Con todas las revelaciones de la investigación administrativa a la vista, la bancada opositora pretende laudar el tema recién después de las internas, informó a El Observador la diputada del MPP y vicepresidenta de la comisión de Vivienda, Cecilia Cairo. Ese manejo de los tiempos responde a que los legisladores están ahora abocados a la campaña, sostuvo.
Si bien los resultados de la extensa investigación están disponibles desde marzo, la izquierda estaba aguardando la visita del actual ministro de Vivienda, Raúl Lozano, a las comisiones parlamentarias. Durante su comparecencia el pasado 15 de mayo, la diputada socialista Gabriela Barreiro sostuvo que "queda la duda de si esto se trata solo de una responsabilidad política" y que consideran que "hay un tema de abuso de funciones que no ha sido tomado en cuenta".
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Irene Moreira el día de su salida del Ministerio de Vivienda
Foto: Leonardo Carreño.
"Estamos pidiendo mucho asesoramiento porque consideramos que no fue solamente un acto administrativo, sino que también se usaron bienes del Estado con discrecionalidad", sentenció, luego de que el cabildante Lozano insistiera en que "ninguna de las dos investigadoras, ni la instructora ni la letrada, sugieren que hubiera delito alguno", más allá de que hubiera un "abuso de poder" que a su entender es "un acto administrativo".
"No hay, desde mi punto de vista, viso de delito", concluyó semanas atrás el presidente Luis Lacalle Pou cuando fue consultado en Punto de Encuentro. "Pero la oposición se encargará oportunamente, si es lo que tiene que hacer".
Tiempo después, en ese mismo programa, la diputada Cairo explicitó: "Yo creo que hay delito". La legisladora consideró que el Poder Ejecutivo no denuncia penalmente "porque integra el gobierno" y no quiere "pelearse con Cabildo".
"Hablamos con abogados que nos decían que este delito no prescribe durante diez años. Entonces, tenemos tiempo de preparar esto con responsabilidad. Y lo vamos a hacer".
Sin embargo, el precandidato Yamandú Orsi –del mismo sector que la diputada– es crítico con trasladar el tema a la órbita penal. "Esto ya es más de intuición que de razón: yo me niego a pensar que todas las cosas que son fracasos políticos lo tengo que llevar todo a la Justicia penal", dijo Orsi a El Observador.
"Si hay, que sean las propias instituciones las que resuelvan. Porque en el Estado existen las auditorías internas y la Auditoría de la Nación. Yo quisiera saber qué están haciendo. (El colorado Julio María) Sanguinetti planteó que era riesgosa la judicialización de la política. La política tiene mucho para hacer y para resolver antes que llegue a Fiscalía o a la Justicia. Por supuesto que si hay sospechas de ilegalidad, cualquier ciudadano tiene que denunciarlo, más si es funcionario público. Ahora, considero que a veces le pedimos a las instituciones a la Justicia lo que la política no puede hacer".
Delito de abuso de funciones
El delito de abuso de funciones, tipificado en el artículo 162 del Código Penal, está bajo la lupa del sistema político desde hace décadas.
Al igual que pretendió hacerlo el propio Frente Amplio en 2017, Orsi está de acuerdo en que hay que modificarlo: "Sí, pero no es el momento de discutirlo", respondió a El Observador.
"Porque entra cualquier cosa ahí (en ese artículo), pero de repente te pasa un elefante por adelante y no pasa nada. Siempre está ese tema pendiente, porque es innominado. Lo que pasa es que el momento que estamos ahora... y menos en campaña electoral, esas cosas no se tocan. Como tantas cosas en este país, tienen que surgir acuerdos interpartidarios. Y el clima está muy complicado para eso", reflexionó.
"Ojalá bajen las aguas después de las elecciones y lleguemos a niveles de acuerdo, donde le aseguremos transparencia a la gente. El sistema político no debe esconderse, al revés. Yo creo que la Ley de Acceso a la Información Pública ayudó mucho, pero su eficacia se pinchó. Y eso va enganchado con que a veces pensamos que hay que legislar mucho más, pero el problema es que tenemos un montón de normas que no cumplimos como país. Faltan controles".
La propia coalición de izquierda introdujo en abril de 2017 un proyecto de ley en ese sentido, basándose en un impulso inicial que diez años antes había dado en el Senado el expresidente Sanguinetti. La última iniciativa frentista contó incluso con la firma de los blancos Guillermo Besozzi y Jorge Saravia, pero nacionalistas y colorados terminaron abroquelándose en contra dada la "oportunidad" del oficialismo, que por esa época tenía procesados por abuso de funciones en el caso Pluna al exministro de Economía, Fernando Lorenzo y al expresidente del Banco República, Fernando Calloia.
El texto pasó del Senado con la mayoría frenteamplista, pero naufragó en Diputados ante la reticencia de varios legisladores de la izquierda. "Yo tengo tres denuncias ante la Justicia en Maldonado, ¿cómo hago para que me crean que no voto la derogación del abuso de funciones para beneficiarme?", justificó el entonces diputado de Alianza Progresista y exintendente fernandino, Óscar de los Santos.
En aquella fecha, la Mesa Política del FA también manejaba un documento interno que alertaba por el "costo político" de votar esa modificación, al tiempo que la Liga Federal y el PVP –que no tenían bancas en el Senado– indicaban sus reticencias. Los cuestionamientos dejaron al oficialismo de entonces sin la mayoría necesaria en la segunda cámara.
Durante este período, el Sindicato Policial (Sifpom) llegó a proponer la modificación del artículo para que no se consideraran bajo ese concepto a los procedimientos policiales. La iniciativa, que no avanzó, fue en tiempos en que el colorado Andrés Ojeda –hoy precandidato– era el abogado del gremio, y la dirigente Patricia Rodríguez –hoy militante de Álvaro Delgado– su presidenta.
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Fernando Pereira estuvo de acuerdo en derogar el delito de abuso de funciones
Foto: Leonardo Carreño.
También el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, hoy allegado al frenteamplista Orsi, se había manifestado partidario de derogar el delito de abuso de funciones. "Planteé que estaba a favor de la derogación en general del delito, porque es una norma penal casi en blanco, un chicle, sobre todo por su vaguedad", dijo en 2021 a La Diaria.
El artículo en cuestión establece ese delito para todo funcionario público que "cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares" y que no esté "previsto" en otras disposiciones del Código Penal o en leyes especiales. La norma supone una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multas de entre 10 y 3 mil unidades reajustables ($17 mil a $5 millones, a valor actual).
El propio Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo en mayo de 2023 en entrevista con Búsqueda que para la izquierda "y para el resto de los partidos debía eliminarse" el delito de abuso de funciones, pero que "en un momento cambió el viento y no lo cambiaron".
Pereira dijo en ese reportaje que la izquierda no debería ir a la Justicia por el caso de Irene Moreira solo por un delito de abuso de funciones: "¿Es política darle una bolsa de portland a alguien por afinidad partidaria? Después tenés que medir cuáles son los niveles: ¿es una casa?, ¿es una chapa?, ¿es una canasta de alimentos?, ¿es una canasta que lleva adentro una lista? ¿Dónde se coloca el límite para que esto no sea un conventillo?".
