un almacén son $30, $40, $50 mil que comen ellos, ¿no? Y con el resto pueden hacer un pesito para la luz, el agua, el alquiler, hacer que los chiquilines estudien o vayan a la escuela”.
“Es vergonzoso que en este país haya el contrabando que hay, que existe, y que vayan a atacar en un pueblo, que desvalijen y que tengamos que ver a la gente llorando arriba de la mercadería. Entonces eso causa indignación”, afirmó.
“(…) La gente de algo tiene que vivir. El gobierno sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Pero crear fuentes de trabajo, no mendicidad, no 12, 13, 14 o 15 mil pesos. Es ilegal y yo no estoy de acuerdo con el contrabando, pero tiene que dar una forma de vivir a esa gente. ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vivir?”, insistió.
Sindicato aduanero defendió los operativos y rechazó acusaciones de “abuso” en la frontera
En respuesta, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) emitió un comunicado en el que rechazó sus declaraciones, defendió la legalidad de los operativos y sostuvo que la lucha contra el contrabando es clave para proteger el comercio formal y el orden económico.
El gremio expresó su “más profundo rechazo” a las declaraciones de la legisladora y apuntó directamente contra sus calificativos. En el comunicado, el sindicato “repudia categóricamente” las afirmaciones que tildan la labor aduanera de “abuso” o “mala intención”, y sostiene que los funcionarios “no actúan por voluntad propia ni de forma arbitraria”, sino en cumplimiento del mandato constitucional y del Código Aduanero.
Asimismo, la organización defendió la institucionalidad de los procedimientos, señalando que calificarlos como una “incitación al odio” constituye una “acusación de extrema gravedad”. Indicó que los operativos en Cerro Largo, al igual que en el resto del país, se realizan bajo “estrictos protocolos legales” y, en su mayoría, con supervisión directa de la Justicia competente.
En otro de los puntos, la AFA subrayó que la lucha contra el contrabando implica la defensa del trabajo formal de miles de uruguayos. Según el comunicado, el ingreso ilegal de mercaderías genera una competencia desleal que “destruye el futuro y la estabilidad de los comerciantes que cumplen con sus obligaciones tributarias”.
El sindicato también hizo un llamado a la “responsabilidad política”, exhortando a los representantes nacionales a actuar con mesura en sus declaraciones públicas. Advirtió que “criminalizar la labor del funcionario público” no solo debilita el Estado de Derecho, sino que puede generar un clima de hostilidad que ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores en los puestos de control fronterizo.
