“Me lo veía venir”, respondió Ignacio Durán al ser consultado sobre el caso durante una entrevista en el streaming Vos en Agenda, conducido por el periodista Daniel Castro.
La investigación encabezada por la fiscal de Toledo, Sabrina Massaferro, derivó este martes en la detención de 16 personas y tiene bajo indagatoria a unas 70.
Según pudo saber El Observador, la maniobra investigada consistía en que policías de distintas reparticiones o trabajadores de la salud comunicaban a abogados o gestores la ocurrencia de siniestros de tránsito con heridos graves o fallecidos y les proporcionaban información de las víctimas.
Con esos datos, los abogados podían posteriormente contactar a las personas involucradas o sus familiares para ofrecerles sus servicios. A cambio de la información, los funcionarios recibían dinero.
Ignacio Durán: “Desprestigian la profesión”
Al analizar el caso, Ignacio Durán diferenció entre los abogados que se especializan legítimamente en accidentes de tránsito y aquellos que, según sostuvo, traspasan determinados límites para captar clientes. “Entiendo que hay personas que se dedican a todo este tema de accidentes de tránsito que desprestigian la profesión, lo digo sin medias tintas”, afirmó.
El penalista contó además que durante su carrera profesional tuvo conocimiento directo de situaciones en las que abogados buscaban captar clientes en circunstancias especialmente sensibles. “Me han pasado experiencias personales de estar en situaciones, en casos que uno iba a patrocinar y se presenta a un colega en una sala fúnebre o en un hospital con un documento para ser firmado”, relató.
Consultado específicamente sobre si había ocurrido en una sala fúnebre, respondió: “Sí, lamentablemente lo tengo que decir, es cierto”.
Para Durán, existe una diferencia entre buscar oportunidades profesionales y utilizar determinados mecanismos para conseguir clientes. “Ahí hablamos de la ética, que todo el mundo tiene derecho a laburar, sin duda. Yo creo que hay circunstancias o límites que no se deben cruzar”, señaló.
El abogado agregó que existen profesionales especializados en accidentes de tránsito que desarrollan su actividad sin incurrir en esas prácticas. “Después hay otros que se dedican a accidentes de tránsito, como hay muchos que hacen su laburo muy bien, se entrenan que hay un accidente de tránsito y se contactan con la gente. Podrá gustar, no gustar, pero bueno, de alguna manera se buscan el nicho para poder trabajar y ejercer, me parece bien. Pero cuando ya se cruzan determinadas líneas, como parece ser que es lo que acá se está investigando, bueno, se ha hablado de una red”, sostuvo.
Los abogados investigados pueden enfrentar una imputación “seria”
La penalista Sara Durán, en tanto, se refirió a las eventuales consecuencias judiciales para los profesionales involucrados, aunque remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial.
“Va a estar difícil, recién tenemos la primera información, imagínense que evidentemente creo que los profesionales, los colegas la van a pasar mal. Si hay evidencia para la imputación va a ser una imputación seria”, afirmó por su parte.
Durán fue más allá y consideró que, en caso de existir elementos suficientes para avanzar penalmente, podría solicitarse prisión para algunos de los involucrados. La Fiscalía investiga, entre otros posibles delitos, cohecho calificado, asociación para delinquir, soborno y revelación de secretos, según el grado de participación que se determine para cada uno de los involucrados. Las actuaciones fueron reservadas por la Justicia de Crimen Organizado y se espera que la Fiscalía avance con las formalizaciones.
Cómo funcionaba la presunta red investigada por la Fiscalía de Toledo
La investigación que lleva adelante Massaferro comenzó meses atrás a raíz de un caso ocurrido en Toledo, luego de que una víctima de un accidente de tránsito tuviera una discrepancia con su abogado por el monto que debía pagarle.
A partir de allí, la Fiscalía avanzó sobre una presunta estructura que operaba en distintos puntos del país y que involucraría a unas 70 personas.
La hipótesis es que, después de producirse un accidente con heridos graves o fallecidos, policías o trabajadores vinculados a servicios de salud proporcionaban información de las víctimas a abogados o gestores, quienes posteriormente las contactaban para ofrecer servicios jurídicos. A cambio de esos datos, los funcionarios recibían dinero.
La investigación derivó este martes en 16 detenciones y el caso pasó a la órbita de la Justicia de Crimen Organizado.
