El exministro de Salud, Daniel “Salinas faltó el respeto a la sede y a usted señora jueza, dijo cosas que no eran ciertas, no se ajustó a los hechos como fueron". "En apariencia parece muy serio, pero no es serio… intencionadamente se acuerda de unas cosas, desdibuja otras y se olvida de otras”, afirmó Alberto Iglesias al declarar en el tercer día del juicio que la Fiscalía de Delitos Económicos de tercer turno sigue en su contra por los delitos de apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta en la causa conocida como Casa de Galicia.
Está permitido que durante el juicio el acusado hable todas las veces que quiera pero con algunas condiciones. Su defensa lo tiene que plantear al juez, quien lo concede tras pedir opinión de la fiscalía. Asimismo debe pasar al banco de los interrogatorios, ser interrogado por su defensa y luego la fiscalía puede hacer las repreguntas que considere necesario.
Haciendo uso de ese derecho, la defensa de Iglesias había dejado hecho el pedido en el segundo día de juicio, lo que se concretó este martes al inicio de la audiencia, aunque al ver que se extendería demasiado, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera pidió suspender la declaración y fijar una fecha en particular para que Iglesias prosiga declarnado por “respeto” a los testigos fijados para el día, que eran funcionarios de República Afisa, la fiduciaria del BROU que gestionó varios fideicomisos de Casa de Galicia.
Iglesias: Salinas me dijo que “González Machado tenía una visión muy crítica de Casa de Galicia"
El expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia contó que en la primera reunión que tuvo con Salinas como ministro, que se pospuso al 23 de abril por motivo de la pandemia, el jerarca del MSP le pidió que hablara con el director de la Junasa González Machado y le transmitió que este “tenía una visión muy critica de Casa de Galicia”. “El entiende que es inviable”, ante lo que Iglesias le planteó si no estaba sometido a la jerarquía del ministro pero Salinas le insistió que hablara con el director de la Junta Nacional de Salud. “Me ayudas a mi”, le dijo, según la versión de Iglesias.
El acusado también dijo que un mes antes de asumir como ministro de Salud Pública, el 31 de enero de 2020, Salinas había concurrido junto al subsecretario José Luis Satdjian, a la firma de la carta intención de compra de Clínicas Leborgne por parte de Casa de Galicia en la que también estaban el presidente de Galicia, el expresidente Julio María Sanguinetti, Daniel Leborgne y el embajador de España. “Ahí no me hizo notar que tenia que hacer ningún trámite preparatorio”.
Con eso Iglesias se refería a que luego Salinas y el MSP señalaron que el trámite de la compra de la clínica de radioterapia -Casa de Galicia adquirió el 51% de Leborgne- había sido “totalmente irregular” y que no se había ajustado a la obligación de someterlo a consideración de la asamblea de socios.
Sobre se aspecto, Iglesias contó que cuando se enteró de que Salinas decía eso le pidió una reunión. Como no le respondió, recurrió al entonces senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, partido al que pertenecía Salinas y logró que lo atendiera.
“Salinas me recibe con Satdjian. Llevo las actas, le pregunto por qué dice una cosa que era mentira. ´Porque me lo dijo González Machado´”, dijo parafraseando al ministro y agregó: “Cuando le muestro las actas se quiere morir y me dice que González Machado dijo que se lo dijo la gerencia general de Casa de Galicia”.
En opinion de Iglesia eso demostraba que “había una predisposición de afectar y lograr liquidar Casa de Galicia", afirmó.
Iglesias dijo que a partir de esa reunión "Salinas se comprometió a respetar a Casa de Galicia y darle trámite a temas presentados". Sin embargo, eso no sucedió, aseguró. Agregó que si bien fueron convocados a hacer trámites al reunirse con el director general de Salud, les informaron que "había 400 trámites de retraso" en la comisión de pertinencia a donde se debía someter la compra de la clínica.
Juicio Casa de Galicia/
Foto: Leonardo Carreño
Iglesias también dijo que Salinas se refirió a otros temas "con frivolidad" como cuando dijo que era "discordante" el pedido de colocar una piel envolvente al santario por US$ 800.000. Según Iglesias era un tema "muy serio" y fundado porque habia que hacer obras y se debían hacer por afuera del edificio. “Se trabajaba con una seriedad muy grande como para que se vanalice … el doctor no se tomó la voluntad de estudiar las cosas”.
El fideicomiso de administración que gestionó República Afisa y las órdenes de pago de Iglesias
Los testigos citados por la Fiscalía que declararían este martes eran los funcionarios de República Afisa: el contador Jonathan Crocker, actual gerente general de esa repartción; la abogada Fernanda Vidal, jefa de Asesoría Legal; el contador Nicolás Banchero, quien gestionó el fideicomiso de la mutualista; y el abogado Martin Reyes, gerente legal.
Por sus cargos, todos estaban en conocimiento del Fideicomiso de Administración de Casa de Galicia por el cual suscribió un convenio con Gremca, perteneciente a la Asociación Española, de atención en materinidad que implicaba que la mutualista atendía a las mujeres que iban a dar a luz y la Asociación Española le pagaba US$ 150.000 por mes. República Afisa era la encargada de gestionar el fideicomiso y disponer del dinero para pagar a acreedores de Casa de Galicia.
Este conveio fue señalado el lunes por la interventora Alicia Rossi como totalmente perjudicial para la mutualista ya que Gremca/Española empezaba a pagarlo a los 180 días y se pagaba poco para todo lo que cubría Casa de Galicia. Reyes dijo al respecto que también le llamó la atención esas condiciones.
No obstante admitió que con ese fideicomiso la mutualista "mejoraba su posición frente a proveedores, ya que es difícil cuando se tienen problemas financieros o los demás creen que se tienen, tener la certeza de cobrar".
A todos los testigos la Fiscalía les preguntó sobre las instrucciones de pago irrevocables que Iglesias firmó dos y tres días antes de que se decretara el concurso judicial con las que pretendía saldar deudas con acreedores por fuera del concurso. Para la fiscalía son la prueba del delito de insolvencia societaria fraudulenta.
Si bien de esas órdenes de pago sólo se llegó a cobrar una, por parte de la empresa Tera, al ser un delito de peligro, aunque no se hubiera cobrado ninguna, en la teoría del caso la fiscalía se configuró el delito y es lo que tendrá que probar en el juicio.
Juicio Casa de Galicia/Fiscal Gilberto Rodríguez
Foto: Leonardo Carreño
Los testigos confirmaron que las instrucciones de pago eran irrevocables y por tanto no podrían hacer otra cosa que pagarlas, salvo que viniera una orden judicial, como ocurrió en el caso de las dos destinadas a los prestamistas Carlos Lousada y Marcelo Bonanata. Según declaró también Rossi el lunes, se le advirtió al síndico Fernando Cabrera de ese hecho, quien logró que el juez del concurso Leonardo Méndez dictara una orden cautelar, por la que Republica Afisa tuvo que congelar el pago y no se llegaron a pagar.
Sin embargo, si se le pagó a la empresa Tera, encargada del mantenimiento de los aparatos de radioterapia. Al respecto, los defensores de Iglesias quisieron saber por qué se le había pagado a Tera, ante lo cual los testigos se limitaron a decir que "estaba instruido así" y ellos debían cumplir con lo dispuesto salvo orden judicial.
Las que se revocaron eran una que ordebaba pagarle US$ 1.650.000 a Lousada, comprometiendo las partidas de noviembre de 2021, enero, febrero de 2022, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio,setiembre y octubre de 2023; y la que comprometía las partiads de marzo, junio, setiembre y noviembre de 2022 para pagarle US$ 600.000 a Bonanta.
Otra pregunta de la defensa de Iglesias para Reyes fue por qué se había vendido tan barato en el remate el edificio del sanatorio. El gerente legal afirmó que "el mecanismo del remate no fue lo ortodoxo de cualquier ejecución hipotecaria pero nada ajeno a los casos de concurso".
