El Ministerio de Salud Pública presentó este miércoles un resumen de los informes que realizaron los interventores designados por el Poder Ejecutivo en la mutualista Casmu y elevó los documentos a Fiscalía para que investiguen el accionar de la empresa. Sin embargo, descartó desplazar a las autoridades de la institución pese a los pedidos de distintos actores del sistema político y médico de tomar medidas más drásticas.
Incluso, la decisión de las autoridades de la cartera de salud sorprendió a algunos legisladores del Frente Amplio que cuestionaron a la ministra Karina Rando cuando compareció ante la comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores el miércoles 4.
“Pero lo que me preocupa –y la pregunta que yo hago va en ese sentido– es que acá ha habido graves denuncias y se han constatado graves irregularidades por parte de los interventores, y también veo que esto ha pasado –usted lo ha dicho, señora ministra– a la Fiscalía, pero no me queda claro por qué la decisión que ustedes han tomado es continuar una intervención sin ningún tipo de medida un poco más enérgica. Es una pregunta que hago con mucho respeto. Si bien ustedes tienen toda la autoridad, me preocupa, porque quedé desconcertado con eso”, dijo el miércoles en el Parlamento el senador del Frente Amplio Uruguay Russi, suplente de Silvia Nane.
El informe presentado por Rando señala un sinfín de presuntas irregularidades por parte de las autoridades del Casmu que van desde desvíos a normativas vigentes e incumplimientos estatutarios a apartamientos al Reglamento de Compras así como otras observaciones en adquisiciones y pagos que implican “perjuicios para la mutualista”.
El diputado del Frente Amplio Luis Gallo también cuestionó a las autoridades del MSP por no tomar medidas y cuestionó que desde hace dos años están “monitoreando la situación”. “Lo dijimos oportunamente que había que tomar medidas drásticas, primero con la intervención y luego con desplazamiento de las autoridades”, dijo en diálogo con El Observador.
Gallo asegura que existen “fundamentos legales” para el desplazamiento de autoridades y señaló que actualmente el Parlamento no tiene control sobre el fideicomiso votado en ese mismo lugar y apuntó a las autoridades de la institución por no “respetar las decisiones de los interventores”.
Sin embargo, el MSP tiene una visión distinta y si bien la ministra reconoció que lo estuvieron “meditando”, Rando entiende que la normativa no avala un desplazamiento de autoridades.
“La normativa para el desplazamiento de autoridades dice lo siguiente: «los desequilibrios de importancia que presente una Institución de Asistencia Médica Colectiva en su normal funcionamiento serán determinados, caso a caso, cuando se constate» –acá viene la parte importante– «un desfasaje económico - financiero de tal magnitud que a juicio del Ministerio de Salud Pública tenga como consecuencia ineludible» –es decir que no haya otra opción–, «en un corto plazo, el decaimiento de la atención asistencial normal que tales instituciones deben prestar a sus afiliados». Eso no lo tenemos comprobado”, dijo según consta en la versión taquigráfica.
Para la ministra “hoy en día” el MSP “no tiene los elementos” para decir que en el corto plazo Casmu “no va a poder seguir funcionando”. “Está endeudada y solicitando préstamos, pero no podemos decir fehacientemente que esto se cumple”, dijo.
Incluso el resumen que el MSP hizo de los informe de los interventores hace mención a la posibilidad de un riesgo asistencial. "Si las autoridades de CASMU no toman responsablemente medidas de reducción del gasto, para lograr un equilibrio económico, el desfinanciamiento continuará aumentando, las necesidades financieras también lo que colocará a la institución en situación de riesgo asistencial inminente”, dice el informe.
El reclamo médico
La agrupación opositora a la dirección del CASMU decidió que buscará realizar un llamado a una asamblea extraordinaria resolutiva así como también presentarán una denuncia en la Comisión Fiscal para que realice una investigación interna.
En esa asamblea extraordinaria, el objetivo es presentar una moción para desplazar por el presidente Raúl Rodríguez, la vicepresidentan Andrea Zumar y el secretario general Juan José Areosa.
Para llegar a ese punto, la oposición debe juntar unas 400 firmas (el 10% del padrón) para poder convocar a una asamblea extraordinaria resolutiva y allí presentar la moción que puede ser aprobada por mayoría simple en una votación que es a mano alzada, según explicó a El Observador el vocero de la agrupación El Casmu que queremos, Domingo Beltramelli.
Más allá de los reclamos y de la respuesta del MSP, la ministra informó que van a continuar con la intervención porque la situación es “dinámica”.
“Lo que vamos a hacer nosotros es continuar la intervención, porque esta es la situación de hoy, pero, como todos sabemos –ustedes se están enterando en este momento y nosotros lo hicimos hace un tiempo–, esta situación puede ser dinámica y puede ser que en un tiempo tengamos otra situación que amerite otra toma de decisiones, o sea que nosotros no vamos a retirar la intervención; la intervención va a continuar”, sentenció Rando.
