La primera vez que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habló sobre la posibilidad de colocar ahorros privados en las empresas públicas, las primeras señales de respaldo provinieron desde la oposición y las resistencias desde el propio oficialismo.
Uno de los primeros en marcar la cancha fue el senador del Partido Socialista, Gustavo González. “Es algo que no está en el programa del Frente Amplio (...), no sé si es la urgencia hoy”, declaró entonces a La Diaria. Horas antes, Sánchez había declarado a la radio de ese medio que iba a “pelear” en la interna del gobierno para impulsar la siguiente idea: “Agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”.
Con el paso de los días, Sánchez dejó de hablar de una apertura de los paquetes accionarios –lo que hubiera implicado cambiar por ley la propiedad de las empresas públicas– y expuso que las colocaciones de ahorros serían para financiar proyectos de inversiones. Y ahora, aclaraciones de por medio, el Partido Socialista que en primera instancia puso el grito en el cielo está ultimando una propuesta para entregársela a Sánchez y al Frente Amplio antes del Congreso de octubre.
“Si bien las primeras declaraciones no nos gustaron del todo, cuando el secretario de Presidencia hizo la segunda declaración, el tema nos quedó mucho más claro y nos pareció que iba en la línea de lo que queríamos plantear”, dijo a El Observador el secretario de Programa de los socialistas, Mauricio Zunino. El partido ya aprobó un documento en su Ejecutivo y ahora está recibiendo devoluciones de sus bases antes de elevarlo a Presidencia.
Los socialistas coinciden en que las empresas públicas deben ser “motores de desarrollo” y que “eso choca con algunas restricciones fiscales que hoy hay arriba de la mesa”. “Entonces, pensar alternativas de financiación de la inversión pública por fuera de la lógica presupuestal clásica nos parece sumamente necesario y de actualización para las empresas”, defendió Zunino, quien fue a su vez intendente de Montevideo durante más de un año cuando Carolina Cosse dejó la intendencia para dedicarse a la campaña.
En línea con el discurso del secretario de Presidencia, el dirigente socialista afirmó que “hay ahorro público de ciertos estratos de la sociedad que no tienen donde canalizarlo”. “El que tiene gran capital no tiene problemas de colocación. Pero el ahorrista pequeño o medio, que hay una gama importante en Uruguay, no tiene colocaciones rentables. Hablamos de profesionales, trabajadores de ingresos altos, pequeños comerciantes, que tienen un ahorro de US$ 40 mil o US$ 50 mil –que para el mercado de capitales no es nada– y no tienen dónde colocar, el mercado privado es malo y ha tenido sacudones”.
Alejandro Sánchez luego del Consejo de Ministros del martes 11 de agosto de 2026
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Sánchez, del MPP, justificó en primera instancia su proyecto ante la caída de sociedades como Conexión Ganadera, República Ganadera y Larrarte, que dejaron a cientos de personas sin los ahorros que les habían confiado para obtener algún tipo de rentabilidad.
Zunino aseguró al respecto que “se puede canalizar un monto importante” a favor de inversiones públicas. “Sobre todo porque hay un perfil de ahorristas que no tiene dónde colocar los fondos. Muchos casos terminan en bienes de consumo suntuarios o en bonos del tesoro pero no en actividades productivas. Si a ese ahorrista le das una buena rentabilidad y la seguridad –que no le dan los privados– serían sectores a captar”, defendió.
El economista agregó que debería haber un fondo “más permanente” para “estimular la inversión en las empresas públicas” y que no sea “una vez cada cuatro años” en proyectos puntuales como para parques de energía de UTE. “Con una propuesta que cree instrumentos de las empresas públicas que permitan capitalizaciones de fideicomisos, obligaciones negociables, títulos no de propiedad sino de deuda, son de una rentabilidad interesante para desarrollar. Hay credibilidad en las empresas públicas para que haya colocación de esos ahorros”.
Zunino sostuvo que para los socialistas y para toda la izquierda es innegociable que “ningún mecanismo pueda llevar a un modelo de privatización”, temor que ha motivado las principales críticas por parte de dirigentes sindicales. El secretario de Programa del Partido Socialista adelantó que discutirán el tema con los trabajadores y con los jerarcas frenteamplistas en los directorios de las empresas públicas. “No nos afiliamos a que nuestra propuesta sea la única sino a la posibilidad de construir una propuesta común entre todos los interesados”.
Según contó meses atrás el secretario de la Presidencia a El Observador, ya hay un documento que esboza la hoja de ruta para bajar estas ideas y que fue compartido con el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Economía (Gabriel Oddone) e Industria (Fernanda Cardona).
La intención de Sánchez era presentarlo en mayo ante el Consejo de Ministros, pero el tema se enfrió entre varios otros asuntos que ocuparon la agenda del gobierno, desde la polémica por la camioneta del presidente hasta la Rendición de Cuentas y la ley de Competitividad.
El Congreso del FA y el 1%
Los socialistas ya informaron a Sánchez de su idea e intentan abrochar el tema antes del Congreso del Frente Amplio, que será el 16, 17 y 18 de octubre.
Si bien la convocatoria no es programática, se espera que los frenteamplistas introduzcan mediante mociones varias discusiones referidas a medidas de gobierno. Una de ellas será el reclamo de gravar al 1% más rico que han levantado socialistas, comunistas y militantes de base del Frente.
Aunque estos sectores no planean introducir el debate en el seno del Congreso, no pocos dirigentes esperan que sean los propios comités de base los que presenten las mociones y obliguen a la discusión en toda la estructura.
