La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas pidió la imputación del exsenador Charles Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. La audiencia ya fue fijada para el 11 de junio pero su defensa planteó que recusará a la fiscal por el pronuncimiento exprés, en diez días, en una causa que es muy compleja.
A juicio de la fiscal, según consta en el dictamen al que accedió El Observador, Carrera procedió "con engaño en los actos en los que debía intervenir por razón de su cargo y le provocó un daño a la Administración en beneficio de un tercero".
"Como ordenador de gastos, en el ejercicio de su cargo de director general del Ministerio del Interior y actuando dentro de sus competencias dio la orden verbal a personal de la unidad ejecutora Dirección Nacional de Sanidad Policial de que el Sr. Víctor Hernández (...) fuera ingresado al Hospital policial. A tales efectos esgrimió que se trataba de “una autorización especial a usuarios"", escribió Fleitas.
Fleitas asumió en la fiscalía de Delitos Económicos de segundo turno hace 15 días, luego de que Silvia Porteiro, la fiscal que tenía el caso Carrera y pidió su desafuero al Parlamento fuera recusada por Carrera y ella misma pidiera ser trasladada de esa sede.
Al tomar conocimiento del cambio de fiscal el defensor de Carrera, Juan Manuel González Rossi le pidió una reunión a lo que la fiscal le informó que estaba estudiando el tema y que en unos diez días se comunicaría con él. Según contó el defensor en rueda de prensa este lunes, esos diez días se cumplieron jueves o viernes y este lunes al mediodía recibieron la notificación de la imputación lo cual lo sorprendió mucho.
El abogado dijo que recusarán a la fiscal Fleitas y pedirán el apartamiento del caso, ya que es "alarmante" que le pida la formalización de la investigación por otras tres figuras penales que no fueron por las que él se defendió.
Más temprano Carrera indicó en sus redes que también evalúan presentar una denuncia penal contra Fleitas. "Esto no solo se trata de mí —y del caso armado como venganza por haber denunciado la entrega del puerto— sino de las garantías que todos los ciudadanos debemos tener ante el accionar de los fiscales”, afirmó y agregó que ocho académicos “presentaron decenas de argumentos, que demostraron que este caso no tiene sustento jurídico”. “Fleitas atropella y vulnera mis derechos al solicitar una medida en un tiempo irracional y por argumentos totalmente diferentes a los que motivaron la solicitud de desafuero”, añadió.
Los argumentos de Fleitas
Fleitas hizo hincapié en que Hernández "fue ingresado falseando su ocupación ya que fue necesario por tratarse de un particular, otorgarle el cargo del escalafón de la carrera policial, de Sub Oficial AYTE, hecho que fue reconocido por el imputado argumentando que su accionar se debió a que considero la vulnerabilidad del núcleo familiar, que a su criterio no podría sustentarse sin el apoyo en la capital, para continuar con la rehabilitación que debía recibir".
Desde su ingreso al Policial el 24 de julio de 2013, Hernández permaneció internado en el Hospital Policial donde recibió distintos tratamientos y prestaciones que al año 2022, fecha en la que se hace la denuncia por parte del entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, "signifcaron un daño patrimonial para el Ministerio del Interior equivalente al monto mensual de unos U$S 1000, que harían un total de U$U 260.350.
La fiscal alegó que la normativa indica que esos tickets tienen una finalidad específica, ya que se trata de una partida anual única que se entrega por concepto de “canasta de fin de año", a personal policial del Ministerio del Interior, que se paga por Tesorería a dichos funcionarios en la ventanilla de dicha oficina.
Fiscal Sandra Fleitas
Foto: Inés Guimaraens
En este caso "se le entregaron por el departamento de Tesorería a estas personas, todas ellas civiles, sin ningún vinculo con el Ministerio del Interior... Ese documento público al que hacemos referencia es falso, por su contenido",dijo la fiscal.
"Debido a que Carrera al firmar dicho documento dio fe de hechos imaginarios, los que se constituyen por dejar constancia del pago de la suma de dinero referida a una persona que no era funcionario... En consecuencia, no podía ser destinatario del pago de dicha partida un civil, ya que por disposición legal, solamente la podía percibir un funcionario del Ministerio del Interior, habilitado por la norma correspondiente", alegó Fleitas.
En su escrito que entregó a la Justicia para pedir la audiencia, la fiscal insistió en que Carrera "procedió con engaño, al dictar un acto - en forma verbal,-ordenando el ingreso de Victor Hernández al Hospital Policial -cuando el mismo no reunía los requisitos para poder recibir asistencia" para lo cual "fue necesario falsear su ocupación, diciendo que el mismo era policía".
Agregó que tampoco existe ninguna documentación del Ministerio del Interior, del Departamento de Sanidad Policial,ni del propio Hospital policial, que justifique el ingreso de dicho civil a tal institución, por provenir de algún convenio con algún centro de salud de Montevideo o del Interior, que pagara por esa asistencia a dicho particular.
"La conducta del imputado de proceder con engaño, se comete mediante la comisión de un delito de falsificación ideológica de funcionario publico en un documento publico - donde mintió respecto a la ocupación de Hernández en la historia médica de dicho nosocomio-que es un documento público-", dijo Fleitas.
El caso y las pruebas
Carrera renunció al Senado en setiembre luego de que Porteiro pidiera su desafuero y anunció que en caso de ser electo senador, iba tercero en las listas del MPP, no asumiría. Pasados los meses, la fiscal no se pronunciaba sobre su imputación por lo que presentó reiterados recursos y pruebas, entre las que figuraron opiniones de ocho juristas que señalaron que no había delito en su actuación. Esas opiniones no fueron mencionadas por Fleitas en su dictamen.
A modo de ejemplo, tres informes jurídicos de especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional que avalan que lo hecho por el entonces jerarca del Ministerio del Interior, no existió arbitrariedad ni desviación de poder y tampoco dolo, fundamental para que se configure delito.
Uno de ellos fue el profesor emérito de la Facultad de Derecho (UdelaR), director de la Especialización y Maestría de Derecho Administrativo y Gestión Pública (UdelaR), Carlos Delpiazzo quien opinó que la asistencia gratuita en el Hospital Policial, así como el otorgamiento de tickets de alimentación por el valor de $ 20.000 mensuales “estuvo justificada en el cumplimiento del deber genérico de reconocimiento constitucional de prevención del daño generado a terceros”.
Concluyó que la asistencia gratuita en el Hospital Policial y las prestaciones complementarias brindadas a Hernández “se encuentran enmarcadas y justificadas en el deber de prevenir y, en su caso, mitigar el daño causado aún antes de que el Estado fuera demandado”.
El profesor agregado de Derecho Administrativo, Miguel Pezzutti, en tanto, dijo que no existió arbitrariedad ni desviación de poder en la actuación de Carrera. Agregó que “actuó cumpliendo un fin público" dentro del marco del artículo 24 de la Constitución que "determina que toda persona pública estatal sea civilmente responsable del daño causado en la ejecución de los servicios públicos y, por ende, queda incluido dentro de su competencia el atender a su resarcimiento”.
Sin embargo, Fleitas no mencionó esos argumentos y se basó en la documentación agregada en el voluminoso expeditente, el testimonio de Carrera ante el Ministerio del Interior, la denuncia del Ministerio del Interior (presentada por Heber en 2022), la denuncia de Hernández, una grabación que el hermano de Hernández le tomó a Carrera, un informe de la auditoría interna del Ministerio del Interior, de fecha 24 de julio de 2014, sobre el uso de tickets, entre otros.
