La Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene frenada una licitación para otorgar un área de atención a turistas que arriban a Montevideo en cruceros. Hubo una modificación en el pliego de condiciones y dos prórrogas y una de las empresas interesadas impugnó el llamado que ahora quedó suspendido a pocos meses del comienzo de la temporada.
El año pasado, la ANP realizó un llamado para la explotación de un área de estacionamiento y atención al público destinada al servicio de traslados en remises y camionetas (vans) de turistas arribados en cruceros al puerto de Montevideo. Cuando se abrieron las cuatro ofertas, la empresa Podestá fue la mejor puntuada. Pero las todas las propuestas presentadas recibieron observaciones y entonces el llamado se declaró frustrado, según consta en el expediente de la Comisión Asesora de Adjudicaciones al que accedió El Observador. Igualmente, en ese documento, una funcionaria técnica de la ANP sugirió adjudicar la licitación a la compañía que había obtenido el menor puntaje.
Este año, con el cambio de gobierno, se realizó un nuevo llamado que también tuvo sus complicaciones, ya que tuvo algunos cambios y dos prórrogas para la apertura de la licitación.
Pero lo que más molestó a la empresa que había obtenido el mejor puntaje, Podestá, fue el cambio en el pliego de condiciones. Y por eso, el asesor legal Pablo Schiavi presentó un recurso de impugnación. En el escrito solicitó la suspensión de la fecha de la apertura del llamado (24 de julio) e interpuso un recurso administrativo de revocación ante la Unidad de Licitaciones de la ANP, otro jerárquico en el directorio del organismo, y un tercero de anulación dirigido al Poder Ejecutivo.
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El asesor expuso que la Unidad de Licitaciones varió dos veces un artículo sobre la reserva de derecho y criterio de adjudicación del pliego de condiciones. Señaló que la modificación fue “ilegítima y violatoria de principios elementales de la contratación administrativa” para todos los que aspiraban participar del proceso competitivo.
En primera instancia se había establecido que las propuestas se debían evaluar tomando en cuenta el canon a pagar por la explotación del área (50%) y la cantidad de vehículos disponibles para prestar el servicios a los turistas de cruceros (50% restante).
Con la modificación el criterio quedó en 80% y 20%, respectivamente.
El recurso planteó que los cambios convirtieron a la licitación en una “especie de remate o subasta donde la oferta más económica será la que resultará adjudicada, sin valorar, como corresponde, cuestiones elementos de calidad, experiencia y flota y violentando la debida razonabilidad en la ponderación de ofertas”.
También marcó la necesidad que el directorio de la ANP revisara la licitación para subsanar “todas las desprolijidades” y evitar “viciar de nulidad en forma irreversible todo el procedimiento de contratación administrativa que llevará adelante la ANP en la licitación”.
El texto sostuvo que a efectos de evitar “mayores perjuicios a los potenciales oferentes”, el directorio de la ANP debe remitir a la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) todo la información para que se pronuncie expresamente sobre si las sucesivas modificaciones infundadas de los criterios de adjudicación son ajustadas a derecho.
El efecto de la impugnación es que frena el procedimiento competitivo. Es decir, el llamado está vigente pero suspendido hasta tanto la ANP no se pronuncie sobre los recursos presentados.
El documento solicitó además una reunión con el directorio de la ANP para “ponerlo en conocimiento directo de esta serie de desprolijidades administrativas que quitan toda credibilidad y seriedad a la licitación”.
La reunión con la ANP
Diego Friedman (socio de Podestá) señaló a El Observador que la empresa cuenta con el apoyo de la dos gremiales del sector. Ellas son la Unión de Transporte Turístico (UTTU) y el Centro de Propietarios de Vehículos de Turismo (Ceprotur). En su propuesta, Podestá presentó una flota de vehículos compuesta por 114 vans y 13 remises, cantidad más alta que la del resto de los interesados.
La reunión que solicitó la compañía a la ANP se realizó el miércoles pasado. Pero la empresa no fue convocada al encuentro del que participaron las dos gremiales de transporte. Friedman estuvo presente como invitado de la delegación empresarial.
Por el organismo estuvieron el presidente Pablo Genta y el gerente general Andrés Nieto.
“A la empresa, como actor privado, no la notificaron; no le dieron respuesta ni lugar para la reunión”, dijo Friedman.
En el encuentro, las autoridades advirtieron que las acciones presentadas contra la licitación ponían en riesgo la temporada de turismo.
Sin embargo, la postura empresarial es firme. “Con los recursos lo que se buscó fue garantizar el derecho como proveedores y no vulnerar garantías. Los cambios fueron arbitrarios; la empresa no impugna para que se la favorezca, sino para que se respete el pliego original”, afirmó Schiavi.
Desde su visión, la ANP tiene tiempo suficiente para encaminar la situación. “La responsabilidad institucional es del directorio y tienen que explicar si mantiene el pliego original o no y también la razón por la cual lo cambió. La buena administración le exige a la ANP que resuelva el tema; no sería bueno que se empezara a trabajar con una licitación en curso”, indicó.
La temporada de cruceros comienza en noviembre y Friedman mencionó que la falta de respuestas oficiales genera preocupación en el sector. “Las dos gremiales representan a 200 familias, muchas empresas tienen una camioneta o un remise. Eso generó incertidumbre en la gente”, concluyó.
Este martes, las dos gremiales serán recibidas por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.
