El diputado por Paysandú, Fermín Farinha, presentó una denuncia formal ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) contra el Banco de Previsión Social (BPS) por el cese de la gira de pagos en la localidad de Lorenzo Geyres. En el escrito, presentado el 22 de enero, solicitó un análisis urgente de la medida y pidió la adopción de medidas cautelares para suspender su aplicación, prevista para febrero, al entender que vulnera derechos de adultos mayores.
La decisión del BPS afecta a unos 50 jubilados y pensionistas, en su mayoría personas mayores del medio rural, para quienes la jubilación o pensión constituye su único sustento de vida. “La jubilación no es un trámite administrativo: es un derecho humano básico que debe poder ejercerse en forma efectiva, accesible y sin incertidumbre”, sostuvo Farinha.
El legislador advirtió que la eliminación del pago presencial retacea derechos adquiridos, al sustituir un sistema cierto por otro condicionado al funcionamiento de cajeros automáticos, a límites de extracción y a la conectividad, sin garantías reales de cobro íntegro y oportuno.
Farinha señaló que en la localidad de Lorenzo Geyres no existe sucursal bancaria, ni oficinas del BPS ni redes de cobranza, lo que en los hechos obliga a muchos beneficiarios a trasladarse más de 30 kilómetros hasta la ciudad de Paysandú, asumiendo costos económicos, riesgos personales y dificultades físicas. “En nombre de la seguridad, se obliga a personas mayores a viajar kilómetros, exponerse al calor, a fallas del sistema o a depender de terceros. Ese es el verdadero riesgo”, afirmó.
El diputado cuestionó el argumento del BPS sobre la “disminución de riesgos” y sostuvo que la medida no los elimina, sino que los traslada al eslabón más débil del sistema, una situación que se agrava en el medio rural.
“Antes el riesgo lo asumía el Estado; ahora lo asume el jubilado. Eso genera desamparo, angustia e incertidumbre, y es incompatible con una política pública basada en derechos humanos”, remarcó.
Farinha también consideró llamativo el silencio de quienes representan a los jubilados tanto en el Directorio del BPS como a nivel gremial, frente a una decisión que impacta directamente sobre adultos mayores del interior profundo. “Cuando se afectan derechos tan sensibles, el silencio también es una forma de tomar partido”, subrayó.
La denuncia presentada ante la INDDHH se inscribe en la misma línea de la declaración aprobada por la Junta Departamental de Paysandú, votada por todos los partidos políticos y por amplia mayoría, en la que se solicitó dejar sin efecto el cese de la gira de pagos.
Declaración Junta Departamental BPS Gira Pagos
A nivel nacional, Farinha impulsó además un pedido de informes parlamentario y presentó una exposición escrita dirigida al Poder Ejecutivo, al BPS y a distintos organismos, dejando constancia de la afectación de derechos y reclamando la revisión inmediata de la medida. “Este no es un planteo aislado: es una preocupación compartida desde el territorio hacia el nivel nacional”, afirmó.
Ante esta situación, el legislador solicitó a la INDDHH que recomiende suspender cautelarmente el cese de la gira de pagos, mientras se analiza la compatibilidad de la medida con la Constitución y con los tratados internacionales de protección de los derechos de las personas mayores. En Uruguay rige el artículo 67 de la Constitución, que debe leerse en el marco del bloque de constitucionalidad de los artículos 7, 72 y 332, además de la Ley N.º 19.430, que ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
