La crítica situación financiera que tenía el Casmu llevó al Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2024 a definir su intervención con el objetivo de mejorar sus cuentas y mantener la calidad asistencial.
La decisión fue tomada inicialmente por un año, pero las nuevas autoridades resolvieron prorrogarla hasta agosto de 2026 a la espera de poder determinar si las medidas de ahorro dispuestas por la nueva directiva que triunfó en las elecciones de setiembre tenían efecto.
Con este panorama como telón de fondo, en los últimos días el equipo de gestión encabezado por Domingo Beltramelli presentó ante la comisión directiva los resultados del primer semestre (octubre a marzo), los cuales arrojaron un resultado operativo de $144.151.170 (unos US$ 3,6 millones).
La cifra representa un 2,1% de los ingresos y significa un cambio respecto al semestre anterior cuyo resultado fue de -$13,9 (unos US$ 350 mil).
En marzo, El Observador informó que el ejercicio de 2025 de la mutualista –el último año de la administración de Raúl Rodríguez– cerró con un rojo de US$ 26 millones. El balance y el informe de la Comisión Fiscal fueron aprobados por una asamblea de socios el mismo día en que el nuevo consejo directivo presentó su plan de reestructura.
En una conferencia de prensa en ese entonces, Beltramelli señaló que habían asumido con el mandato de ordenar las cuentas y eliminar las ineficiencias. “Hemos reducido el déficit operativo mensual en aproximadamente un 50% en los 5 primeros meses”, expresó y aseguró que hicieron “ajustes significativos” a nivel gerencial y cargos de confianza que permitieron ahorros superiores a los US$ 400 mil mensuales.
La gerenta financiera María Ana Porcelli agregó que han “bajado las cifras de los intereses de forma importante” y están “regularizando algunos créditos”. “Creemos que en pocos meses podremos reperfilar (las deudas) y salir de esa situación”, subrayó.
El plan de reestructura financiera, al que accedió El Observador, consta de tres acciones clave.
En primer lugar se plantea implementar un sistema centralizado de compras y renegociar con proveedores para mejorar los plazos de pago, eliminar sobreprecios y optimizar la cadena de suministro. También se busca implementar un sistema de control interno, auditoría de procesos y un “plan de austeridad” que reduzca gastos no asistenciales.
Por último, se propone la gestión de un “instrumento financiero robusto” para canjear deuda de corto plazo (con intereses altos) por deuda estructurada de largo plazo, aliviando la "presión financiera inmediata". Sobre este instrumento, el plan habla de un “fideicomiso con garantía estatal”.