Para decirlo con números: solo en Montevideo, en el año 2022 hubo 1.017 baleados que no murieron por esos impactos. De esos heridos, 20 fueron víctimas de homicidios unas semanas o meses después (siempre en el mismo año). Y otras 17 murieron en asesinados ocurridos al año siguiente.
Rojido, quien accedió a estos datos del Ministerio del Interior, los traduce a un leguaje todavía más evidente: “Un seguimiento, trazabilidad e intervención focalizada en quienes sufrieron una lesión no letal con armas de fuego en 2022 (solo en Montevideo), permitiría reducir hasta un 12% las víctimas de homicidios por arma de fuego de ese año en la capital y el 11% del año siguiente”.
Y ese es solo un escenario de mínima: porque hay heridos que fallecen ahora, pero el primer disparo lo recibieron antes de 2022 o luego de ese año. O el deceso ocurre fuera de Montevideo. O habían sido baleados, pero nunca quedaron registrados en la estadística oficial. Además, una parte “no despreciable” de lesionados, al recuperarse, se convierten en agresores de un homicidio. Como dice Rojido: “sobrevivir a un ataque con arma de fuego es un indicador de que se va a matar o morir”.
El misterio de las armas
En Juan Acosta y Pasaje A acribillaron a balazos a un tío y a su sobrino. Fue la semana pasada. La policía lo llamó “el doble homicidio en el Marconi”. Esa misma arma con que los ejecutaron, supo El Observador, había sido usada en las heridas de bala de otras dos personas en el mismo barrio. Y antes en tiros al aire y contra un muro de la misma zona.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas armas hay en Uruguay. El último dato público del registro oficial del Ejército Nacional refiere a 606.712. Ahí se incluyen las armas legales que tienen los civiles, los policías y militares. Y la estimación del proyecto de investigación suizo Small Arms Survey es que existe una cifra similar de armas de fuego circulando en la clandestinidad. De ahí que se hable de un arma cada tres habitantes. Pero el estimado no ha variado en los últimos años, siquiera en tiempos en que la industria armamentística aumentó, cambiaron las lógicas delictivas y las ráfagas de los disparos. No hay encuestas al respecto. Ni seguimiento de dónde salen las armas no registradas.
Con lo mismo que un salario medio de Uruguay (que el Instituto Nacional de Estadísticas estima en 1.400 dólares), se accede a la compra de un arma en el mercado negro. La de los “botones” —como le dicen en la jerga tumbera a los policías— sale unos US$ 2.000 porque cotiza “la calidad y el poder de a quién perteneció”. Por la módica suma de US$ 50 más, se adquiere una caja de 50 balas.
El fiscal de Homicidios Carlos Negro no se explica de dónde salen en Uruguay tantas armas. Las denuncias de robos a policías no han aumentado (al menos en lo informado públicamente). Tampoco se ha encontrado una mega-banda de contrabandistas. Pero en sus carpetas de investigación está acostumbrado a ver ejecuciones con distintas armas y decenas de disparos.
“El arma que más vemos que se usa para los homicidios es la Glock 9 milímetros, pero modificada. Se dice que incluso en Uruguay hay expertos en esas alteraciones a las armas para convertirlas en automáticas, para que apretando el gatillo salga una ráfaga de 30 disparos en lugar del proyectil uno a uno”. Negro habla con la experiencia de quien sigue la casuística.
El renovado hospital del Cerro, por solo mencionar uno de los servicios de atención más nuevos, atiende un promedio de un herido de bala por día. “Muchos llegan con varios orificios y muchos con daños importantes de tejidos, porque el fuerza cinética de esas ráfagas de tantos disparos hace destrozos”, explica el cirujano Nakle.
Un disparo de la Glock llega en condiciones óptimas a los 375 metros por segundo. Cuando impacta en un hueso, lo quiebra al instante (con la paradoja de que el hospital del Cerro no cuenta con traumatólogo y tiene que derivar el caso). Y cuando da en una arteria relevante, y la víctima tiene la fortuna de sobrevivir, pierde tanta sangre que requiere “muchas unidades (bolsas) de sangre donada”.
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Foto: Inés Guimaraens
En Estados Unidos, donde los tiroteos son “moneda corriente”, se suele discutir sobre la utilidad y relevancia de las armas de fuego para la seguridad. En Uruguay, donde según el criminólogo Rojido “los datos de armas son un misterio”, el problema “brilla por su ausencia”. Pero, “¿se han puesto a pensar que si en Uruguay existe un real problema con el crimen organizado, podría verse en una fuga de armas de las instituciones públicas hacia los civiles? ¿Un tráfico de armas operando por estos grupos? O, ¿alguien se ha puesto a pensar si las armas que circulan quitan o dan seguridad?”.
El criminólogo, quien está iniciando una investigación al respecto, es contundente: "A nivel mundial, se ha demostrado que las armas, en lugar de proteger contra la violencia, la aumentan. Algunos estudios indican que las armas compradas para defensa personal suelen ser usadas contra el propietario, en lugar de servir para la legítima defensa. Armarse es una ilusión que se vende bien en tiempos de vulnerabilidad y pánico social, pero no es una solución efectiva”.
La construcción de buenos registros administrativos y trazabilidad sobre armas y municiones, además de otras técnicas de medición con encuestas e inteligencia del stock de armas en manos de la población civil, es una de las primeras políticas públicas que, según Rojido, Uruguay debería adoptar. Pero hay más.
“Una segunda estrategia es la mejora de los servicios médicos de emergencia, y en particular, de la atención a lesionados por agresión con armas de fuego”. El criminólogo Rojido no refiere solo a la capacidad asistencial, sino al seguimiento de los heridos, al trabajo con ellos el día después del alta hospitalaria y hasta el establecimiento de un potente sistema de denuncias.
La política de seguridad
El periodista Gabriel Pereyra estaba por encender su auto cuando lo abordó el comunicador Leonardo Sarro. Filmándolo con un celular en primerísimo primer plano —fiel a su estilo—, le preguntó al cronista con fuentes en la Policía:
—Pereyra, ¿qué ministro del Interior necesita Uruguay?
—Si lo están diciendo desde la perspectiva de la seguridad pública, no es un problema del Ministerio del Interior. La seguridad pública es un problema del Ministerio de Desarrollo Social, de la educación, de la salud, de la primera infancia. Mientras miremos solo el Ministerio del Interior, estamos llegando tarde… cuando la sangre ya está derramada.
En Uruguay las investigaciones de oficio sobre los heridos de bala son la excepción y no la regla. Lo reconoce el fiscal de Homicidios y lo asegura el policía Da Silva.
“Un baleado llega a una policlínica con una herida leve y no quiere hacer su denuncia, entonces su caso no puede ser investigado porque se requiere la instancia de parte. Solo existe un mayor seguimiento cuando el herido grave pasa días hospitalizado”, reconoce Da Silva.
20241003 Sala de re animación de la Emergencia. Recorrida por el Hospital del Cerro por nota de heridos de bala. (5).jpg
Foto: Inés Guimaraens
Rojido insiste con que “el sistema de salud también juega su partido”. El criminólogo imagina protocolos en que la trazabilidad de los heridos de bala empieza desde que llega a la primera atención médica. El primer desafío es transformar homicidios en heridos, con una buena atención médica. En que se entreviste a los acompañantes. En que se empiece una atención de oficio. En que se dé sostén (psicológico, jurídico y social) y seguimiento a la víctima. Porque “si una persona solo es curada y listo, sale de la internación a matar o morir”.
¿Cómo podría ser la estrategia? Rojido propone diseñar “un piloto de intervención multi-agencial (involucrando a personal médico, investigadores criminales, abogados, psicólogos y asistentes sociales) de prevención de homicidios, basado en mejora de los servicios médicos para transformar homicidios en lesiones; evitar la revictimización y la retaliación de las personas lesionadas con armas de fuego; y esclarecer otros homicidios, dado que las víctimas también son a menudo testigos de la violencia armada”.
Los heridos de bala "casi nunca" llegan al hospital acompañados por un familiar. "Por lo general es la policía o, a lo sumo, un vecino. La familia llega, si es que llega, más tarde. Y ahí hay que evitar el enfrentamiento entre bandas porque los médicos tienen que trabajar tranquilos y seguros. Eso sí: lo jurídico siempre va a estar por encima de lo político. Desde que remodelamos el hospital (del Cerro), exigimos que la policía que está en la puerta tome la denuncia sin importar el interés de la persona a denunciar”, insiste Guillermo Avellanal, director del hospital público del Cerro.
La decisión del Hospital del Cerro no está exenta de desafíos. Puede pasar que quienes están involucrados en el mundo delictivo se vean acorralados por esa exigencia de denunciar. O puede pasar —aunque en Uruguay todavía no pasa— que los narcotraficantes armen su sistema de salud paralelo para evitar la institucionalidad. Avellanal le quita dramatismo: "Cuando es cuestión de vida o muerte, la gente no se pone a calcular tanto. Los vecinos saben que nuestro rol es el asistencial. Somos médicos, estamos hechos para salvar vidas".
Si el hospital del Cerro es uno de los centros de salud que recibe más baleados del oeste de Montevideo (su radio va mucho más allá de un barrio concreto y de estigmas asociados), el Pasteur es el mayor captor de casos en el centro-este. La sociología ya lo diagnosticó: la mayoría de heridos de bala se concentran en unas pocas áreas.
El intensivista Julio Pontet lo sabe. Le ha tocado tener que derivar a internados a otra institución para evitar la pelea entre bandas rivales. Ha presenciado sistemas de seguridad en que los heridos vienen con custodia. Y siempre opina lo mismo: “el rol del médico es salvar la vida sin importar el motivo y circunstancia por el que la persona fue herida. Es un rol asistencial. No se mete en la denuncia. Ni siquiera se firma el certificado de defunción en la mayoría de los casos de muertes violentas (salvo que el juez lo ordene)”.
Avellanal reconoce la disposición de ayudar a las personas más allá de la mera atención médica. El hospital que dirige ahora tiene dos oficinal de Desarrollo Social, a un costado un sector del programa Barrios Sin Violencia e “instalaciones bien ordenadas y cuidadas que le den seguridad a los usuarios y funcionarios”.}
Pese a las buenas intenciones, la campaña electoral en curso no ha puesto en las armas y los heridos que ellas dejan su principal foco. Mario Bergara planteó una ley de contención y prevención de armas. Carolina Cosse había propuesto antes de las internas un registro digital y único de tenencia y uso de armas. Pero el Frente Amplio no lo toma en su programa global. El Partido Colorado habla de la cantidad de armas, pero no hace propuestas concretas al respecto. Tampoco Cabildo Abierto que refiere a contrabando de armas. Y el Partido Nacional siquiera lo menciona (aunque sí ejecutó el proyecto Shot Spotter de detección de disparos).
El fiscal Negro es concluyente: “El sistema político tiene un debe con este tema. Las armas son la principal herramienta para provocar la muerte, pero no hay preocupación al respecto de la política en seguridad”.
