El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, hizo un balance de los primeros años del ministerio, y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país a nivel ambiental
Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente
Foto: Leonardo Carreño¿Que balance hace de estos primeros 4 años del Ministerio de Ambiente?
Es un balance positivo. En primer lugar, porque en lo que supone a la institucionalidad del país, la creación de un Ministerio le da jerarquía al tratamiento de la temática ambiental que hasta la creación del Ministerio de Ambiente tenía una importancia de segundo orden en la estructura del estado. No había ningún ministro específico al Ambiente, el que tenía el tema bajo su cartera tenía otras prioridades; fundamentalmente construir y entregar viviendas.
Además de eso, se ha ido posicionando el tema ambiental en las políticas productivas. Nadie concibe iniciar una política pública en materia productiva o industrial si no tiene el componente ambiental dentro de la estrategia. Pasa con la economía circular, el tema energético, la movilidad eléctrica o el tema de la huella ambiental de la carne
¿Cuáles son los principales desafíos ambientales que enfrenta el país?
El tema del agua es muy importante, teniendo en cuenta lo que pasó con la sequía el año pasado. Nos impone una mejora en la gestión del agua en todo sentido, ya sea para su uso como para el tratamiento y pensar en estrategias para la reutilización del agua.
Otro tema es el vinculado a las aguas subterráneas, que es algo en donde Uruguay debería plantearse como horizonte realizar una fuerte investigación en el conocimiento de la dinámica de los acuíferos y la posibilidad de utilizar ese recurso en momentos de sequía
Cuando pensamos en mejorar todo el tema de la producción, si no tenemos los caudales de agua suficientes en las distintas cuencas para abordar toda esa producción vamos a tener problemas. Hay que pensar en la sostenibilidad de un plan nacional de riego que está planteado ahora en la agenda.
El tema residuos es otro capítulo. Hemos iniciado en este periodo el cierre de los vertederos, firmamos convenios con más de 12 intendencias para cerrar los vertederos a cielo abierto y tenemos que apuntar a generar sobre todo un proceso de la recuperación de residuos que pueda mejorar la cadena de valor de reciclaje y obtener un beneficio económico y social a raíz de esa recuperación
Otro desafío es mejorar la sostenibilidad de todas las áreas productivas del país certificando ambientalmente la producción, así como la huella ambiental de la ganadería pero también ampliarlo a otros rubros.
El tema hidrógeno verde nos impone un gran desafío. Mejorar la producción de combustibles a partir del hidrógeno y subproductos que son esenciales para mejorar la producción agropecuaria como los fertilizantes verdes que van a beneficiar a la industria nacional.
Otros desafíos son la biodiversidad y el tema de las áreas protegidas, actualmente tenemos 18 y la idea es avanzar en este período en las áreas marinas protegidas, la Isla de Lobos está a punto de ser aprobada.
Y por último el tema de los delitos ambientales, es un capítulo que todavía nos falta en Uruguay y estamos a punto de aprobarlo.
El año pasado el Ministerio de Ambiente aplicó cerca de 170 multas de distinto tipo por delitos ambientales. ¿Cuál es el poder fiscalizador que tiene el Ministerio?
Tenemos una capacidad administrativa de fiscalizar. A partir de la creación del Ministerio y la evolución del tema en la agenda pública han aumentado las denuncias; hemos recibido unas 1000 denuncias por año de forma sostenida y eso deriva en inspecciones y multas.
Hubo un crecimiento en la fiscalización. El desafío para el período que viene es mejorar la relación de la gestión del Ministerio de Ambiente con otros ministerios y gobiernos departamentales para involucrarlos en la fiscalización ambiental, que nos permita tener una mejor presencia y control en todo el territorio.
¿Las multas funcionan como un disuasor con los infractores o todavía no se logra?
En parte sí y en parte estamos asistiendo a un proceso donde la empresa decide seguir trabajando y asumir el valor de la multa porque le sirve y le conviene más allá de incumplir la normativa ambientales
La normativa penal ambiental puede ponerle un freno a esa práctica que la hemos visto en otros países y está comenzando en nuestro país.
Los operadores de derecho en materia penal, tanto la policía como la Fiscalía o el Poder Judicial se sumarían al contralor de los temas ambientales y creo que ahí ganamos como sociedad al tener un apoyo importante de varias estructuras del estado enfocados en la protección de temas ambientales.
Uruguay asumió muchos compromisos internacionales, como el acuerdo de París, vinculados a temas y políticas ambientales. ¿En qué está el cumplimento de esos acuerdos?
Seguimos cumpliendo en la reducción de la emisión de gases con efecto invernadero. Uruguay ha sido muy cumplidor con sus reportes anuales y con el objetivo.
¿Cuál es la respuesta que tienen desde la sociedad civil o las empresas sobre esta conciencia ambiental?
Las empresas se están dando cuenta que incursionar en la producción sostenible e implementar estrategias internas de cuidado ambiental más allá del costo de inversión le abre puertas de financiación que sino no las tendría.