La defensa del exsenador Charles Carrera pidió a la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera suspender la audiencia prevista para este miércoles. Esa instancia se fijó a pedido de la fiscal Sandra Fleitas, quien pidió la imputación del exlegislador al argumentar que fue responsable del uso irregular del Hospital Policial por parte de un civil.
En el escrito al que accedió El Observador, el abogado Juan Manuel González Rossi argumentó que Carrera se encuentra "en indefensión tras ser el blanco de una investigación completamente sesgada" ya que la fiscal Sandra Fleitas tiene una clara “enemistad” política con el imputado, "claro actor político, como exsenador de la República del partido político adversario".
En ese sentido, el defensor sostuvo que para precaver eventuales nulidades" se le pide a la jueza que haga uso de "las potestades de dirección y ordenación del proceso" y suspenda la audiencia "hasta tanto estén dadas las garantías necesarias para continuar últimamente estas actuaciones".
La fiscal pidió la imputación de Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. A juicio de Fleitas Carrera procedió "con engaño en los actos en los que debía intervenir por razón de su cargo y le provocó un daño a la Administración en beneficio de un tercero".
"Investigación totalmente parcializada" y "adversaria del Frente Amplio"
En el escrito presentado a la jueza, la defensa de Carrera reiteró que "Fleitas ha tenido manifestaciones públicas que denotan una clara filiación política, y afinidad ideológica con los partidos y las posiciones políticas de los partidos de la coalición de gobierno durante el período 2020 –2025".
Insistió en que "van tres años de investigación, un pedido de desafuero en fechas previas a las elecciones nacionales y bajo insólitas circunstancias que demuestran que se trata de una investigación totalmente parcializada".
En el escrito sostuvo que presentó un pedido de recusación a la fiscal anterior del caso, Silvia Porteiro, que no fue aceptada. "Sin embargo, el mismo día en que se resolvió rechazar la recusación, se dispuso el traslado a otra sede de Silvia Porteiro, y la designación de Sandra Fleitas como titular de la sede. Todo esto, que ya es grave de por sí, se ve magnificado por el hecho de que según trascendió, la Dra. Porteiro, le había solicitado su abstención del caso".
Sobre Fleitas señaló que "su actividad en redes sociales y en declaraciones públicas denotan su total falta de imparcialidad y la ubican desde ya, como una adversaria política del Frente Amplio". "Estos elementos que se relevan, dan cuenta de su falta de objetividad para analizar las circunstancias del caso que investiga (en 10 días hábiles), por lo que se impone su apartamiento de esta investigación", insistió Carrera.
González Rossi pidió que el sistema de justicia "actúe de manera armónica y no se generen actuaciones contradictorias o viciadas" y citó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sostenido al respeto que el demandado debe tener “una oportunidad razonable de presentar su caso ante la Corte bajo condiciones que no lo ubica en una desventaja sustancial, vis a vis, frente a su oponente”.
Sobre su caso concreto, argumentó que "no existe en los hechos una razonada posibilidad de comparecer a ejercer una legítima defensa en juicio, teniendo como contraparte una Sede fiscal que ha sido recusada por los motivos expuestos y que en abuso de sus funciones ha cambiado diametralmente los fundamentos de la imputación".
