Representantes de la Cámara Industrial de la Vestimenta plantearon ante la Comisión de Industria del Parlamento una serie de reclamos vinculados al sistema de compras públicas. Señalaron que el actual diseño favorece a grandes importadores de Temu, Amazon y Alibaba, mientras deja fuera a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.
“La industria de la vestimenta existe, aunque muchos piensen que no”, afirmó Sebastián Dominoni, uno de los voceros de la Cámara. Los representantes de la industria textil explicaron que si bien ya no hay grandes fábricas como hace 20 años, hoy el sector está compuesto por cientos de pequeños talleres, muchos de ellos familiares, que se reparten las distintas etapas del proceso productivo. “Un taller corta, entrega al otro y ese cose, el otro plancha, el otro pega los botones, el otro hace los ojales y así se hace una prenda hoy en día”, detallaron.
Según estudios realizados por la Cámara junto al Inefop y la Udelar, unas 8.000 personas trabajan actualmente en el rubro, aunque indicaron que cerca de la mitad lo hace por fuera de la formalidad. “En la formalidad, aproximadamente, hablamos de 3.500. Tenemos que formalizar a esas otras personas”, señalaron.
"¡Claro que somos más caros!" pero "la plata queda acá, no en Asia"
El principal punto de la exposición fue el reclamo de cambios en las condiciones de las licitaciones públicas. Señalaron que el Estado, a través de sus distintas dependencias, es un gran demandante de ropa y uniformes, pero que la forma en que están diseñadas las compras termina excluyendo a los actores locales.
“A finales de 2024 se importaron 90 mil uniformes para el Ministerio del Interior, todos de China o de Asia. Ni uno salió de acá”, aseguraron. Y agregaron: “nos van a decir que lo nacional es más caro. Y sí, es más caro, ¡claro que somos más caros! Pero estamos acá. Cuando se rompe un pantalón, hay que arreglar una manga, somos nosotros los que lo vamos a hacer, no van a venir los chinos a arreglarlo”.
También hicieron referencia al impacto de las plataformas de comercio electrónico en la industria local: “La plata esa nuestra queda acá. No queda en Asia, en Temu, en Alibaba, en Amazon o en las distintas plataformas que estamos enriqueciendo”, remarcó Dominoni. "Esa plata queda en nuestros trabajadores y después vuelve a la plaza, a la carnicería, al almacén del barrio, al BPS”, agregó.
Pusieron como ejemplo un caso hipotético: “Se licitan 5 mil pantalones para el Ministerio del Interior en 60 días. ¿Qué vamos a hacer? No los podemos hacer. ¡Obvio que no lo podemos hacer!”. Indicaron que con planificación y entregas parciales podrían organizarse, invertir, contratar personal y cumplir con la demanda. “Pero si me das solamente un plazo que es irrisorio, se van a seguir beneficiando los importadores”, señalaron.
También compartieron casos concretos. Uno fue un concurso de precios de la Fuerza Aérea, que licitó 160 gorras con entrega del 50% en 30 días. “Eso se pretendía que se hiciera en 30 días. Para hacer eso hay que salir a buscar la tela, la cuerina, armar el forro, conseguir el nailon, los escudos, y todo eso lleva tiempo. Para hacer 160 gorras preciso de cinco a seis meses”, explicaron.
Otro ejemplo fue un concurso del Inisa, que incluía 4.000 prendas entre camperas, buzos, remeras, medias, guantes, gorros y trajes de lluvia. “El 50% había que entregarlo en 10 días. ¿Cómo una mipyme va a hacer eso?”, cuestionaron.
En ese sentido, el reclamo central fue la necesidad de adecuar plazos y condiciones de las licitaciones estatales. “Una boina que yo puedo fabricar para abastecer a la Policía o al Ejército vale US$ 13, US$ 14; una boina en China vale US$ 5, y si yo le pongo el 30% del Tocaf (la normativa que rige los procesos de compras y contrataciones estatales), sigo estando fuera de precio, siempre voy a perder”, afirmaron.
A raíz de esos y otros casos, desde la Cámara advirtieron que cuando el Estado ponen esas condiciones parece que les "están tomando el pelo" y señalaron que las licitaciones actuales “están hechas de forma arcaica”, sin contemplar la realidad productiva del sector. “¿Queremos ayudar a la vestimenta nacional o queremos terminar de hundirla?”, preguntaron ante los legisladores.
La reacción de los legisladores
El diputado del Partido Colorado y exsubsecretario de Industria, Walter Verri, entendió el reclamo pero advirtió que el Tocaf impone obligaciones que dificultan la adjudicación a oferentes nacionales si los precios superan los márgenes permitidos. Hay una ley “que da un beneficio mayor a la industria nacional, pero si aún con ese beneficio pierden”, el gobierno “no tiene más alternativa que adjudicarle al que ganó”, dijo.
“Imagínense que les adjudican los pantalones a ustedes porque son industria nacional y es lo que todos queremos hacer, pero el pantalón de ustedes cuesta $500 más: ¿cómo justifica el jerarca esa decisión? No es fácil”, agregó.
Por su parte, el diputado frenteamplista Javier Umpiérrez dijo que el planteo “es totalmente de recibo” y se definió como un “defensor de la industria nacional”. En ese sentido, recordó su intento de promover compras públicas en el área del cemento portland de Ancap. “He fracasado con total éxito. No he podido avanzar en ese sentido en ninguna de las dos administraciones, ni en la de mi partido, cuando tuvo media sanción, ni en la anterior”, indicó. Por ese motivo, planteó como posible camino “buscar algunas áreas que tengan que ver con la vía de la excepción".
Álvaro Dastugue, del Partido Nacional, se refirió a la expansión de plataformas como Temu entre los adolescentes. “Es sorprendente cómo ellas hablan de Temu, ¡es terrible! Ya piden la tarjeta de mamá, la tarjeta de papá, y piden visitar a los abuelos porque los convencen más fácilmente para que pasen la tarjeta y así encargar la ropita de Temu”, expresó. “Creo que la cultura que se está generando en nuestros adolescentes jóvenes es nociva a gran escala para nuestro país”, evaluó.
Los legisladores se comprometieron a revisar la Ley 18.846, de fortalecimiento y desarrollo de la industria nacional de la vestimenta, así como también estudiar vías legales que permitan adecuar los procesos de compra del Estado a las capacidades de la industria local.
