El Ministerio de Salud Pública publicó un decreto con las nuevas facultades de los interventores del Casmu
Tal como lo había anunciado la ministra de Salud Pública, Karina Rando, el Poder Ejecutivo aumentó las potestades que tienen los tres interventores de la mutualista Casmu.
Mediante un decreto firmado este lunes por Beatriz Argimón –que ocupó interinamente la Presidencia por un viaje familiar a Estados Unidos de Luis Lacalle Pou–, el gobierno estableció que los interventores deberán emitir un “informe favorable” para que los ministerios de Economía y Salud Pública autoricen la “emisión de las garantías necesarias” que permitan los “desembolsos del préstamo bancario” solicitado por Casmu y aprobado mediante una ley en el Parlamento. El préstamo asciende a US$ 56 millones.
Los interventores también podrán “requerir” cualquier tipo de información que necesiten y están facultados a denunciar los impedimentos u obstaculizaciones ante el MSP, dice el literal A del primer artículo.
También podrán informar al ministerio de “cualquier situación” que entiendan relevante y dar informes a la Comisión de Seguimiento y el Parlamento ya sea por “iniciativa propia o ante su requerimiento”.
A su vez, el decreto señala que podrán hacer sugerencias para que no se “asuman, renueven o paguen” obligaciones que no se ajusten a lo dispuesto en el “plan de reestructuración” o comprometan el “equilibrio” económico-financiero de la institución.
Casmu es “uno de los principales prestadores” del sistema de salud. En abril de 2024 su padrón social ascendía a los 179.912 usuarios.
La intervención comenzó a fines de julio y fue sin desplazamiento de autoridades. Los interventores designados por el gobierno son Gerardo Lorente (abogado), Juan Carlos Simonelli (contador) y Sandra Lorenzo (médica). Todos tienen vinculación con el oficialismo aunque varía su experiencia dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
A fines de setiembre deberán elevar al MSP un primer informe con un “diagnóstico de la situación”. A partir de esa fecha, el gobierno podrá desplazar a las autoridades si observa que existe un “grave desorden administrativo, contable o asistencial que ponga en riesgo la atención de los afiliados”.
Al asistir al Parlamento en julio, Rando dijo que la mutualista buscaba un primer desembolso de US$ 28 millones para pagar salarios y cancelar una deuda con la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN).
El segundo desembolso, de más de US$ 28 millones, estaba previsto para enero de 2025 y también se usaría para salarios, cancelar deudas con Geocom, ALN y CEFA (la cámara de especialidades farmacéuticas) y continuar implementando el programa de gestión SAP.
