La construcción, un sector importante de la economía, tuvo una primera reunión con miras a renovar el convenio colectivo que venció en marzo pasado. Desde el vamos, el Sunca marcó su rechazo a varios puntos incluidos en los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo y que sirven como base para empresarios y trabajadores.
La pauta oficial propone ajustes nominales semestrales diferenciados por tres franjas de ingresos, que incluyen un componente de inflación proyectada y otro componente de crecimiento real sujeto al cumplimiento de las metas de inflación.
A esto se agregan correctivos por inflación: uno que toma en cuenta la inflación subyacente —que excluye rubros con precios más volátiles— en el primer año, y otro por inflación acumulada durante la vigencia del acuerdo.
- Además, el sindicato pretende mantener ajustes anuales porque garantiza que el aumento total se refleje en el sueldo desde el primer día. Si el ajuste se divide en dos, durante los primeros seis meses solo se percibe una parte del beneficio. En definitiva, el ajuste anual asegura que el trabajador cuente con el monto completo desde el inicio y no pierda ingresos durante los meses de espera, se argumenta.
- Por otro lado, se pretende que los porcentajes de ajuste estipulen por separado qué parte corresponde a inflación y qué parte a crecimiento, de modo que la expansión real del salario no quede sujeta al cumplimiento de las metas de inflación.
“La economía va a crecer en los próximos dos años, está proyectado, y nosotros queremos participar de ese crecimiento; en el cuánto nos tenemos que poner de acuerdo. Pero también queremos que se asegure con cláusulas específicas que lo que acordemos después se cumpla y llegue al bolsillo del trabajador, y que no esté atado a las expectativas del gobierno. Además, la construcción es un sector de actividad altamente dinámico, no está en la ruina ni en una situación extremadamente compleja, entonces no deberíamos tener ninguna dificultad en ese sentido”, dijo a El Observador el secretario general del Sunca, Javier Díaz.
La cantidad de cotizantes se mantiene en los últimos cinco años por encima de los 50.000 en promedio.
- Con relación a los correctivos, la postura del sindicato radica en la diferencia técnica entre el IPC y la inflación subyacente. Mientras el primero mide la canasta real que el trabajador paga en el supermercado, la inflación subyacente excluye elementos volátiles como frutas, verduras, combustibles y otros productos tarifados.
El argumento central es que, si la corrección se rige por una medición que ignora las subas bruscas de los productos básicos, se puede generar una caída del poder adquisitivo durante la vigencia del acuerdo. Se advierte que, aunque al cierre del convenio se aplique un correctivo que iguale los porcentajes, el bienestar perdido durante esos meses de espera no se compensa: el consumo que se restringió en el día a día es una pérdida que el trabajador ya no recupera.
“Con los lineamientos tal cual están planteados no hay posibilidad de acuerdo en la construcción. (…) Los planteos del Sunca no son nuevos, tienen que ver con las cosas que históricamente hemos acordado”, añadió Díaz.
En los acuerdos que se sellaron en otros grupos de actividad el año pasado hubo entendimientos entre empresarios y trabajadores que el gobierno no acompañó, por entender que incluían elementos que se apartaban de la pauta y que no podía convalidar. En esos casos, las fórmulas incluyeron, por ejemplo, esquemas que distinguen entre el ajuste nominal y el crecimiento real del salario, e incluso correctivos semestrales, como se plantea en este caso.
La cláusula de ultractividad: un freno a la negociación
Otra diferencia está planteada con el sector empresarial. El conflicto se centra en la vigencia de los derechos tras el vencimiento del convenio, un punto de tensión profundizado por las modificaciones legales de 2023 que eliminaron la ultractividad automática. Para el sector empresarial, al estar el convenio vencido, los beneficios acordados en años anteriores caen.
Por el contrario, el sindicato rechaza esta postura, advirtiendo que tener que negociar en esas condiciones retrotraería al sector a los años 90 o desataría un conflicto permanente. Para los trabajadores, no es posible iniciar una negociación si no existe la garantía de que los derechos conquistados se mantendrán vigentes durante todo el proceso de discusión.
Ante esta situación, la delegación sindical planteó la firma de un acta que ratifique los convenios anteriores mientras se negocia el nuevo, tal como se hizo en la ronda pasada. Sin embargo, el rechazo empresarial a esta propuesta ha puesto un freno al inicio de las tratativas, según Díaz. La orientación gremial es clara: antes de avanzar, es indispensable blindar las conquistas históricas mediante un documento formal.
¿Uruguay en la lista negra de OIT?
Además, la negociación se da en un contexto en el que las cámaras de Comercio y de Industrias anunciaron que se presentarán ante la OIT pidiendo incluir a Uruguay en la llamada “lista negra”, como adelantó El Observador.
“¿Cuál es su argumento? Que los obligan a negociar por rama de actividad. Ante esto, se consultó a las cámaras de la construcción si apoyaban dicha iniciativa, a lo cual no brindaron una respuesta clara. La denuncia va a estar, y las cámaras no tienen un desmarque claro. Es de una irresponsabilidad enorme para con la sociedad toda de parte del empresariado nacional”, afirmó el Sunca.
Antecedentes
En 2023 el Sunca logró un acuerdo por encima de la pauta del Poder Ejecutivo, con una fórmula que incluyó ajustes anuales compuestos por inflación proyectada, correctivos con la misma periodicidad a modo de blindaje y un componente de aumento real repartido durante todo el convenio, sujeto a la evolución de los cotizantes y el PIB.
En rondas anteriores de negociación durante la administración del Frente Amplio, también tuvo crecimiento real tras desafiar las pautas en varias oportunidades.
Y durante la pandemia fue una de las pocas actividades del sector privado que aseguró el mantenimiento del poder de compra de sus trabajadores.
El sindicato realizará una asamblea el próximo 27 de mayo para aprobar la plataforma de los Consejos de Salarios y definir un plan de movilización.
