La mutualista Casmu, la tercera más grande del país, atraviesa horas de tensión e incertidumbre en su interna por diferencias con los médicos por una reestructura elaborada por las autoridades y el talante del informe de situación realizado por Sandra Lorenzo, Gerardo Lorente y Juan Carlos Simonelli, los tres interventores designados por el gobierno.
Ese documento fue entregado a la directiva de la mutualista el miércoles 30 en una tensa reunión con la cúpula del Ministerio de Salud Pública (MSP) y aún se mantiene confidencial debido a que las autoridades de Casmu rechazaron algunas aseveraciones y pidieron hacer sus observaciones.
Aunque la respuesta aún no fue entregada, este martes la directiva de la mutualista aceptó la renuncia de dos importantes jerarcas dentro del esquema organizacional: Osvaldo Barrios y Luis Laxalt. Ambos ocupaban tareas de responsabilidad en la gestión de proyectos y obras.
El presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, dijo a El Observador que Barrios decidió “retirarse de la empresa” mientras que Laxalt “se jubiló”, aunque diversas fuentes señalaron que las salidas están vinculadas al contenido del informe de los interventores.
Choque en el Parlamento
La intención del MSP era dar a conocer el informe de los interventores al Parlamento la semana pasada, pero el pedido de la directiva de Casmu hizo que el documento se mantuviera reservado, algo que sorprendió y molestó a los legisladores del Frente Amplio que forman parte de las comisiones de salud.
“Es poco comprensible”, dijo el diputado de Asamblea Uruguay, Luis Gallo, que aseguró que esperaban encontrarse con un informe que por “trascendidos y comentarios” es “contundente y habla de la situación dramática que está viviendo la institución”.
El reclamo, según consta en la versión taquigráfica, fue compartido por sus pares Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, señalada en la izquierda como eventual ministra de Salud Pública en un gobierno de Yamandú Orsi.
Pese a que no dio detalles, la ministra Karina Rando adelantó que había “procesos administrativos” dentro de Casmu que se llevan a cabo de “manera irregular” y que si bien los interventores trabajaron “correctamente” en algunos momentos la empresa les ha “dilatado” la llegada de información.
“La directiva de Casmu solicitó –tiene ese derecho e hizo hincapié en ello– los diez días para hacer descargos porque considera que tiene algunos para realizar con respecto a varias de las afirmaciones que nosotros hacemos en el informe. O sea que realmente habría que contrastar la información que nosotros tenemos con la que Casmu nos va a brindar dentro de diez días”, expresó Rando y agregó que tuvieron “varios desacuerdos respecto a lo que nosotros decimos y a lo que ellos dicen que es cierto”.
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Leonardo Carreño
A modo de ejemplo, Rando relató que las “cuestiones administrativas” han llevado a acciones por parte de los interventores que dieron lugar a notas de crédito para la institución que generaron $17 millones de ahorros.
“Hemos visto que hay contratos que tienen que regularizarse y otros que no estaban escritos debidamente. Todo eso se está regularizando en la actualidad y el Ministerio de Salud Pública está intentando, por todos los medios, lograr la estabilidad de la institución”, subrayó la ministra.
La senadora Sandra Lazo le consultó si había delitos de índole legal, y la ministra le contestó que tal vez haya habido “alguna presunción”, pero no existe “nada fehacientemente comprobable”. “Sí existen irregularidades desde el punto de vista administrativo”, reiteró.
La titular de la Junasa, Alicia Rossi, agregó que no estaban buscando “ilegalidades en los contratos o en la gestión desde el punto de vista penal” pero consideró que el “desorden administrativo impacta en los resultados de la gestión”. “En realidad, se observa mucho desorden en determinados temas que tienen vinculación administrativa y también legal, y eso, aunque no sea algo ilegal, tiene resultados que son perjudiciales para la institución”, subrayó.
En una de sus intervenciones, Gallo señaló que esperaba que le dijeran que no creían más en las autoridades de Casmu y que las desplazarían, a lo que la ministra le contestó que “no descartaba” ningún escenario.
Médicos en conflicto
Más allá de esta situación, el lunes 4 los médicos de Casmu que forman parte del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) decidieron declararse en “asamblea permanente” y rechazaron el proyecto de reestructura por utilizar como “principal variable” el ajuste de las horas de trabajo “sin medir el impacto en la atención de los usuarios”.
El proyecto de reestructura plantea, como principales prioridades, un ahorro de $ 90 millones anuales, un nuevo plan financiero para 2025 y la redistribución de cargos.
En la resolución, a la que accedió El Observador, los médicos reclaman que el MSP “cumpla cabalmente con sus responsabilidades rectoras”, señalan que es el principal responsable del destino de Casmu y rechazan la contratación de “inspectores de los trabajadores”.
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“Respetamos el trabajo que están llevando a cabo los interventores y nos ponemos a las órdenes para trabajar en forma conjunta con el objetivo de recuperar la calidad de atención de los usuarios”, dice el cuarto punto.
Según supo El Observador, la comunicación cayó malestar en la directiva de Casmu, cuyas autoridades consideraron que los médicos estaban "aliándose" con los interventores y el MSP. A su vez, motivó reclamos con la cúpula del SMU.
