En esta nota se incluye una selección de entre 10 y 12 propuestas que fueron elegidas por los equipos asesores del Partido Colorado, Frente Amplio y Partido Nacional
En las últimas semanas, los partidos políticos han hecho públicas varias de sus propuestas en distintas áreas de gestión.
En esta nota se realiza una selección de las principales medidas de política económica, y también algunas de política social, promovidas por el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Nacional, los tres partidos con mayor nivel de adhesión de cara al 27 de octubre.
Las propuestas mencionadas en esta nota (entre 10 y 12 por candidato) fueron elegidas a solicitud de El Observador por los equipos asesores de Andrés Ojeda, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, en función de lo que consideran más relevante o prioritario.
La exposición de cada partido se realiza por orden alfabético mencionando la medida y un breve resumen para cada una de ellas.
Comisión de simplificación regulatoria. Esta comisión revisará y evaluará regulaciones existentes, con el objetivo de identificar aquellas que deban simplificarse, actualizarse o directamente suprimirse. Se busca “eliminar” trabas burocráticas que “encarecen” la producción nacional, “limitan” la competencia en el mercado “perjudicando” al consumidor e “impiden” que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen al “imponerles altos costos fijos para el mero cumplimientos de formalidades innecesarias”.
Racionalización de la plantilla del Estado. Se propone un “eficaz” programa de reducción de funcionarios públicos “sin afectar” derechos adquiridos, fundamentalmente a través de retiros incentivados y la no reposición de vacantes. Según datos de la Oficina del Servicio Civil, esta administración culmina su gestión con casi 310.000 funcionarios públicos, prácticamente la misma cantidad con la que inició, sostienen. A estos se agregan los dependientes de las personas públicas de derecho privado y las SA, fideicomisos y otras personas jurídicas de propiedad estatal que actúan bajo el derecho privado.
Ingreso y ascenso por concurso en todo el Estado. Se impulsa la realización de concursos transparentes para el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos como la norma, tanto a escala nacional como departamental. De esta forma, se busca “garantizar” la implementación de criterios más imparciales y transparentes, y “favorecer” la profesionalización de la función pública, “privilegiando el talento, la vocación de servicio y la motivación del funcionariado”, según los colorados.
Creación de agencia de infraestructura. Se propone unificar todas las unidades de infraestructura y departamentos de obras localizadas en las distintas unidades ejecutoras del Gobierno Central y los Organismos del artículo 220 de la Constitución, concentrando todas estas funciones en una única agencia de infraestructura. Esta agencia estará especializada en contratos, licitaciones y el control de su ejecución. Las políticas y definiciones seguirán siendo determinadas por los distintos ministerios y entes, pero la ejecución centralizada estará a cargo de la agencia, se explica. Esto permitirá la “optimización” y “profesionalización” de las tareas, “constituyendo un ahorro muy significativo”.
Manejo prudente del gasto público. La “reducción del gasto público innecesario es una premisa fundamental para mejorar la calidad del gasto público, mejorar el tipo de cambio real y la baja de impuestos que castigan al trabajo”, afirma el Partido Colorado. Al “optimizarse” los gastos de funcionamiento del Estado, explican, se generará un margen fiscal que se destinará a “aliviar” la carga tributaria que recae sobre los ciudadanos y empresas. “Entendemos razonable una reducción del gasto real no personal (excluyendo salarios y pasividades) del orden del 10% y su posterior mantenimiento a lo largo del quinquenio”.
Reducción del déficit fiscal. El desequilibrio fiscal tiene consecuencias relevantes en toda la economía. Su reducción implica “mejorar” el tipo de cambio real, a la vez que, a mediano plazo, reducir la carga de intereses que se paga, liberando recursos públicos para atender los fines sustanciales del Estado, dice el programa. Para ello, se propone tener un superávit primario “compatible” con “una gradual reducción” de la ratio de deuda a PIB.
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. “El IRPF es, en los hechos, un impuesto al trabajo y no un impuesto a la renta”, sostienen. Se considerará la ampliación de las deducciones admitidas de IRPF, particularmente en las familias con hijos, el incentivo a la formación de los jóvenes y una mejor estructura de tasas, para “evitar los saltos abruptos” que hoy existen a niveles de ingresos medios.
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Se continuará “incrementando” el mínimo no imponible del IASS, “reduciendo” la carga financiera a las jubilaciones más bajas. Además, se plantea revisar y modificar las franjas de aplicación a las tasas progresivas, “haciendo el sistema más justo”.
Alivio fiscal para el agro. Se propone extender los beneficios fiscales de la Comap a pequeños productores que no tributan IRAE, que son contribuyentes del Imeba.
Plan para el impuesto mínimo global. A nivel mundial, progresivamente se está implementando un impuesto mínimo global a las rentas, lo que representa un cambio significativo en los mecanismos y estrategias que utilizan los países para la atracción de inversiones. Uruguay cuenta con distintos regímenes beneficiosos para atraer inversiones y generar empleo que podrían verse afectados. En respuesta, se plantea “promover” mecanismos alternativos o complementarios de atracción a los existentes para adaptarse a la nueva realidad tributaria internacional.
Eliminar las Letras de Regulación Monetaria (LRM). Se plantea reducir el circulante de LRM de forma progresiva hasta su eliminación. “De esta forma, resolveremos los problemas estructurales en el patrimonio del Banco Central, permitiendo una mayor efectividad en los instrumentos utilizados para la gestión de la política monetaria”. Este instrumento, u otro de similares características, se podrá seguir utilizando por el BCU con el único propósito de ayudar a controlar la liquidez del mercado a corto plazo, sostienen.
Fomento, atracción y retención de inversiones. Se plantea “revitalizar” el Instituto Uruguay XXI, integrando al sector privado en su Consejo de Dirección y facilitando los trámites a inversores a través del desarrollo de la Ventanilla Única de Inversiones. Además, se identificarán oportunidades de mejora en el régimen de incentivos de la Comap, priorizando inversiones con “mayor impacto dinámico”, y se promoverá la conexión entre la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos y los negocios en sectores como las TIC, las ciencias de la vida y la producción sostenible.
Fomentar innovación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se propone articular el ecosistema de ciencia y tecnología para coordinar y liderar la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Esta medida busca “fortalecer” los vínculos con el sector privado, desarrollar instrumentos de promoción y definir prioridades estratégicas en CTI. Su objetivo es atraer inversiones extranjeras, aumentar la productividad y desarrollar el capital humano necesario para impulsar el crecimiento del país.
Reducir costos y carga burocrática para las mipymes. Se ofrecerá acceso gratuito al sistema de facturación electrónica a microempresas y trabajadores independientes. Esta medida beneficiaría a un universo potencial de 182.000 microempresas y 18.000 profesionales independientes que facturan menos de $ 50.000 mensuales, evaluando el acceso según la capacidad económica y el volumen de facturación. Asimismo, se propone reducir la carga burocrática que enfrentan las mipymes mediante la estandarización de un único trámite en línea para las habilitaciones de las intendencias.
Mejorar el transporte público en la zona metropolitana. Se plantea impulsar la construcción de ejes troncales rápidos de transporte público en la zona metropolitana de Montevideo.
Mayor asociación entre industrias y centros de investigación. Se propone la creación de fondos no reembolsables para fomentar la colaboración entre el sector productivo y los institutos tecnológicos y universidades. El objetivo es impulsar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación aplicadas a los procesos productivos, agregando valor a la producción y alineando las capacidades nacionales de generación de conocimiento.
Aumentar en 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y del Bono Crianza. Esto para hogares de mayor vulnerabilidad económica, mientras se rediseña el esquema de transferencias. Esta medida “atenderá la emergencia social” desde el primer día y beneficiará a cerca de 100.000 hogares.
Apoyo de $ 2.500 a familias con niños en centros de educación inicial (CAIF y otros), jardines y escuelas de la ANEP al inicio de clases. Con ello se busca “garantizar” el derecho universal al acceso a la educación, incluyendo a capas medias, y se “promueve la equidad en condiciones de acceso para fomentar la permanencia en lugar de premiar el resultado”.
Becas para estudiantes de enseñanza media. Se plantea multiplicar por cinco la cantidad de becas Butiá en centros públicos, y multiplicar por 2,5 el monto. La cobertura aumenta de 14.700 a 70.000 estudiantes y el monto se eleva de $ 10.000 a $ 25.000 anuales, según se explica. La medida “ataca uno de los principales problemas de la educación media que es la permanencia, en lugar de premiar el resultado”. La cobertura de becas aumenta de 1 de cada 20 estudiantes a 1 de cada 4.
Duplicar cobertura de niños en jardines y escuelas de tiempo completo, con foco en los primeros dos quintiles. Esta medida “mejorará” la alimentación, socialización y aprendizaje de los niños más vulnerables, “reduciendo” la brecha educativa con el sector privado y “moderando” la brecha de género al facilitar la inserción laboral de mujeres. Actualmente, solo cerca de un cuarto de la matrícula de primaria asiste a escuelas de tiempo completo, argumentaron.
Programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años. Este programa ofrecería empleo formal con un salario de $ 18.500 por 30 horas semanales durante 12 meses, además de formación dual, acompañamiento e incentivos tributarios para la recontratación en el sector privado. La medida busca “combatir” el desempleo, que afecta al 29% de los jóvenes, y la informalidad, que afecta al 32%. Hay 120.000 jóvenes con “problemas severos” de empleo, y “un primer empleo decente favorece su trayectoria laboral futura”, sostienen desde el Frente Amplio.
Responsabilidad fiscal e inflación baja. Se plantea “mantener la responsabilidad fiscal” y avanzar en la mejora de la nueva institucionalidad (regla fiscal) para “consolidarla como una herramienta al servicio del país más allá de quien gobierne”. Además, se entiende necesario “continuar con la lucha” contra la inflación, como condición necesaria para “acelerar” el crecimiento y como factor “decisivo para mejorar” los ingresos reales de trabajadores, jubilados y pensionistas, así como los de todos aquellos con ingresos fijos en pesos.
No más impuestos. “Las necesidades fiscales se deben resolver en la austeridad y el cuidado de los gastos. La sociedad uruguaya no resiste mayor presión tributaria”, dice el Partido Nacional.
Reformas microeconómicas para un Uruguay más barato. Se propone implementar cambios normativos que fomenten la competencia, la simplificación en el proceso de importación, la revisión de paramétricas en las tarifas públicas, la reducción de la carga burocrática del Estado, así como una respuesta institucional “más contundente que permita un Uruguay más barato para vivir y producir”.
Racionalización y digitalización del Estado. Se propone un plan de racionalización de funciones y actividades, centralizando servicios compartidos, con virtualización de trámites y modernización de la gestión humana del Estado.
Más apertura al mundo. “Los países que se abren e integran al mundo, tienden a ser más prósperos, tener una mejor calidad de vida y una mejor distribución del ingreso”, dice el Partido Nacional. En ese sentido, sostienen que con algunos cambios en la institucionalidad del comercio exterior, reducción unilateral de la burocracia del comercio exterior y “manteniendo el pragmatismo”, se seguirá “impulsando” la apertura del país.
Régimen de promoción de inversiones. Se propone mejorar el régimen estudiando la adecuación de los indicadores utilizados y alineándose a los objetivos buscados. “Se buscará agilizar los procedimientos de aprobación de los proyectos promovidos, eliminando requisitos innecesarios y reduciendo los costos de seguimiento de los proyectos”.
Impuesto mínimo global. Se plantea “seguir con atención” y a su tiempo tomar las medidas correspondientes ante la propuesta del impuesto mínimo global impulsado por la OCDE para “evitar que impacte negativamente” en las empresas instaladas en Uruguay.
Relaciones laborales modernas. Se continuará promoviendo la negociación colectiva en todos los sectores de actividad y se buscará la modernización de las relaciones laborales, actualizando las categorías laborales a la realidad actual, permitiendo el mecanismo de descuelgue en base a criterios objetivos y atendiendo las heterogeneidades que se dan en cada sector.
Un “salto” en el sector agroindustrial. El sector agroindustrial es el sector competitivo (transables) por “excelencia”, y “se le darán condiciones para dar un salto de producción, adecuando herramientas para el fomento de las inversiones, en particular el fomento del riego, como acelerador de la productividad”, dice el Partido Nacional.
Conocimiento e innovación. El camino al desarrollo implica agregar conocimiento e innovación a la producción, se explica. En ese sentido, se continuarán fortaleciendo los programas de Uruguay Innovation Hub, en tecnología digital, biotecnología y agrotech, así como las industrias creativas. “Seremos más competitivos si logramos ser más innovadores”, sostienen.
Políticas de empleo activas. Estas políticas “buscan facilitar” el proceso de contratación de jóvenes, “mejorando” las herramientas de capacitación. También incluyen programas específicos para personas privadas de libertad que hayan recuperado la misma.
Segunda etapa de transformación educativa. Aquí se incluye el apoyo económico a los estudiantes del primer y segundo quintil de ingresos para terminar el liceo, la universalización de las escuelas de tiempo completo en esos quintiles, y la reformulación de UTU e Inefop para una vinculación “mucho más eficaz” entre educación y empleo, entre otros puntos.