El astillero español Cardama no recurrió a la rescisión del contrato con el Poder Ejecutivo por la compra dos patrullas oceánicas que había encargado el gobierno de Luis Lacalle Pou y ahora el Ministerio de Defensa reclamará por daños y perjuicios a la empresa.
Una vez cumplido este plazo, "ese acto queda firme y la rescisión es definitiva", contó el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz este jueves a Subrayado.
En octubre pasado, el gobierno de Yamandú Orsi había anunciado que iba a iniciar estas acciones ante la presencia de una posible "estafa" o "fraude" contra el Estado uruguayo.
El acuerdo establecía que el astillero gallego construiría dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) destinadas a la Armada Nacional por US$ 90 millones. Hasta el momento, el Estado uruguayo había ejecutado tres pagos, por cerca de US$ 30 millones.
El gobierno nacional resolvió rescindir el contrato porque entendió que la empresa no presentó la renovación de la garantía en el plazo estipulado, pero además, cuando intentó ejecutarla (por unos US$ 4 millones), encontró que la que había presentado provenía de una institución presuntamente falsa, de nombre Eurocommerce Limited.
Este jueves, en diálogo con Subrayado de Canal 10, Díaz contó que le habían avisado "de parte del Ministerio de Defensa que el acto administrativo del Poder Ejecutivo por el cual se disponía la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero".
"No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión que son los daños y perjuicios”, agregó el prosecretario de Presidencia entrevistado en la Expoactiva Nacional de Soriano.
"Nos da una gran tranquilidad de haber actuado conforme a derecho", sentenció Díaz.
