"Te dicen: 'nunca encontramos un lugar donde lo pudieran ayudar'. Yo conozco emprendimientos exitosos (en salud mental y adicciones). Ahora, también son caros. Entonces, cuando por arriba en la clase política nos damos palo (...), con cosas que parece que se nos va la vida, que un TLC con China, que si el presidente va a la ONU o pide licencia, nuestra sociedad se está rompiendo en el alma. Vos sabés lo triste que es y no tenés respuesta".
Fiel a un tono que en el fragor de la campaña quedó en segundo plano, Yamandú Orsi hablaba a mediados de 2022 sobre "la destrucción de la familia". Todavía era intendente de Canelones, diluía entre relativizaciones casi toda crítica directa al gobierno, y reunía a su gabinete en el teatro Politeama para alertar que "la bomba está debajo de la mesa" mientras dedicaba alocuciones a referir a "la soledad de la gente".
Todavía sin un plan concreto para aterrizar medidas específicas, remitiéndose en cambio a los márgenes holgados del programa del Frente Amplio, la campaña de Orsi se embandera en el trayecto final hacia las internas con el tema de la salud mental.
En este caso, el comando incluyó en el último estudio de Equipos Consultores –el mismo que reafirmó su ventaja en intención de voto sobre Carolina Cosse– dos preguntas vinculadas a ese tópico, con resultados que el equipo evalúa como "muy fuertes" y que "preocupan y ocupan" al precandidato.
Yamandú Orsi, recorrida por el departamento de San José, campaña política 2024.
Foto: Leonardo Carreño.
Un 41% de los 702 consultados cara a cara respondió que conoce "a algún familiar o persona cercana que tenga problemas de salud mental", según los datos a los que accedió El Observador y que están en manos de la dirigencia.
Los números son un poco más altos entre las mujeres consultadas (46%) que entre los hombres (36%), además de destacarse entre personas de nivel socioeconómico medio (48%).
Pero los valores que más llaman la atención es que cuatro de cada cinco consideró que no hay tratamientos adecuados para los más necesitados: la mitad de los consultados afirmó que solo pueden acceder quienes tienen los recursos, y casi un tercio entendió que directamente "no los hay". El pesimismo está más extendido entre frenteamplistas que entre oficialistas, pero sin grandes diferencias entre uno y otro.
En una audición en la radio CW 41 de San José en abril de 2023, antes de ser proclamado precandidato, Orsi sostuvo que "de cara a las próximas elecciones los partidos políticos van a tener que llegar a un mínimo de acuerdo en algunos temas; o apuntar a la pasta base en específico o a un verdadero proyecto de salud mental, poner los recursos para eso".
Consultado por El Observador, el psiquiatra pediátrico Gabriel Rossi valoró que "es nuevo que haya políticos planteando que la salud mental tiene que ser una política de Estado", que es algo que "tenemos un poco escondido" pero que "más o menos la mitad de la población reconoce que está el problema".
El tema, de hecho, aparece en todos los programas de gobierno y fue central en la última Rendición de Cuentas enviada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque los incrementos por encima de los US$ 20 millones –si bien valorados en todas las tiendas– fueron reconocidos como insuficientes.
Cosse, en tanto, propuso entre los primeros puntos del Plan País reforzar el abordaje sobre las adicciones y declarar el Estado de Emergencia Nacional en salud mental, junto a otras medidas pensadas para atacar la inseguridad.
"Ley con buen letrero, pero sin presupuesto"
Rossi, quien es consultor internacional y llegó a desempeñarse como coordinador del área de tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas durante el gobierno de José Mujica, consideró como un "hito" la aprobación de la ley de Salud Mental en 2017, a menudo en la mira de los expertos por estar incumpliéndose en varios puntos ante la falta de presupuesto.
"Es una ley con un buen letrero pero que no tiene presupuesto", afirmó. A modo de ejemplo, la norma establece que para 2025, cuando hayan terminado las elecciones y haya presidente electo, todos los asilos deberán estar cerrados, algo que ASSE ya anunció que no podrá cumplir por falta de dinero.
El experto apuntó además contra la "complejidad de monitorear políticas de salud mental", con una "comisión creada en la ley a efectos del contralor de la atención que en este gobierno estuvo un año sin funcionar y con casi nulo presupuesto".
"Tenemos una salud mental para ricos y una para pobres", coincidió Rossi con los datos de Equipos Consultores, alegando que "se atiende un sector de la población que puede pagar", y que incluso en ese tramo el servicio "tampoco es excelente": "la atención tiene que ser lo más comunitaria posible, con la menor internación posible. En el tema de la adicción a las drogas no es levantarlo del forro y meterlo en un galpón, como decía Pepe, la internación compulsiva no soluciona absolutamente nada".
"Lo que sana cuando hay trastornos graves es la atención continua. Claro que si un paciente tiene esquizofrenia no voy a terminar con eso. Pero si entendemos que lo solucionamos con 20 días de internación en el Hilton o en el Vilardebó, le estamos errando. Hay que depositar el dinero en atención de calidad, que en un momento es más médica y en otro momento es más social".
"¿Qué concepto es el principal? El continuo en la atención", insistió. El experto reconoció que es un tema que no da votos y que hubo avances "a celebrar" con dispositivos de medio camino en el Ministerio de Desarrollo Social, pero "eso no alcanza".
Rossi enumeró otras falencias tales como la falta de "cultura de trabajo intersectorial" –"los sectores son tan celosos, es muy complicado que ASSE coordine con el Ministerio de Salud (MSP), que coordine con INAU, con el Mides", dijo–, que "no hay un equipo de trabajo único", que "no son prioritarios los centros ambulatorios" y que por tanto se centraliza la atención en el Vilardebó, en la Colonia Etchepare o en algún centro privado, haciendo falta a su entender una "dispersión" de los servicios en el territorio.
Artigas Pouy, presidente de la Sociedad Psiquiátrica del Uruguay, añadió en tanto que "Uruguay está muy bien en relación al mundo respecto a la dotación de psiquiatras y psicólogos, pero lo que no tiene es cultura de trabajo en equipo, instituciones que no lo operativizan y no lo van a hacer sin un control fiscalizador efectivo del MSP. "Hay muchas herramientas, pero queda librado a los recursos que cada institución tenga", concluyó.
