Los sindicatos del sector público transmitieron al Poder Ejecutivo el rechazo a la pauta oficial propuesta para la ronda salarial por no tener crecimiento real ni tampoco privilegiar a los trabajadores con sueldos más sumergidos. Ahora, la discusión continuará en las mesas de negociación donde buscarán acortar los plazos de los convenios.
Este miércoles se realizó una nueva reunión del Consejo Superior Público y ante la falta de consenso entre los representantes del gobierno y de los sindicatos públicos se acordó trasladar el diálogo a los grupos por rama de actividad.
Al término de la reunión la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, expresó que una de las discrepancias entre las partes fue sobre el crecimiento salarial. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE), Joselo López, había adelantado en entrevista con El Observador que en la pauta salarial elaborada por el Poder Ejecutivo no había “un solo peso de crecimiento, ni siquiera para los salarios más sumergidos de la administración pública”.
Y por eso, los sindicatos iban a rechazar la propuesta, algo que le transmitieron al gobierno en el encuentro de este miércoles. Sin embargo, Barrios expuso que “los lineamientos contemplan la no pérdida de salario” y añadió que “el margen para un crecimiento general no es lo mismo que en un análisis caso a caso”.
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Ministerio de Trabajo
El lineamiento oficial pretende que los convenios tengan una vigencia de cinco años, es decir hasta el final del período. Propone un ajuste salarial de 4,5% para 2025 y 2026 -inflación proyectada por el Banco Central para los próximos dos años- con la posibilidad de incluir correctivos. Para el primer año por inflación subyacente y para el segundo por inflación general.
López explicó que la propuesta incluye un margen de tolerancia de 1%. “Si le erran por hasta 1% no corrigen; con una inflación, por ejemplo, de 5% perdés medio punto”, dijo el dirigente. “Es difícil acordar algo cuando no sabés de cuánto va a ser el ajuste. Todo es a favor de ellos”, expresó el secretario general de COFE.
En ese escenario, los sindicatos públicos pretenden obtener mejoras en las mesas por rama de actividad. “Algo que se va a plantear es establecer un período de duración más corto del convenio, a dos años, con un correctivo para asegurar el empate y ver si se puede conseguir algún punto de crecimiento para los salarios más sumergidos”, explicó el dirigente.
Los sindicatos también manejan algunos planteos extra salariales. Uno de ellos es conseguir algún préstamo “limpia sueldos”, que absorba varias deudas contraídas por los trabajadores estatales. “Es una manera para que se queden con una sola cuenta pendiente con algún operador del sistema financiero”, expuso López.
20250620 COFE, José Lorenzo López. Conferencia de prensa por firma de acuerdo, para negociar nuevo régimen de certificaciones médicas de los funcionarios estatales.
Foto: Inés Guimaraens
En paralelo, todos los sindicatos involucrados en la negociación -enseñanza, Poder Judicial, administración central, entes e intergremial universitaria- más los municipales (Adeom) definieron ampliar una medida dispuesta por el PIT-CNT para el martes 12 de agosto. La sindical realizará una movilización entre las 9.00 y las 13.00 horas, pero los trabajadores del sector público efectuarán un paro general a nivel nacional de 24 horas.
En el caso de los funcionarios nucleados en COFE, la medida será en rechazo a la propuesta de ajuste salarial por considerarla “absolutamente insuficiente por no tener ningún componente de crecimiento salarial en el período, ninguna consideración especial para los salarios sumergidos y porque ni siquiera asegura el poder de compra de los trabajadores”.
Tras la reunión del Consejo Superior Público, Barrios indicó que se buscará generar una nueva instancia de diálogo con los sindicatos para presentar el Presupuesto previo a ser enviado al Parlamento.
