Representantes del gobierno coincidieron con el punto de vista de Crysol y PIT-CNT
La pensión reparatoria que cobran los ex presos políticos de la dictadura le fue negada a Fleming Gallo, un comunista que una vez preso cambió de bando y colaboró con los militares en la desarticulación de su partido y otros grupos de izquierda.
El pedido fue rechazado en forma unánime por los integrantes de la Comisión por entender que “no se puede sostener válidamente” que Gallo haya sido “víctima del terrorismo de Estado”.
La resolución lleva las firmas de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía, Banco de Previsión Social y de las organizaciones sociales que representan a las víctimas: la asociación de expresos políticos Crysol y el PIT-CNT.
Fue Crysol quien pidió que el caso fuera analizado especialmente, lo que derivó en un pedido de información a Fiscalía, que informó que hoy Gallo tiene acusaciones pendientes.
Gallo estuvo preso entre 1976 y 1979 y entre 1980 y 1982. Lejos de negar su colaboración con los militares, la revindica. En sus años de prisión, participó de “La Computadora”, una dependencia de la Armada donde algunos prisioneros colaboraron con oficiales en tareas de inteligencia y de represión de organizaciones de izquierda.
Hoy Gallo reside en España donde enfrenta un pedido de extradición de la justicia uruguaya, que lo reclama para que responda a la acusación de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de haber participado de detenciones ilegales y torturas, ambos extremos que él niega. En primera instancia las autoridades judiciales españolas rechazaron la extradición, pero el fiscal Ricardo Perciballe ha insistido en su reclamo.
Según la resolución de la Comisión que analiza los pedidos de pensiones que se dan en el marco de la ley 18.033, “Gallo tiene solicitud de captura nacional e internacional pedida por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en más de una causa” y “se encuentra prófugo de la Justicia”.
El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a El Observador que la resolución se basó en un informe de la Fiscalía de Corte donde se certifica que Gallo “está prófugo de la justicia como victimario”.
Para Grisoni, la importancia de este caso radica en que “demuestra la tesis de Crysol de que las organizaciones de la sociedad civil, actuando en forma honoraria, contribuyen a la implementación de las leyes que las conciernen”.
Por su parte, y en comunicación desde España, Gallo consideró injusto el fallo. “Yo fui procesado, condenado y cumplí condena, lo que me pone en situación de acceder a la pensión. La ley no dice que un detenido que colaboró no pueda recibirla. Y tampoco se me ha probado ninguno de los delitos que me achacan. No respetan la presunción de inocencia”.
Según Gallo, “si por haber colaborado se pierde el derecho a la pensión, la mitad de los que están cobrando dejarían de cobrar”.
