Para ser aprobado debería superar el 75% y con eso Goldring podría presentarlo a Fiscalía con el fin de intentar cerrar el caso penal y evitar el juicio.
Apercibimiento de la jueza a abogada y cuestionamiento por “actitud desleal”
El debate por la prueba propuesta por Regules ya había empezado en la audiencia anterior, realizada por el 9 de junio. Ese día, la abogada pidió que se solicitara información a la Liga de Defensa Comercial (Lideco), al Banco Central del Uruguay (BCU), a la Bolsa de Valores de Montevideo y a Estados Unidos, al banco Jefferies LLC, donde Goldring operaba. Sin embargo, otro defensor de víctimas, Eduardo Sasson, planteó que esas solicitudes dilatarían el juicio innecesariamente y la jueza la rechazó, ante lo que la abogada apeló.
Por eso y por otras pruebas pedidas por la abogada que motivaron el debate, la jueza le dio plazo hasta esta audiencia para que ordenara sus planteos y se los enviara a la fiscalía y a la defensa de Goldring, integrada por los abogados Domínguez y Gonzalo Fernández.
Los abogados de víctimas tienen derecho a pedir prueba en el juicio y el momento para hacerlo es el control de acusación pero lo hacen como coadyuvantes de la fiscalía, por lo que los planteos deben ir en línea con la acusación, que en este caso fue por el delito de apropiación indebida.
Sin embargo, la prueba que propuso Regules ampliaba el objeto de la fiscalía. Al proponer a su primer testigo, la abogada señaló que declararía sobre el saldo negativo de su cuenta, producto de operaciones de opciones no autorizadas, sobre las explicaciones que le fueron dadas para justificar esas pérdidas, y también sobre si las comisiones por su cuenta incluían IVA y si recibió factura por dichos conceptos.
Eso llevó a Domínguez a objetar la prueba: “La doctora claramente va por una línea de ampliación de denuncia que ya fue presentada y se habilitó una segunda investigación por un delitos de defraudación vinculado con una maniobra de delito de lavado. Para mí excede la teoría del caso e incluso va a contramano de la teoría de fiscalía”.
“Así no se puede ejercer la defensa, atenta contra derecho de defensa. Se le dio un plazo para hacer el discovery (descubrimiento de prueba que hay que mostrar antes del juicio), no para cambiar los objetos del interrogatorio. No le deja más remedio a la defensa que plantear celosamente su oposición a esto”, afirmó el defensor.
El fiscal del caso Enrique Rodríguez le dio la razón al defensor y admitió que en su fiscalía se tramita una nueva investigación donde se incluye posible defraudación tributaria, posible lavado y responsabilidad de bancos de EEUU. Agregó que en el escrito que presentó Regules dijo otra cosa sobre el objeto del interrogatorio a la testigo, ya que mencionaba que declararía sobre saldos negativos y ocultamiento de la deuda mediante estado de cuentas falso, lo que sí “va en concordancia con los hechos descritos en la acusación de la fiscalía”, dijo.
“La voy a tener que apercibir a que por favor se mantenga en la línea de lo que ya presentó”, le dijo entonces la jueza a la abogada. “Pedimos coherencia con lo que está manifestando. Le dimos la oportunidad para que usted pudiera sanear algunas cuestiones procesales que parecía que no había entendido… A esta altura no sé si usted no entiende o está actuando con otra actitud", le reprochó la jueza.
La abogada aclaró que cuando presentó la denuncia no había tenido acceso a la carpeta de la investigación por eso luego sumó otros hechos.
Finalmente, aclaró que lo del IVA era en referencia a demostrar que hubo intención de “maquillar” y ocultar ante lo que la jueza aceptó la prueba.
Otro cuestionamiento de la defensa surgió cuando la abogada quiso introducir un balance de cuentas de las empresas de Goldring que no pudo explicar cómo obtuvo. Aunque había acordado con la fiscalía consultar a quién se lo dio si estaba dispuesto a declarar en juicio, Regules dijo que la persona tenía “miedo a represalias”.
Domínguez volvió a objetar la prueba y expresó: "Me tiene un poco molesto ir cambiando en la marcha, a ver si lo podemos meter por acá o por allá".
Tras discutir las partes varios minutos, la jueza zanjó por rechazar la prueba por su dudosa procedencia. "Me está dando a entender que esa prueba no fue obtenida de manera lícita. Usted misma me dice que lo obtuvo no por los carriles correctos sino de una persona que lo obtuvo. Es información de bajísima calidad que roza lo ilegal", cuestionó.
El otro gran debate surgió cuando la abogada propuso la declaración en juicio de un abogado y contador que había realizado a pedido de ella un reporte y que estaba presente en la audiencia, algo que el proceso penal no admite, ya que quienes declararán en juicio no deben participar de las etapas previas, con excepción de las víctimas, por lo que se retiró de la audiencia.
Pero lo que volvió a enfurecer al defensor fue que la pericia era sobre "la discordancia técnica sobre la calificaciónjurídica del Ministerio Pública dejando constancia sobre los hechos nuevos y la defraudación fiscal como precedente del lavado de activos".
La fiscal adscripta Andrea Graña coincidió y dijo que era “hasta incompatible” con la teoría del caso de la fiscalía.
Regules rebatió que más allá de la defraudación fiscal, el informe tenía “otros descubrimientos” que sí guardaban relación con el objeto de la fiscalía, por lo que le parecía "manifiestamente útil" incluirlo en ese sentido.
El titular de la fiscalía agregó que no se puede partir en partes un informe.
Luego el fiscal Rodriguez dijo que lo propuso como prueba "para poder exhibir el ocultamiento tecnológico del valor mensual de las comisiones cobradas al cliente", lo que iba en línea con lo que "la fiscalía mencionó en la acusación sobre que Goldring siguió cobrando comisiones, inclusive cuando había saltado el problema", por lo que si se ceñía a eso, no se opondría.
No obstante, la jueza entendió que era manifiestamente impertinente ese documento para el objeto del juicio. Regules apeló y objetó la "desigualdad de armas". "La víctima tiene derecho y esto es una flagrante violacion de igualdad de armas".
Frena a otros planteos que la jueza sí aceptó, Dominguez ironizó con que iría a Carlos Gutiérrez a comprarse "una tostadora" porque allí tendría "más garantías que acá".
Ante su queja la jueza admitió que se había sido "demasiado complaciente a los intereses de la doctrina representados por la doctora" y cuestionó que "se portó en forma desleal pero la prueba que no iba acorde con el objeto, se rechazó".
"Ha sido una audiencia particular, de una forma a la que no estamos acostumbrados", concluyó Olivera.
La prueba propuesta por la defensa
En el último tramo de la audiencia Domínguez enumeró la prueba propuesta por la defensa que incluirá como testigo al abogado de Goldring en lo civil, Ricardo Olivera García, quien declarará sobre el comportamiento de Goldring, respecto a las comunicaciones y escritos oportunamente presentados ante el Banco Central del Uruguay dando amplios detalles, la propuesta de un Acuerdo Privado de Reorganización ante la Liga de Defensa Comercial (designada interventor de CVM por el Banco Central) y sus resultados.
La fiscal Valeria Bovio, del equipo de Litigación de Fiscalía, planteó que accederían a que declare pero no como testigo sino como prueba documental que será explicada por Olivera.
A su vez, Sasson señaló que no compartía que se adjuntara como prueba el APR por ser un hecho posterior al juicio ya que surgió el año pasado, reafirmó que lo que se discutirá es si existió apropiado indebida.
Luego Domínguez señaló que se sumaría la circular del BCU que emitió recientemente sobre el uso de cuentas globales por parte de intermediarios de valores, para demostrar que cuando ocurrieron los hechos las cuentas ómnibus no estaban reguladas. Acordaron que cuando declaren los testigos de la Fiscalía que son el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, y otros integrante de su equipo, se les preguntará sobre esa normativa también por parte de la defensa.
Otras pruebas acordadas con la fiscalía son varias notas periodísticas de publicaciones especializadas en negocios bursátiles del año 2022 para demostrar que fue "el peor año de la historia de los mercados", como se titula uno de esos artículos, así como información del Banco Central y de Lideco, de donde surge que Goldring aportó de su patrimonio US$25 millones.
La teoría de la defensa es que Goldring no cometió un acto de apropiación, ni activa ni omisiva sino que fue "la crisis bursátil que despeñó la ejecución de los puts (inversiones de riesgo), lo que afectó las inversiones contenidas en la cuenta", como plantearon al contestar a la acusación de fiscalía.
