El jueves 1° de agosto los tres interventores designados por el Poder Ejecutivo comenzaron a trabajar en el Casmu y el objetivo es que tras los primeros diez días realicen una “overview” general y a los dos meses un informe con mayor profundidad. Gerardo Lorente (abogado), Juan Carlos Simonelli (contador) y Sandra Lorenzo (médica) conviven con la directiva y tienen como objetivo equilibrar el rumbo económico de la mutualista.
El Casmu tiene veedores del MSP desde 2021 y desde entonces el Poder Ejecutivo conoce la situación de la mutualista. Sin embargo, lo que desencadenó la intervención fue que solicitaron más dinero y que reconocieron públicamente que no tenían capacidad de liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras en los próximos 180 días. Así lo informó la ministra de Salud Pública, Karina Rando, ante la comisión de Salud integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.
Rando junto con autoridades del Ministerio de Economía comparecieron ante la comisión del Senado para explicar los motivos por los que el gobierno entiende necesario un proyecto de ley para que Casmu acceda al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las mutualistas. El proyecto enviado al Parlamento establece que “por única vez” y de forma “provisoria” se le concede al Casmu el acceso a ese fondo.
La ministra explicó que el objetivo del proyecto es buscar una “solución consensuada” a la situación actual del Casmu, el tercer prestador más grande del país (con 180 mil socios), que está en una “grave situación económica y financiera”.
“Atento a la importancia que tiene que este prestador de salud continúe funcionando y prestando asistencia médica, la cantidad de trabajadores involucrados, la falta de garantías suficientes, la gravedad del caso en cuestión, la reiteración de solicitud de accesos, el riesgo de que el Estado no vuelva a cobrar el dinero y la urgencia con la que se requiere el financiamiento fueron los fundamentos que motivaron al Poder Ejecutivo a presentar el proyecto de ley ante el Parlamento, a los efectos de encontrarle una solución consensuada a una problemática que es de interés no solo del Sistema Nacional Integrado de Salud sino del país en su conjunto”, dijo Rando según consta en la versión taquigráfica.
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Karina Rando en su asunción al frente del MSP
Leonardo Carreño
Potestades especiales
En un contexto de intervención sin desplazamiento de autoridades, al gobierno le preocupa el control que puede llegar a tener sobre los recursos económicos que reciba la mutualista (pidió un fideicomiso por US$ 56 millones) y por eso busca la forma de aumentar las potestades de esos interventores.
“Estamos totalmente de acuerdo con ustedes y tuvimos la misma preocupación: ¿qué certeza vamos a tener de que le demos los recursos a alguien que los va a utilizar de buena manera?”, planteó Rando ante los legisladores y prosiguió: “Estuvimos pensando diferentes opciones”.
El Ministerio de Salud Pública tiene un borrador de decreto de lo que podría hacer en caso de que se apruebe darle más recursos a la institución. “Entonces sería una intervención sin desplazamiento de autoridades, pero con atribuciones especiales”, dijo Rando y aseguró que piensan darle esas atribuciones mediante un decreto pero que si el Parlamento lo entiende pertinente podría ser por ley.
¿En qué consisten esas potestades especiales? La idea del gobierno es que todas las obligaciones –renovación de contratos, pagos dispuestos– sean oportunamente aprobados por los interventores. “Es decir, la idea es que antes de que se pueda realizar un gasto con el dinero otorgado, tiene que tener un visto bueno”, dijo y agregó que lo mismo correría para inversiones.
Actualmente, el decreto que regula este tipo de intervenciones establece que pueden “inspeccionar y comprobar documentación, auditar la contabilidad, inspeccionar comprobantes y participar de reuniones ordinarias y extraordinarias”. Este último punto es una de las principales diferencias con los veedores que estaban en Casmu desde 2021.
“En estos cuatro días que han estado yendo, ya hemos visto cosas que no se habían podido ver con los veedores”, aseguró Rando. Además, dijo que con la intervención tienen acceso a todos los sistemas informáticos lo que hace que los datos sean “mucho más confiables”.
La ministra también señaló que la posibilidad de desplazar autoridades sigue sobre la mesa porque, recordó, si no se está “conforme o no se puede obtener la información” en cualquier momento del proceso se pueden desplazar las autoridades.
Rando también informó que en las últimas dos semanas el Casmu realizó cuatro despidos. Además del gerente financiero Ignacio Labat (que había entrado hacía dos meses con un proyecto de cambio y mejora de gestión que quedó trunco), también fueron removidos tres contadores.
La defensa de los salarios
Los tres interventores designados por el gobierno tendrán un salario de $ 380 mil mensuales más IVA que deberán ser abonados por el Casmu. Que esos salarios tengan que ser pagados por la mutualista fue cuestionado por el senador del Partido Nacional,¿ Sergio Botana.
“Para una institución que está en una situación vulnerable, este médico es un poco caro. Estamos hablando de $ 380.000 más IVA que tiene que afrontar la institución, y eso multiplicado por tres. Sinceramente me deja mis dudas”, dijo según consta en la versión taquigráfica.
Sin embargo, la ministra defendió el monto y dijo que está especificado que se debe calcular a partir de lo que cobran los directivos de la institución. “Todos los directivos cobran mucho más que esto, y además cobran como trabajadores médicos. O sea que realmente nosotros hicimos una rebaja muy importante de lo que la normativa sugiere pagarles a los interventores”, dijo.
¿Conjunción de intereses?
Rando también anunció que recibieron una denuncia por conflicto de intereses en la que se plantea que hay “testaferros dueños de empresas tercerizadas que tienen vinculación funcional a Casmu”. Si bien no dio más detalles, ante la consulta de si había sido una denuncia anónima, la ministra aclaró que no.
