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La lucha contra el crimen y los sospechosos de siempre
¿Qué buscan en verdad los gobiernos cuando proponen acuerdos en la lucha contra la delincuencia?
1 de septiembre de 2025 5:05 hs
Ni el empleo, ni el salario, ni ningún otro asunto vinculado con la economía. Hace ya tiempo que la principal preocupación de los uruguayos se mudó desde el bolsillo a las calles, y los problemas de la seguridad pública se convirtieron en el punto más débil de las últimas gestiones de gobierno.
Por eso, no resulta extraño que las diferentes administraciones se nieguen a realizar una autocrítica de lo actuado en ese asunto y, bajo la excusa de la búsqueda de políticas de Estado, traten de licuar responsabilidades convocando a comisiones o mesas interpartidarias que, hasta ahora, de poco y nada han servido.
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La violencia callejera, o la imposibilidad de paliar esa violencia a niveles más o menos tolerables, fue probablemente una de las principales razones que llevaron a la derrota al Frente Amplio en 2019 y a la coalición Republicana en 2024. Y es uno de los estímulos para que el presidente Yamandú Orsi haya convocado a un diálogo con la oposición que, dados los antecedentes, resultaría toda una novedad que prosperara en medidas eficaces y del gusto de todos.
La agenda del gobierno de Orsi, adormecida durante los primeros meses de gestión, se reactivó en julio, apelando a la convocatoria de distintos “diálogos”-como el diálogo social ya rechazado por la oposición- y el diálogo por seguridad que si bien se puso en marcha, arranca bajo el signo de la sospecha.
Porque cuando se trata de acordar sobre un tema tan sensible, no solo se discute una política pública y se pone en juego la capacidad del sistema para resolver los problemas de la gente, sino que se expone a los partidos a pagar el costo, ya sea del fracaso o del éxito, que ese dialogo conlleva.
La sospecha nace de la desconfianza entre los partidos por las ventajas y desventajas presentes y futuras que ese diálogo les depare, y del recelo acumulado en la memoria colectiva de otros tantos intentos de pactos que quedaron fijados nada más que en alguna foto.
Por eso, el escepticismo es moneda corriente a la hora de valorar si este y otros intentos de cooperación nos muestran una versión de la mejor política, o se trata de una estrategia para repartir responsabilidades en un tema complejo con aristas difíciles de limar.
En ese sentido, el pasado 15 de agosto el ministro del Interior, Carlos Negro, recibió en la Torre Ejecutiva a los representantes de los partidos para inaugurar el diálogo político en seguridad, esta vez en “versión Orsi”. A la salida del encuentro, del que participaron entre otros el exsubsecretario del Interior en la “era Bonomi”, Jorge Vázquez, el ex director general de Secretaría de esa cartera en la gestión de Jorge Larrañaga, Luis Calabria, y el colorado Gustavo Zubía –defensor de la “mano dura” contra la delincuencia– hubo palabras de circunstancia sobre la necesidad de encontrar soluciones comunes. Pero ni un amague de autocrítica.
Sucede que más allá de un punto más o punto menos en la gráfica de delitos, las balas siguen tumbando vidas en la periferia de Montevideo y los ecos de la violencia del narcotráfico llegaron hasta los barrios costeros. Y las apelaciones al diálogo en torno a la delincuencia, y los fracasos consiguientes, no son novedad. En 2016, en medio de un incremento en la percepción de la inseguridad y de una caída de su popularidad, el presidente frenteamplista Tabaré Vázquez convocó a un diálogo que él mismo encabezó. En agosto, los intentos de acuerdo relevantes capotaron tras cuatro meses y 14 reuniones.
Luego, la inseguridad fue uno de los temas más sensibles en la campaña de 2019 y los escasos resultados de la gestión del Frente fueron capitales en el triunfo de la Coalición Republicana liderada por Luis Lacalle Pou. En esa elección se destacaron el “se acabó el recreo” del cabildante Guido Manini Ríos y el proyecto de reforma constitucional “Vivir Sin Miedo” que catapultó a Jorge Larrañaga hacia el Ministerio del Interior.
Tras un comienzo auspicioso de la mano de un Larrañaga activo que empatizó con buena parte de la sociedad, las gestiones de Luis Alberto Heber y de Nicolás Martinelli marcharon a los tropezones y, así, la idea de convocar a un acuerdo por seguridad fue reeditada.
Al igual que Vázquez, Lacalle Pou intentó involucrar a la oposición en las políticas de seguridad, y lo hizo en el último año de su mandato. “Nadie convoca a un diálogo si le va bien”, dijo a El Observador un integrante de aquella administración. En consecuencia, esa vez fue el Frente Amplio el que pateó la mesa tras avizorar que tras la invitación al diálogo se escondía un manotazo de ahogado.
La izquierda entendió que la propuesta de firmar un documento conjunto con medidas acordadas llegó de forma “tardía e improvisada dada la grave situación en materia de convivencia y seguridad que se vive, sobre todo en homicidios y violencia doméstica”, argumentó en aquel entonces la Mesa Política de la izquierda.
Entonces, ¿estos diálogos son instrumentos genuinos de búsquedas de consensos o tan solo una válvula de escape de gobiernos que necesitan compartir costos políticos?, ¿se trata de gestos institucionales o de confesiones de impotencia?
Es cierto que a diferencia de los intentos de Vázquez y de Lacalle Pou, la convocatoria de Orsi se concreta en el inicio de su gestión. Pero, dado el material sensible con el que se enfrentan, desde la oposición ya miden los costos que les puede deparar meterse a compartir responsabilidades.
Por lo pronto, el Frente probablemente buscará conseguir respaldo opositor para realizar, como cree necesario, una gran inversión en el hacinado sistema carcelario, más conocido por su apodo de “escuela del delito”. O para desagotar las prisiones modificando penas para que algunas de ellas no sean cumplidas con cárcel efectiva.
Pero si el diálogo no logra espantar aunque sea un poco el miedo de las calles, todo lo demás, como lo ha sido hasta ahora, serán solo palabras que no alcanzan para apaciguar el ruido de la balacera.