“¿Qué va a hacer el país con este sector? ¿Lo deja morir, que no jorobe y quede recostadito en una esquina?”. Con esa pregunta retórica, el dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), Alejandro Acosta, alertó a los legisladores de la Comisión de Industria de Diputados sobre la adversa situación del sector del gas natural en Uruguay.
El sindicato afirmó que desde 2020 a 2023, han perdido “casi 5.000 usuarios” y que la tendencia descendente en el número de clientes que usan gas por cañería “se ha incrementado” desde la salida de Petrobras de la gestión del negocio, en el año 2019.
De acuerdo con Acosta, el sector está en “una situación de apenas sobrevivencia desde hace varios años” debido a múltiples factores, entre ellos mencionó el “poco volumen de gas” al que accede desde Argentina —con varias restricciones—, los elevados precios y la aparición de otros sistemas de calefacción más eficientes como por ejemplo, las bombas de calor.
A eso se le agrega la política de Estado que ha adoptado Uruguay durante los últimos años para impulsar el desarrollo de las energías renovables. “El país ha ido en otro sentido”, indicó Acosta.
“Es la ecuación perfecta para que todo el mundo salga corriendo”, dijo el dirigente sindical a los legisladores y señaló que “no se ha caminado hacia la reprivatización” del sector porque “no hay nadie interesado en agarrarlo”.
De acuerdo con Acosta, “esto es responsabilidad del Estado”, por lo que exhortó a que las autoridades establezcan un ámbito de discusión en el que se analicen posibles soluciones.
En ese sentido, el sindicato pidió reuniones al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para dialogar sobre las perspectivas del negocio y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para buscar alternativas que les permitan a los trabajadores mantener sus puestos laborales.
“No ocultamos que también queremos defender nuestros puestos de trabajo; defendemos el servicio público, pero eso incluye a los trabajadores”, señaló Acosta.
La situación adversa del negocio del gas por cañería en el país se arrastra desde hace años. Petrobras señaló durante años que las condiciones para el desarrollo de la actividad eran desfavorables y ajenas al control de las compañías.
Además de las restricciones en el envío de gas natural desde Argentina y sus elevados precios (en comparación con la cotización en el mercado internacional y con los precios de otros energéticos a nivel local), también se sumó la fallida planta regasificadora del país cuyo objetivo era brindar un acceso competitivo a la materia prima y así poder desarrollar mejor el negocio.
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“El volumen de gas que se nos pasa (desde Argentina) es un acuerdo político que se ha mantenido por décadas con diferentes gobiernos de distintos signos políticos e ideológicos, porque en sentido estricto Argentina, como es deficitaria, no tendría que pasar una molécula de gas a ningún mercado externo”, opinó Acosta.
De hecho, el país vecino también le enviaba gas a Chile y finalmente terminó por cortar ese suministro, lo que obligó al país trasandino a recurrir a sus propias regasificadoras. “En el caso de Uruguay, como el volumen no le representa demasiado (a Argentina), se mantuvo por acuerdos políticos. Al mismo tiempo, los precios que se planteaban iban a ser de entre US$ 3 y US$ 5 el millón de btu (una unidad térmica que se utiliza para la medición calórica), llegamos a tener picos de US$ 30 y pico de dólares o US$ 40”, recordó Acosta para enfatizar que el sector está condicionado por volumen y por precio “desde hace décadas, lo que impide un desarrollo importante” del negocio.
El reclamo del sindicato del gas
El sindicato afirmó que en los últimos años han intentado acordar reestructuras laborales para reducir la cantidad de personal que actualmente trabaja en el sector, pero admitió que la realidad actual muestra que pese a esos intentos, el negocio del gas por cañería sigue perdiendo usuarios y su continuidad se ve amenazada.
"Nos hemos concentrado en ver cómo estabilizamos la empresa y dejamos de perder usuarios porque, incluso ahora, desde hace un par de años, el nicho de mercado al que se apostó en su momento, que era la calefacción central de edificios, tiene un competidor casi imbatible: las bombas de calor eléctricas, que tienen un rendimiento de un 300 % y nosotros, aún con innovaciones tecnológicas, tenemos un 30% o un 40% de rendimiento. Lejos de estar a la ofensiva en ese sector estamos tratando de no perder", reconoció Acosta.
Uno de los principales reclamos del sindicato —además del establecimiento de un ámbito de discusión y análisis con las autoridades estatales— es que los edificios que se construyen en el país bajo la ley de vivienda promovida, cuenten con instalación de gas por cañería.
"La gran mayoría (de esos edificios) no tiene gas. Hoy no hay ninguna normativa que diga que tiene que haber gas por cañería en los edificios nuevos y se están construyendo sobre la base de este beneficio fiscal que da el Estado, o sea que el Estado ayuda a que se construyan pero no tienen gas por cañería", criticó Acosta y también cuestionó la decisión de diferentes organismos estatales de dejar de usar gas por cañería.
Por todo esto, el dirigente sindical advirtió sobre el riesgo inminente de la pérdida de puestos laborales. "Una empresa que sigue perdiendo usuarios en algún momento se va a plantear qué pasa con los trabajadores", concluyó.
