La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera, quien dirige el juicio de Casa de Galicia, le reitera a cada testigo antes de que sea interrogado, que si escucha la palabra “objeción” debe guardar silencio, esperar a que se discuta y ella resuelva sobre el punto objetado. También les recuerda que como testigos están obligados a decir la verdad y no hacerlo tiene consecuencias penales.
En la audiencia de este miércoles, se escuchó muchas veces "objeción" y hubo varios cuestionamientos de parte de la fiscalía a las preguntas que los defensores de Alberto Iglesias, Marcelo Domínguez y Gonzalo Fernández, le hicieron a los testigos sobre todo al exdirector del BROU, Pablo Sitjar, quien fue interrumpido varias veces debido a que la fiscalía custionaba que las preguntas de la defensa no iban al objeto de lo acordado previamente sobre lo que se le preguntaría.
Antes de Sitjar, en el noveno día de juicio, fue el turno de Leandro Francolino, quién fue director por la oposición en el pasado gobierno y ahora continua ahora como director oficialista del banco estatal.
En la mayoría de los casos la jueza le dio la razón al equipo de fiscales y les pidió a los abogados reformular la pregunta o que directamente pasaran a otra. Así pasó en la última pregunta que se le hizo a Sitjar que fue objetada y respondida igualmente cuando la jueza le dio paso a la Fiscalía por si quería hacer preguntas. Hizo una y el testigo se las ingenió para responder la pregunta antes objetada.
Alli fue cuando el exdirector en representación de Cabildo Abierto en el directorio declaró tuvieron que “presionar” al gerente general de República Afisa para que informara de la liquidación de Casa de Galicia y del trámite del fideicomiso. “El gerente nos dijo que recibía instrucciones del MEF (Ministerio de Economía) y del MSP (Ministerio de Salud Pública)”.
Sitjar dijo que si bien Afisa tiene autonomía, algunos negocios importantes pasan por el directorio del BROU. “Casa de Galicia se trató a pedido expreso mío porque no se nos estaba informado de las decisiones que se estaban tomando”, afirmó.
Según explicó República Afisa tenía dos fideicomisos financieros de US$ 8 millones y US$ 42 millones que eran títulos que se habían colocado a las AFAPs, al Banco de Seguros y un monto menor en la Bolsa. “Fiduciariamente estábamos cuidando una garantía del Estado”.
En este caso el BROU tomó como garantía inmuebles –principalmente el sanatorio más el de centro y Carrasco- y la cesión de las cápitas que eran US$ 40 millones que entraban todos los años de caja por los 40 mil socios que tenía.
Sitjar dijo que se alarmó cuando se enteró por la prensa, en enero de 2022 “que no se venderían estas cápitas, (debido a) que nadie regala clientela de un patrimonio. En este caso se transfirieron 40 mil cápitas sin contrapartidas”.
Juicio Casa de Galicia/
Foto: Leonardo Carreño
“No hubo subasta de cápitas en beneficio del Estado. Se asignó administrativamente. El perjudicado acá es el Estado. Eran US$ 50 miillones que se están pagado todos los meses el fideicomiso no se extinguió, lo seguimos pagando”, resaltó.
Entre otras varias objeciones que la fiscalía le hizo a los abogados de Iglesias, Sitjar llegó a decir que en ese momento “intuitivamente” pensó que estaban prestando contra una garantía y que había “una evaporación de US$ 50 millones”.
También se refirió a que al día siguiente de que se remató Casa de Galicia en US$ 15 millones apareció un pedido de crédito para el Círculo Católico por US$ 15 millones. “Yo me abstengo porque a esa mutualista le acababan de regalar 30 mil afiliados, le acababan de transferir US$ 15 millones de patrimonio".
El interrogatorio a Francolino, que también recibió varias objeciones, fue mucho más escueto ya que al ser actual jerarca se planteó la duda de si estaba comprendido en algún secreto. Se refirió al funcionamiento de Afisa y sobre Casa de Galicia confirmó que el fideicomiso continúa abierto y que tiene "un valor de US$ 40 millones que lo paga el Uruguay, es decir nosotros”.
Iglesias dio su versión sobre el encuentro con el exgerente al que le había dado US$ 200.000 en la caja de zapatos
Uno de los testimonios más relevantes del juicio fue el del exgerente financiero contador Gabriel Álvarez, a quién Iglesias lo hizo ir a su casa en 2020 para entregarle U$S 250.000 en una caja de championes en 2020.
El testigo dijo al declarar en el juicio que este año se encontró con Iglesias en una papelería de Punta Gorda, barrio en el que viven ambos, y que lo instruyó sobre lo que tenía que declarar en el juicio. “Lo saludé y me dijo que yo tenía que decir que los US$ 250 mil eran un prástamo que él le había hecho a Casa de Galicia. Me dijo que yo tenía que decir eso pero no voy a decir algo que no es”.
Sin embargo, Iglesias dio otra versión este miércoles al declarar por tercera vez, como estaba previsto. Relató que él estaba sacando fotocopias y Álvarez se le paró al lado y le dijo que entró porque lo había visto. Según dijo, le comentó que lo habían convocado a una reunión previa a la citación al juicio y le preguntó si sabía en qué consistía.
Iglesias le dijo que no sabía pero que suponía que le harían leer lo que declaró y le acotó: "con la verdad uno nunca tiene problema”. Agregó que “considerando la nobleza de la fiscalía”, no pensó en otra cosa.
“Por eso mi sorpresa fue enorme porque esa fue” la conversación. "Además decir acá que yo le dije que dijera que la plata es mía... Él sabe que es mía, si la fue a buscar a mi casa y no la hice ni un pagaré, ni nada. Jamás un tercero iba a dar US$ 200 mil sin un contrato”, aseguró.
Tanto el contador Álvarez como el exgerente general y otros testigos afirmaron en el juicio que es dinero lo habia prestado Ucha, otro de los prestamistas que entregaba dinero a la mutualista.
Iglesias dijo que eso es falso y relató los montos y las fechas en que Ucha prestó dinero para demostrar que las fechas no coinciden con el momento en el que le entregó los US$ 200.000 a Álvarez.
Juicio Casa de Galicia/Alberto Iglesias
Foto: Leonardo Carreño
Dijo a Ucha lo presentó uno de los directivos, Walter Echenique, y colaboró el 20 de marzo de 2020 con US$ 100.000 y 30 millones de pesos; el 24 de abril con US$ 285.000 y una transferencia de US$ 12,5 millones y el 2 de junio con US$ 300.000 y una transferencia 5 millones de pesos. Afirmó que en todos los casos le entregó el dinero a Brasca, que Ucha estaba acompañado de una persona que colaboraba con él y estaban Echenique y algún directivo más que no recordaba.
"Ninguna de esas fechas coincide con la de mayo en la que yo le entregué el dinero al contador Álvarez", insistió. Los testigos hablaron de que la entrega de Iglesias fue en junio.
Iglesias afirmó también que esa plata que prestó fue directo a la caja fuerte de la mutualista y US$ 100.000 de los US$ 200.000 se llevaron al BBVA para hacerle un cheque certifiado a nombre del doctor Honorio Leborgne para concretar la operación de compra de la Clínica Leborgne que Casa de Galicia compró.
Dijo que tenía la expectativa de recuperarla en dos o tres meses, y que al final del juicio explicará que "la plata físicamente nunca salió de Casa de Galicia".
La defensa de Iglesias pidió que Ucha, que no estaba en la lista de testigos acordada previo al juicio, declare por haber sido mencionado por los testigos de la Fiscalia, la que objetó esa prueba y la jueza le dio la razón por lo que apelaron y será un tribunal de apelaciones el que deberá definir si es citado o no, mientras sigue el juicio.
