“El Ministerio de Economía anterior asumió una obligación y no tomó decisiones respecto a los biocombustibles. Y cuando hicieron la transición, me dieron en un renglón que había que trabajar sobre biocombustibles. Esa obligación que se tomó en el 2022 estaba atada a metas del 2025. Cuando ingresamos, ya no se habían tomado las decisiones. Quiere decir que desde ese préstamo, en el 2027 vamos a pagar más tasa por no haber tomado decisión en el punto de vista energético”, dijo la jerarca del MPP y agregó que es uno de los temas a debatir ahora porque" trae consecuencias en este momento”.
El bono sostenible lanzado en octubre 2022 fue pionero en el mundo y colocó un monto global de US$ 1.500 millones en su primera operación y añadió otros US$ 700 millones con su reapertura a fines de 2023. La primera emisión fue por un cupón de 5,75% anual y la segunda por 5,6% anual, con vencimiento a octubre de 2034.
“Es la primera vez que las finanzas y el ambiente se entrelazan”, celebró en 2022 la entonces ministra de Economía, Azucena Arbeleche. El bono condicionó su tasa de interés al cumplimiento de dos indicadores ambientales para 2025: la reducción de un 50% de los gases de efecto invernadero por unidad de PBI real con respecto a 1990; y el mantenimiento del 100% de la superficie de bosque nativo respecto a 2012.
Por la metodología de medición, las metas se evalúan con dos años de rezago, por lo que el nivel de cumplimiento en 2025 se determinará en 2027. Cada sobrecumplimiento o incumplimiento de ambos indicadores supone un movimiento de 15 puntos básicos en el costo de financiamiento o la tasa a pagar a los inversionistas.
Según un documento del MIEM al que accedió El Observador, incumplir ambas metas ambientales implicaría una penalización de US$ 6 millones anuales a partir de 2027, lo que totalizaría en US$ 42 millones hasta el vencimiento en 2034. El incumplimiento de una de ellas supondría US$ 3 millones por año.
Por otro lado, el sobrecumplimiento de una y el incumplimiento de la otra mantendría la tasa en un mismo nivel, al tiempo que el sobrecumplimiento de ambas conlleva una tasa bonificada, con menos intereses para el Estado.
Fachada Ancap
Foto: Leonardo Carreño
Sin embargo, el MIEM considera que “el margen de acción para eventualmente cambiar la trayectoria del indicador es muy acotado”, con solo seis meses para mejorar los números de 2025.
El gobierno reivindica por el contrario que algunos de sus objetivos "tienden a la mejora de los indicadores", como la modificación del proyecto de hidrógeno verde de HIF Global para preservar más hectáreas de monte nativo, o la apuesta –que trasciende a esta gestión puntual– por avanzar en la electrificación del transporte público.
El documento de la Dirección de Energía alerta que “el incumplimiento de esta meta implicaría no solo una pérdida económica (en la medida que no se accede a la tasa bonificada), sino que además un impacto en términos de la reputación y posicionamiento internacional del país ante sus compromisos climáticos, pudiendo dificultar el acceso a cooperación internacional, financiamiento sostenible e inversión extranjera”.
Si bien los impactos económicos recaerían sobre el MEF, los compromisos de mitigación corresponden al MIEM respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en lo referido a monte nativo.
Al cierre de esta edición, no obstante, El Observador no obtuvo más detalles respecto a cuál es el grado de incumplimiento de los últimos dos años, dado que el último dato disponible, publicado el pasado mayo, corresponde a 2023, por lo que no es posible estimar cuánto será el costo trasladado a tasa de interés.
Sí la certeza del gobierno de que no van a cumplir con la meta.
Cómo venían los indicadores
La medición más reciente marca que el indicador de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PBI en comparación a 1990 tuvieron una reducción del 46%. Eso supone el mismo nivel que el año anterior (2022), año en que logró reducir cinco puntos porcentuales más que en 2021.
La meta asumida por el MEF supone alcanzar este año una reducción de al menos 50%, o lograr una tasa bonificada cuando se supere una baja mayor al 52% de las emisiones.
El último informe del MEF remarcó que el nivel de cumplimiento reflejó un efecto combinado: por un lado, el aumento de las emisiones brutas absolutas de los gases de efecto invernadero del 1,3% durante el 2023, y por otro un aumento moderado del PBI real del 0,7% durante el mismo período.
Una parte sustancial del aumento de las emisiones se debió ese año a mayores niveles de óxido nitroso vinculadas al uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos en la producción agrícola (9,4% interanual). Eso no llegó a compensarse completamente con una disminución del 1,8% de las emisiones de CO asociadas a un menor consumo de combustibles fósiles en el transporte terrestre y la generación de electricidad.
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Foto: Inés Guimaraens
¿Qué pasó con los biocombustibles?
El expresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, hablaba desde 2023 de elevar la mezcla de bioetanol en las naftas. En ese entonces, el combustible tenía un 9,8% de bioetanol en la fórmula –ya por encima del mínimo de 8,5% exigido por la ley de agrocombustibles– y pretendía llevarlo al 12%.
“Estamos analizando levantar la mezcla hasta un 12% para ayudar a la construcción de objetivos ambientales y económicos asociados con metas ambientales, pero además para capturar el valor del aumento de la producción de Bella Unión, sin perder la producción de Paysandú que es la más eficiente”, justificaba Stipanicic en abril del 2023, mientras el tema se discutía en el seno de los ministerios de Industria, Ambiente y Economía.
Ancap mantuvo esa línea hasta el final del período, pero la modificación nunca llegó a concretarse antes del cambio de gobierno. La actual administración entiende que esa mezcla "hubiese colaborado con acercarse a la meta".
El gobierno de Luis Lacalle Pou, por otro lado, resolvió en 2022 derogar una disposición votada un año antes para incorporar obligatoriamente un mínimo de 5% de biodiésel nacional en el gasoil. La medida fue parte de una revisión integral del mercado de combustibles e implicó eliminar un sobrecosto del precio del gasoil.
Uno de los argumentos que se dio desde el gobierno para suprimir la mezcla de biodiésel y mantener la mezcla de bioetanol en las naftas, fue que el derrame productivo de producir ese agrocombustible a partir de caña es mayor en términos de puestos de trabajo respecto al biodiésel, y que la materia prima de la caña de azúcar no es colocable en otro lado.
