Los empleados indios "no estaban sometidos, no se les vulneró su libertad, no fueron obligados a realizar trabajos forzosos que vulneraran su dignidad humana, como así tampoco se los engañó respecto a las tareas que iban a realizar en Uruguay ni al salario que percibirían", concluyó la fiscalía luego de analizar por segunda vez la carpeta investigativa de la denuncia que dos trabajadores indios presentaron por trata con fines de explotación laboral contra la dueña del restaurante Moksha, Aparna Soni.
La fiscalía a cargo de la fiscal Silvana Mastroianni revisó el archivo de la denuncia de su colega, María Sigona, y confirmó que no hay pruebas de que se haya cometido el delito denunciado.
“Tras considerar las pruebas no se puede concluir con la convicción necesaria, la participación de Soni en el delito de tráfico de personas con fines de explotación laboral y mucho menos de su pareja, Abhishek Bhuyuna, de quien no surge ningún elemento por el momento de la posible participación en la trata denunciada”, afirma el dictamen de archivo al que accedió El Observador.
La fiscalía señaló que "no surge que se hubieran beneficiado de forma excepcional con la contratación de los denunciantes" ya que Soni tenía una deuda hipotecaria por el apartamento en eI que se domicilia y deudas por los dos restaurantes.
Si bien los denunciantes afirmaron que trabajaban más de 12 horas por día en los restaurantes de Punta Carretas y Ciudad Vieja, que dormían en el suelo en el depósito del local comercial, otros testigos desmintieron esas afirmaciones. La fiscalía mencionó que hubo otros tres trabajadores indios que trabajaban en el local de Ciudad Vieja y que declararon que trabajaban unas 8 o 9 horas de trabajo; "que descansaban entre las tareas que debían desarrollar en los dos restaurantes", "que ganaban entre 30.000 y 50.000 rupias por mes según el caso y las tareas que desarrollaban, que dicho dinero se lo depositaban en sus cuentas o la de sus familias, que siempre les pagaron, que además podían comer todo lo que quisieran en los locales donde trabajaban (con acceso ilimitado),que les otorgaron prendas de uniforme (remeras y calzado), que además les pagaban el dinero de la propina y que en el lugar donde pernotaban habian cuatro camas,es decir dos cuchetas".
Uno de los testigos contó que "una de las personas indias se domiciliaba junto a la Sra. Soni en el domicilio de ésta (...) ya que en eI restaurante no habia más lugar y que unicamente se quedaba alli cuando llovía puesto que se trasladaba en bicicleta".
También afirmaron que tenían un dia libre por semana, que la carga horaria no siempre era la misma, que tenían acceso a su dinero, que tenían comunicación con sus familias y que tenían consigo su documentación, salvo en el caso de uno de los trabajadores que tenía el pasaporte Soni porque le realizaría los trámites relativos a la expedición de su cédula de identidad.
Además, la fiscalía evaluó que todas las declaraciones "se hicieron en presencia de su defensor, con el acompañamiento de los profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos de la FGN, por lo que no puede concluirse que las declaraciones vertidas por los testigos,no se ajuste a la verdad".
El fiscal Anton García del equipo de Mastroaianni afirmó que "se comparten las consideraciones de la anterior titular en cuanto a que si bien se trata de condiciones precarias, no por ello significa que se traten de condiciones infrahumanas".
"No es cierto y no surge de la evidencia recolectada ni de sus propias declaraciones, que no tuvieran donde dormir y mucho menos que lo hicieranen el suelo. Todos los empleados indios del restaurante, incluso los denunciantes, manifestaron que habia una cama para cada uno (dos cuchetas), que tenían lugar para guardar sus cosas, que tenian puerta,que habia dos baños y uno de ellos con ducha y que no se les cobraba nada extra de su salario por vivir alli", resumió el fiscal.
Uno de ellos dijo que "en Uruguay ganaba casi el doble que el salario que recibía en la India, las tareas que iban a realizar en Uruguay, las conocían de antemano".
Si bien señaló que pueden existir "incumplimientos a la normativa laboral", los trabajadores "estaban registrados en el BPS, con algunas salvedades que fueron detalladas por las instituciones referidas". "Que exista incumplimiento de las normas laborales,no siempre implica que estemos ante un delito de trata de personas con fines de explotación laboral", concluyó.
