Todo comenzó el año pasado cuando la ANP realizó un llamado para la explotación de un área de estacionamiento y atención al público destinada al servicio de traslados en remises y camionetas (vans) de cruceristas que llegan a Montevideo.
Se presentaron cuatro interesadas, la mejor puntuada fue Podestá, pero todas las ofertas recibieron observaciones. Esa compañía presentó la mayor flota de vehículos, con 114 vans y 13 remises. Pero ese aspecto generó controversia.
Para valorar las propuestas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la ANP encomendó la realización de un análisis técnico. Ese estudio se expidió el 12 de noviembre del año pasado y la resolución indicó que Podestá incluyó en su flota a vehículos que también formaban parte de otras dos ofertas, algo que no estaba permitido en la licitación.
El texto expuso que “las tres empresas no cumplen con los requisitos exigidos en artículos del pliego de condiciones particulares, por lo que se sugiere no realizar la evaluación de sus propuestas”.
Sobre la cuarta oferente, Carrasco Park, señaló que “dicha empresa supera el canon mínimo estipulado y también dispone de vehículos vans y remises en cantidad superior al mínimo para garantizar el servicio” establecido en la licitación. Por tanto, el análisis técnico sugirió adjudicar el llamado a Carrasco Park, compañía a la que ya se le había otorgado una cesión anterior para el uso de un área en el puerto de Montevideo para ofrecer el servicio de traslado a turistas.
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Leonardo Carreño
Días después, la Comisión Asesora de Adjudicaciones tomó lo expresado por el informe técnico y rechazó las ofertas de Podestá y las otras dos empresas. Pero también mencionó que a la de Carrasco Park le faltaba información requerida y tampoco podía ser considerada para la adjudicación. Entonces declaró frustrada la licitación.
Nueva licitación y más polémica
Este año se realizó un nuevo llamado que también generó polémica, ya que se modificó el esquema de puntuación de las propuestas, que estaba compuesto por el canon a pagar por la explotación del área (50%) y por la cantidad de vehículos disponibles para prestar el servicio a los turistas de cruceros (50%). Con la modificación, el criterio quedó en 80% y 20%, respectivamente.
Allí Podestá presentó un recurso de revocación en el que planteó que los cambios convertían a la licitación en una “especie de remate o subasta donde la oferta más económica será la que resultara adjudicada, sin valorar, como corresponde, experiencia y flota (de vehículos)”.
Sin embargo, el propietario de Carrasco Park, Gustavo Pascuali, dijo a El Observador que la ANP entendió que no era necesario priorizar la flota, dado el volumen del servicio que se ofrece en el puerto de Montevideo. “El perjuicio es que se presente un listado de camionetas que tienen trabajo fijo todo el año y que no van a ir al puerto en toda la temporada (de cruceros)”, afirmó.
Sostuvo que la empresa podría haberse presentado ante la justicia con el dictamen técnico en el que constaba la duplicación de vehículos de Podestá, algo que al final no hizo.
“Si bien tuvo mayor puntaje por cantidad de vehículos y canon no cumplió con lo que el pliego de condiciones establecía: las matrículas no podían repetirse”, dijo Pascuali. “Por tanto, quedó descalificada antes de la puntuación. Las tres empresas, específicamente, quedaron fuera de competencia por la duplicación”, aseguró.
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Actualmente, con el proceso impugnado, no están claras las condiciones para la próxima temporada de cruceros que comienza en noviembre. Para clarificar la situación, la ANP debe decidir si da lugar a la revocación presentada, cambia o mantiene el pliego actual o, directamente, cancela la licitación.
En el recurso que presentó Podestá se solicitó una reunión con el directorio de la ANP. El organismo aceptó el pedido, pero la invitación fue enviada a dos de las gremiales del sector: la Unión de Transporte Turístico (UTTU) y el Centro de Propietarios de Vehículos de Turismo (Ceprotur). Igualmente de la reunión participó un representante de la empresa Podestá. La semana pasada hubo otra con la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, con la misma delegación empresarial.
Eso también llamó la atención de Pascuali. “La participación de las gremiales es una suerte de respaldo o apoyo a una de las cuatro empresas. Ese grado de involucramiento da la impresión de estar al borde de un conflicto de intereses”, expuso el empresario.
“Tuvimos el informe de la comisión asesora a favor pero no fuimos asignados y se asumió la situación; se acató la resolución de la ANP. No queremos entrar en el círculo de meter presión”, concluyó.
