Según el documento elaborado por la Comisión Afirmá tus derechos, la reforma impulsada en la papeleta "genera condiciones, directas y posibles, para la superación de la pobreza en ambos márgenes de la mayor vulnerabilidad de la vida de las personas", y cuestiona que "es una falacia" plantear que la iniciativa "obliga a elegir entre niñez y vejez".
Los impulsores del plebiscito sostienen que "la eliminación del sistema de AFAP s generaría de inmediato el reingreso de los fondos que anualmente quedan retenidos forzosamente en manos de las entidades financieras que regentean" estas administradoras.
La papeleta propone trasladar los fondos del ahorro individual –estimados en US$ 24 mil millones– a un fideicomiso, similar al que ya se emplea con los cincuentones.
Los impulsores del plebiscito sostienen que sin las AFAP el BPS "rescataría" unos US$ 1.468 millones anuales –equivalentes al 1,7% del PBI– "al cesar la transferencia y en forma paulatina, desde el fideicomiso (...), podría aplicar a su financiamiento el retorno gradual de recursos financieros que, tomando un plazo prudente de 20 años, significarían 1,5 % del PBI anual".
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El discurso del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
Inés Guimaraens.
El documento en manos del PIT-CNT asegura que el presunto "ahorro" se "sostiene", por un lado, en "el cese" de una "transferencia anual aproximada de US$ 500 millones" durante un período "de entre 15 y 20 años" con los que el gobierno debe asistir al BPS para el financiamiento del conjunto de prestaciones que cubre la seguridad social y que van mucho mas allá de las jubilaciones y pensiones".
Por otro lado, el texto elaborado por técnicos del comando de campaña añade a sus cálculos de "ahorro" –en caso de prosperar el plebiscito– la "no aplicación del subsidio encubierto a las AFAP contenido en el artículo 259" de la reforma de la seguridad social del gobierno de Luis Lacalle Pou, con "un costo para las arcas públicas superior a los US$ 5.000 millones". "Algo, esto último, de lo que prácticamente no se ha hablado en la palestra pública, aunque represente un impacto fiscal significativo", reprochan.
"Cambios ante privilegios"
El documento remarca en varias partes que de prosperar la papeleta será una nueva legislatura la que "interpretará" el alcance de las disposiciones del plebiscito, al tiempo que encomienda al Parlamento "la obligación de hacer los ajustes necesarios para su efectiva puesta en práctica y, eventualmente, ordenar una instrumentación que asegure la coherencia sistémica de su aplicación, evitando eventuales consecuencias indeseables".
Los impulsores del plebiscito enfatizan que "solo luego de la reglamentación legal podrá concluirse si son ciertos o no muchos de los supuestos impactos que hoy se dan como verdades inmaculadas en las profecías catastrofistas que buscan infundir un miedo irracional en la opinión pública".
El texto anticipa que ante las nuevas condiciones del futuro podrán hacerse "cambios" ante "privilegios otorgados a quienes más tienen y no generar nuevamente un costo a las espaldas de los trabajadores y jubilados, como aumentar el IVA o los aportes".
En esta línea postulan "revisar" las "inequidades sectoriales en el aporte patronal como en el caso del sector agropecuario" para financiar el déficit y recaudar hasta US$ 50 millones anuales. También refieren a hacer "especial énfasis" desde el BPS "en la erradicación de la evasión", y proponen que "reducir la evasión tributaria de IVA e IRAE en un tercio permitiría una recaudación incremental de U$S 730 millones anuales".
En esta línea refieren además a "reducir progresivamente las exoneraciones fiscales" mediante un estudio que garantice que no habrá impacto en el empleo y la inversión.
Tanto los servicios del BPS como el Cinve estiman que, pese a un aumento inmediato de los ingresos en caso de prosperar el plebiscito, en el muy largo plazo totalizará en un déficit del 8% del PBI. Según el organismo estatal, eso supondría estar seis puntos por encima del escenario proyectado con los resultados de la última reforma sancionada por el oficialismo.
Equiparar al salario mínimo
La equiparación de las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional "se inspira en un fundamento de justicia social", sostienen, y alegan que "en cuanto a las casuísticas que puedan generarse, se establece que serán reglamentadas por el Poder Legislativo para evitar posibles inequidades en el sistema".
El texto aclara que "los términos jubilaciones y pensiones deben ser interpretados por su espíritu, contexto e igualdad respecto de activos, como sujetos beneficiarios, no por prestación". También acota que las pensiones por invalidez, vejez o jubilación por edad avanzada son "incompatibles con otros ingresos", por lo que se "evita posibles duplicidades" en el sistema.
Tras hacer un análisis detallado mediante ejemplos sobre cómo regirá el piso del salario mínimo para distintas pasividades, el documento en manos del PIT-CNT estima -en cifras del 2023- que "el costo anual de este mejoramiento social" sería de US$460 millones, equivalente al 0,6% del PBI.
Jubilarse a los 60 años
El comando por el plebiscito destaca que la fijación de la edad mínima para configurar causal jubilatoria en 60 años -en lugar de los 65 establecidos por la última reforma del gobierno- supone el "reconocimiento de un derecho" y a la vez "un límite para la cautela de ese derecho" como "razón protectora por excelencia".
Según los asesores de la comisión, el legislador que reglamente la enmienda en caso de aprobarse "no podrá fijar condiciones menos beneficiosas" para los sujetos beneficiarios y "deja abierta la posibilidad de atender situaciones en las que se pueden otorgar prestaciones en condiciones más favorables".
"Tampoco se inhibe la posibilidad de generar inducciones positivas que motiven a las personas a mantenerse en la actividad laboral por encima de la accesibilidad primaria. En tal sentido, la evidencia empírica consigna que, cuando la edad mínima de retiro estaba en los 60 años, en el régimen anterior el promedio de edad jubilatoria se enmarcaba entre dos y tres años posteriores al límite".
En referencia a las condiciones de jubilación, los impulsores destacan que "la papeleta asegura que de aprobarse la reforma ninguna persona tendrá ningún tipo de perjuicio en los frutos de su ahorro jubilatorio", protección que tendría "estatus constitucional".
El estudio en cuestión asevera en varios fragmentos que la papeleta no supone consolidar en la Constitución los "privilegios" de la Caja Militar, uno de los cuestionamientos centrales que se esbozan desde AEBU o dirigentes críticos del Frente Amplio. Los impulsores del plebiscito aseguran que regímenes especiales como los de las cajas paraestatales, militar y policial no están contemplados en el objeto de la papeleta y que se limita al del régimen general del BPS.
"El proyecto de reforma constitucional propuesto no contiene norma alguna que restrinja las facultades del Parlamento para limitar o incluso suprimir, no “derechos o beneficios” (...), sino verdaderos privilegios que violan el artículo 8 de la Constitución", rebaten.
