Tras casi un mes de incertidumbre, el Poder Ejecutivo jugó las cartas sobre Casmu, la tercera mutualista más grande del país, al disponer su intervención sin desplazar autoridades y enviar al Parlamento un proyecto para otorgarle una garantía por US$ 56 millones, el monto del fideicomiso que había solicitado.
Poco después de que se conocieran las resoluciones, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, encabezó reuniones con la directiva de la mutualista, sindicatos de trabajadores, médicos y especialistas quirúrgicos.
En todos los encuentros transmitió que el objetivo es la “continuidad” del Casmu y solucionar, principalmente, su “situación financiera”, según contaron participantes de las reuniones a El Observador.
Para esto, el gobierno designó como interventores a tres personas con perfiles diferentes: Gerardo Lorente (abogado), Juan Carlos Simonelli (contador) y Sandra Lorenzo (médica). Todos tienen vinculación con el oficialismo aunque varía su experiencia dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Rando dijo que los interventores “convivirán” con las autoridades de Casmu y buscarán “estabilizar” económicamente a la mutualista. Tendrán acceso a “todo lo que soliciten” desde el punto de vista contable, “amplias facultades” para participar en reuniones y pedir información.
A los dos meses deberán elevar al MSP un primer informe con un “diagnóstico de la situación”.
El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, dijo a El Observador que la intención es “sacar” la mutualista adelante y que trabajarán mancomunadamente. Consideró que los veedores que había dispuesto el gobierno cesarán aunque habrá una transición con los interventores, aunque aún no se sabe qué día asumirán.
Este lunes, antes que el gobierno dispusiera las medidas, Casmu cesó a su gerente financiero, Ignacio Labat, que había asumido en el cargo hacía dos meses con un proyecto de cambio y mejora de gestión que quedó trunco. La decisión fue tomada por el gerente general Marcelo Gilard, señaló Rodríguez.
Quiénes son los interventores
A diferencia de lo que ocurrió con Casa de Galicia, el gobierno designó tres interventores para Casmu, que podrán permanecer hasta un año en la institución. Los nombres habían comenzado a circular en la noche del lunes y se oficializaron en la mañana del martes.
Sandra Lorenzo, la médica seleccionada, es ginecóloga, magíster en dirección de empresas de salud por el IEEM y diplomada en medicina sexual. Desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el Hospital Militar del que fue directora técnica entre 2015 y 2022.
A principios de 2023 asumió como subdirectora general de la Salud aunque renunció poco después por diferencias con la directora Adriana Alfonso. Es afín a Cabildo Abierto y de confianza de Rando ya que trabajaron juntas en el Militar.
Respetando los contrapesos que hay en el MSP, Lacalle Pou resolvió designar como interventor al abogado Gerardo Lorente, que hasta mayo de este año se desempeñó como gerente general de la Secretaría Nacional de Deportes, cargo al que renunció por discrepancias con Sebastián Bauzá.
Antes de ocupar ese puesto, Lorente fue asesor parlamentario del diputado Martín Lema entre 2015 y 2020. Integra Aire Fresco (la 404 del Partido Nacional) aunque este año no estuvo en listas. También fue asesor de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Su especialización es el derecho tributario y su mayor acercamiento al SNIS fue cuando Lema encabezó las denuncias opositoras por irregularidades en ASSE.
El tercer interventor es Juan Carlos Simonelli, un contador de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Actualmente trabaja como gerente financiero del Hospital Pereira Rossell y antes se desempeñó en ese mismo cargo en el Hospital Pasteur. También fue contador de diversas unidades ejecutoras de ASSE.
Cada uno de ellos cobrará $380 mil mensuales (más IVA). Los salarios serán pagos por Casmu.
El salvataje
Para corregir la situación financiera, el gobierno prevé que el Parlamento apruebe la garantía de US$ 56,6 millones, el mismo monto que el fideicomiso que pidió la mutualista a mitades de junio.
Rodríguez, el presidente de Casmu, señaló que la Junta Nacional de la Salud (Junasa) aún no les confirmó el acceso a los fondos ni les indicó modificaciones al programa de créditos que habían presentado.
Al asistir al Parlamento semanas atrás, Rando dijo que la mutualista buscaba un primer desembolso de US$ 28 millones en julio para pagar salarios y cancelar una deuda con la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN).
El segundo desembolso, de más de US$ 28 millones, estaba previsto para enero de 2025 y también se usaría para salarios, cancelar deudas con Geocom, ALN y CEFA (la cámara de especialidades farmacéuticas) y continuar implementando el programa de gestión SAP.
Las tareas
Una vez que asuman sus funciones, los interventores -que aún no fueron notificados- tienen previsto reunirse con la directiva de Casmu y comenzar a analizar los números de la mutualista.
El decreto que regula su trabajo los habilita a sugerir los “correctivos que estimen pertinentes” e inspeccionar y comprobar los “aspectos externos de las operaciones de la institución”. También a auditar la contabilidad, inspeccionar comprobantes y participar de reuniones pudiendo “observar” las decisiones que consideren irregulares.
A los dos meses de trabajo, tendrán que enviar un informe al MSP, el cual podrá desplazar a las autoridades si considera que existe un “grave desorden administrativo, contable o asistencial que ponga en riesgo la atención de los afiliados”.
Medidas de lucha
En la tarde del martes, el sindicato de Casmu resolvió un paro de 24 horas para este miércoles y definirá en una asamblea general que comenzará a las 11 si ocupa la institución.
Aunque viene perdiendo afiliados, la mutualista atiende a casi 180 mil usuarios y es la tercera más grande del país (llegó a ser la segunda). Trabajan 3 mil médicos y tiene 4 mil funcionarios. A su vez, hay 300 trabajadores en seguro de paro.
En las reuniones, el gobierno transmitió que no habrá modificaciones al personal y que en caso de disponer reestructuras serán conversadas con los gremios.
Más allá de lo que resuelvan los trabajadores de Casmu, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) también tiene en carpeta una serie de medidas. El sindicato tiene aprobado un paro de 24 horas y su secretario general, Jorge Bermúdez, dijo a El Observador que las medidas del gobierno están siendo como “fumar adentro de una garrafa”.
