La condena del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por el delito apropiación indebida fue apelada tanto por la fiscalía, que como por la defensa, que insiste en que no cometió ningún delito. Sin embargo, esos recursos aún no empezaron a ser estudiados por un escollo formal.
El caso recayó en el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno (TAP) pero dos de los tres ministros que lo integran se abstuvieron de asumir competencia. En el caso del juez Ricardo Miguez lo hizo por ser conocido de Iglesias, mientras que en el caso de Daniel Tapie argumentó que es familiar de uno de los testigos propuestos por la fiscalía en el juicio.
Ante esa situación, la única ministra que entendería en el caso es Beatriz Larrieu y se debió realizar un sorteo entre los restantes ministros de los tribunales penales para integrar la sala con otros dos magistrados. Como resultado, fueron asignados los ministros Gabriela Merialdo (TAP 4°) y Marcelo Malvar (TAP 1°).
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dictó la sentencia el 26 de setiembre y condenó a Iglesias por apropiarse de US$ 180.000 y no haber podido demostrar que el dinero ingresó a la mutualista. Rechazó condenarlo por el otro delito solicitado por la fiscalía, el de insolvencia societaria fraudulenta. Dispuso una pena de un año de arresto domiciliario y otro en libertad vigilada en el que deberá realizar tareas comunitarias y asistir a una seccional olicial semanalmente.
En la audiencia de condena Iglesias adelantó que sus defensores Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez apelarían la sentencia “porque es inocente”. Dijo estar convencido de que "si no gana en el Tribunal de Apelaciones, ganará en la Suprema Corte”.
Además afirmó que le empezaría a devolver “todas las cortesías al Partido Nacional y a (Luis) Lacalle”, en relación a que el pasado gobierno decidió intervenir Casa de Galicia, para luego dejarla caer, lo que desembocó en el cierre y liquidación de la mutualista.
Las apelaciones de fiscalía y la defensa
El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez presentó la apelación para insistir en que se agregue el delito de insolvencia societaria fraudulenta por el que fue absuelto. Su argumento se basa en que días antes de presentar el concurso de la mutualista libró seis órdenes irrevocables de pago a acreedores conocidos para cancelar las deudas que tenía con ellos. Si bien sólo uno de los pagos llegó a concretarse y el resto fueron trancados, advertida la situación por os interventores de la mutualista, para la fiscalía cometió el delito igualmente.
La defensa de Iglesias argumentó en el juicio que Gasa de Galicia ya era insolvente desde antes, por lo que no fue responsable su presidente por esas órdenes de pago y señaló que el delito es solo aplicable sobre empresas mientras que la mutualista era una asociación sin fines de lucro.
En la sentencia la jueza le dio la razón al sostener que las instrucciones irrevocables eran un instrumento legítimo y que si bien "puede resultar cuestionable que (los beneficiados) tuvieran vínculos cercanos al acusado", ello no constituyen delito.
El fiscal en cambio, argumentó que se trata de un delito “de peligro” y en este caso las órdenes de pago constituyeron “un obrar fraudulento con miras al agravamiento de la insolvencia y en consecuente perjuicio de terceros”, informó El País.
Por su parte, los defensores Fernández y Domínguez, argumentaron en contra del delito de apropiación indebida.
Según surge de la sentencia de Olivera, los US$ 180.000 provenían de un préstamo que totalizaba US$ 480.000. De ellos se utilizaron US$ 300.000 para pagar el saldo pendiente de la compra de un inmueble mientras que los US$ 180.000 se depositaron en cuatro importes en cuentas del BROU de Cambistar, la casa de cambio que pertenece a Marcelo Bonanata, uno de los prestamistas de la mutualista. Iglesias retiró el dinero en pesos que eran más de 7 millones.
Según declararon varios testigos en el juicio, que Olivera citó en su sentencia, ese dinero “no tuvo la finalidad debida que era ingresarlo a Casa de Galicia se perdió la trazabilidad del uso adecuado. No figura registrado en ningún lado”.
Sin embargo, Iglesias declaró en el juicio que el dinero era suyo y se lo entregó al gerente financiero del momento para ser ingresaddo al rubro financiera de la mutualista.
En la sentencia, la jueza se refirió a la famosa entrega de los US$ 200.000 en una caja de championes que Iglesias le entregó y dijo que la versión de que era un préstamo para la mutualista “resulta creíble” pero aun así “eso no le permitía hacerse del dinero en el momento en que lo considerara”.
La defensa se agarró de esa afirmación para sostener que la jueza no debió descartar esa teoría para hacer entrar a la fuerza el delito.
