La ley de competitividad, uno de los caballitos de batalla del Poder Ejecutivo para este período, avanza en el ámbito legislativo. Centrado en cuatro ejes claros plantea varios cambios en políticas de competencia, facilitación del comercio y simplificación de trámites. En un evento realizado días atrás se realizó un repaso del proyecto de ley y se mencionaron algunos aspectos para mejorar en siguientes etapas.
La Escuela de Negocios de la Universidad Montevideo (IEEM) organizó la semana pasada un evento sobre la ley de competitividad y costo de vida con la participación de los senadores Pedro Bordaberry, Sergio Botana y Eduardo Brenta y aprovechó la oportunidad para presentar un documento con un análisis de la propuesta oficial. El proyecto ya tuvo aprobación en el Senado y ahora se encuentra en Diputados.
El documento indica, como aspecto que podría considerarse en la siguiente etapa parlamentaria, reforzar la coherencia de la simplificación y el principio de “una sola vez”.
Allí señala que la interoperabilidad genera mayor valor cuando evita que una persona o empresa deba cumplir dos veces una obligación ya satisfecha. El proyecto plantea la creación del Registro Único de Apoderados y Representantes autorizados a realizar trámites con el Estado (RUAR) a cargo de la Dirección Nacional de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que será el organismo responsable de su funcionamiento y, en particular, de la preservación de acceso a la información que contenga.
El IEEM expone que la interoperabilidad entre organismos plantea una cuestión adicional a la existencia de consentimiento: qué información es realmente necesario compartir. “La regla debería ser que las categorías de información habilitadas y los datos efectivamente se limiten a aquellos necesarios, adecuados y objetivamente vinculados con la finalidad correspondiente”, dice.
“ Así, si un organismo solo necesita conocer una condición, indicador o resultado, debería evitarse la transferencia de información subyacente adicional que no resulte necesaria”, añade.
En otro pasaje, el proyecto de ley menciona excepciones en la presentación de solicitudes de concentraciones económicas. Una de ellas es la de “primer desembarco”, es decir cuando se le permite a una empresa, sin presencia en el país, comprar una primera compañía sin la necesidad de realizar la solicitud de concentración económica.
La evaluación de la Universidad de Montevideo expone que la excepción de “primer desembarco” responde a un objetivo atendible de facilitar el ingreso de inversión extranjera y evitar cargas regulatorias necesarias. “La ausencia de actividad anterior en Uruguay no asegura por sí sola que una adquisición carezca de relevancia competitiva, del mismo modo que una operación de escasa dimensión no debería quedar sometida a controles innecesarios por el solo hecho de que el adquirente ya opere en el país”, dice.
El experto en temas de competencia de la IEEM, Leonardo Veiga, participó del evento y realizó algunos comentarios sobre la ley. “Hay costos que podemos deducir. Pero sería analíticamente equivocado pensar que todo lo que puede hacer caro a Uruguay responde al mismo fenómeno o puede corregirse con los mismos instrumentos”, señaló.
“El nombre de la ley es más amplio que su objetivo efectivo. No es una crítica al título; es una advertencia sobre la vara con la que después evaluemos sus resultados”, añadió.
Veiga mencionó que el Poder Ejecutivo ha reconocido que la energía, los puertos, la logística o la mano de obra quedan fuera del articulado de la ley.
“Si aceptamos que este proyecto actúa solo sobre una parte de los costos que afectan la competitividad y el costo de vida, ¿qué otros componentes del problema deberían integrar la conversación en los próximos años?”, preguntó.
“La pregunta más precisa sería: ¿qué parte de nuestros costos responde a características difíciles de modificar de una pequeña economía y de ingresos relativamente altos y qué
