Dos mociones dividen al Congreso del Frente Amplio en el calor agobiante del Palacio Peñarol. Se vota punto por punto el programa de gobierno. El comité Jacinto Vera propone que “los beneficios fiscales desde el Estado hacia el sector privado” estén “exclusivamente” destinados a la educación pública. Del otro lado, un bloque liderado por dirigentes como Gonzalo Civila (Partido Socialista), Sebastián Sabini (MPP) y José Olivera (Fenapes) quiere una redacción que se limite a “revisar” las exoneraciones.
“Así como está, los liceos de gestión privada en barrios populares van a dejar de recibir financiamiento”, advierte Sabini a los militantes. “No nos podemos comprar un problema político de primer orden con esos gurises pobres”.
Lo parejo del resultado obliga a dos votaciones, pero ninguna logra los dos tercios necesarios. De cara a la campaña que llevará a Yamandú Orsi a la victoria, el Frente no comprometerá cambios al régimen de las donaciones especiales.
Este episodio de diciembre del 2023 fue una más de las muchas ocasiones en que la izquierda intentó modificar el sistema potenciado años atrás por Danilo Astori y que supuso un importante ingreso para asociaciones civiles y organizaciones privadas que trabajan en contextos complicados.
La contracara fue la caída drástica de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) como beneficiaria predilecta de las donaciones a la educación. Tan así que el año pasado percibió por este concepto casi US$ 67 mil, lo que equivale a solo el 1,2% de los casi US$ 5,2 millones que un centenar de compañías donaron a favor de instituciones privadas del mismo nivel de enseñanza.
De hecho, el mayor beneficiario en el correr del 2025 fue el Liceo Impulso de Casavalle, que con el aporte de 71 empresas totalizó un monto de US$ 4,2 millones. Su principal contribuyente, con poco más de US$ 1 millón, fue Mercadopago, seguido por el Grupo Techint, que le donó poco más de US$ 481 mil. Otros contribuyentes importantes fueron McDonald’s (US$ 202 mil), Guyer & Regules (US$ 155 mil) y Farmashop (US$ 178 mil).
El nuevo gobierno intentó el año pasado en la ley de Presupuesto algunos cambios que implicaban acotar las compensaciones, pero la redacción no tuvo los votos en la Cámara de Diputados.
Con la ley vigente, de cada $ 100 que dona una empresa que tributa el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) e Impuesto al Patrimonio (IP), $ 70 pueden ser utilizados como crédito fiscal para abonarlos, mientras que los restantes $ 30 se transforman en gasto deducible, lo que quiere decir que se puede restar de los ingresos de la empresa a la hora de calcular lo que debe pagar de impuestos.
Eso supone que las compañías donantes reciben una compensación del 77,5% de lo que aportan, algo que el Ministerio de Economía intentó –sin éxito– reducir el año pasado y a lo que la coalición se opuso con el argumento de que puede desincentivar las donaciones que apoyan a instituciones con fines sociales.
Al cierre del 2025, el régimen de donaciones especiales volcó unos US$ 21 millones a favor de 118 asociaciones que trabajan en la educación, en la salud y en el apoyo a niños y adolescentes.
Detrás del Impulso, la segunda mayor beneficiaria por este concepto fue la Fundación Teletón, que recibió casi US$ 1,8 millones, que tuvo entre sus principales contribuyentes al Banco Santander (US$ 196 mil), a la administradora del Punta Carretas Shopping (US$ 185 mil) y a Abitab (US$ 164 mil).
El podio de las instituciones más beneficiadas se completa con la Fundación Pérez Scremini, que trabaja por los menores con cáncer y que recibió para ese fin un monto de US$ 1,2 millones.
En la larga lista de organizaciones que recibieron donaciones especiales se cuentan desde la Fundación Los Pinos de Casavalle –que obtuvo US$ 928 mil– hasta la asociación Cireneos del cura Juan Andrés “Gordo” Verde, que percibió por este concepto US$ 345 mil.
El régimen incluye además tanto a las facultades públicas como privadas, que tienen un distintivo del sistema general con un 40% de las donaciones especiales que se puede utilizar como crédito fiscal y un 60% que queda como gasto deducible.
En este rubro, las tres principales universidades privadas obtuvieron más aportes que las facultades de la Universidad de la República. La Universidad Católica percibió US$ 388 mil, seguida por la ORT con US$ 323 mil y la Universidad de Montevideo con US$ 290 mil.
