El senador por el Partido Colorado, Robert Silva, convocó de forma "grave y urgente" al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y a los integrantes del directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para que brinden explicaciones ante el Parlamento por la situación de conflicto en el puerto de Montevideo.
En esa línea, instó al gobierno a aplicar los mecanismos a su alcance: "El gobierno lo que tiene que hacer es asegurar que el puerto funcione. El gobierno sabrá de qué manera, por ejemplo, con guardias gremiales, con actividades esenciales que el puerto tiene", dijo el senador a El Observador.
El legislador colorado sostiene que las constantes interrupciones operativas en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) excedieron un límite tolerable y exigen un rol más activo del Estado.
"El conflicto del puerto está afectando al país en su sector como sector país, el empleo, el trabajo de miles y miles de personas, en forma directa o en forma indirecta", sostuvo Silva, recordando que el año pasado ya se habían "perdido" 300 horas por disputas gremiales y que actualmente "ya van 25 días de paralizaciones". Frente a este panorama, enfatizó que "el gobierno tiene que asegurar el funcionamiento permanente del puerto, no puede resignarse a que la situación continúe así".
Sobre este punto, afirmó que hay una "clara contradicción" desde el gobierno que, por un lado, "quiere aprobar" un Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida y, por otro, permite que "la boca de entrada y salida del Uruguay" esté "absolutamente frenada, amedrentada y siendo rehén del radicalismo del sindicato".
Al abordar el choque de versiones entre la empresa Katoen Natie y el sindicato, Silva explicó que los representantes del Estado en TCP confirmaron los planteos de la compañía privada ante la Comisión de Asuntos Laborales: "Cuando vinieron a la Comisión de Asuntos Laborales, yo les pregunté [a los directores de TPC asignados por el gobierno]: ¿todo lo que está diciendo la empresa es cierto? ¿Están de acuerdo? La empresa vino y dijo que el sindicato miente, que el sindicato pide 50 mil pesos como base para negociar, que pide mayores cantidades de salarios de jornales asegurados (teniendo un sobrelaudo de entre el 60% y el 30%, según el puesto de trabajo de que se trate). Y los directores del gobierno nos dijeron que la empresa estaba diciendo la verdad. En buen romance, el sindicato está mintiendo. Y el sindicato está llevando adelante una política de claro entorpecimiento y afectación del país en su conjunto", remarcó el legislador.
El detonante radica en la ruptura de la tregua pactada a mediados de julio entre la empresa Katoen Natie —mayoritaria en TCP— y los trabajadores, que derivó en la suspensión de la atención a camiones durante todo el fin de semana por la realización de asambleas.
La negociación se frenó cuando el gremio sumó a sus reclamos originales (como elevar de 13 a 25 los jornales mínimos garantizados y el pago de partidas extraordinarias) la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, replicando el reciente acuerdo alcanzado entre el sindicato de la construcción (Sunca) y las cámaras empresariales, que contempla la reducción de la gradual de la jornada laboral —de una hora por año a partir de 2027—, pasando de 44 horas semanales a 40 y sin pérdida salarial. Desde TCP rechazaron trasladar ese entendimiento de forma automática: "Sus términos no pueden trasladarse ni imponerse automáticamente en una negociación colectiva por un convenio bipartito", sostuvo.
Asimismo, el legislador cuestionó la actitud del gremio al reabrir exigencias tras el entendimiento en el rubro de la construcción: "Dijeron que ahora querían trabajar seis horas por el mismo sueldo tal como habían logrado en la construcción. Cada vez que se está a punto de llegar a un acuerdo, el sindicato dinamita la posibilidad de acuerdo".
