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19 de mayo 2024 - 5:00hs

La campaña electoral de 2024 presenta una singularidad respecto a las últimas elecciones de este siglo y una certeza. Los dos modelos de política de seguridad que se enfrentan con posibilidades reales de llegar al poder ya tuvieron la oportunidad de ser aplicados y como desde 2011 de forma constante –salvo la pandemia–, la inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos.

Eso lleva a que en un tema complejo y sensible como este comiencen a converger algunos diagnósticos y que nadie se anime a hablar de represión sin hablar de prevención –o al revés– y se cuela como un factor imprescindible la rehabilitación y la situación de las cárceles.

El enfoque dual que ya pregona este gobierno se suma a la reforma “profunda” de cárceles con un “aumento presupuestal significativo” que propone el nacionalista Álvaro Delgado y a la tríada represión, prevención y rehabilitación de la que habla el Frente Amplio.

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Hay espacio para alcanzar lo que sería óptimo que es una política de Estado”, ha dicho en más de una oportunidad el coordinador de la unidad temática de seguridad del Frente Amplio, Diego Olivera. Incluso, 10 de las 16 propuestas que surgieron de la mesa interpartidaria impulsada por el actual Ministerio del Interior –pero que el Frente Amplio no acompañó– están ahora en las bases programáticas de la coalición de izquierda.

Pero pese a ese espacio, también hay diferencias significativas en lo discursivo pero también en algunos conceptos.

Diferencias

Mientras que el Partido Nacional habla de que en este gobierno “cambió la relación con la Policía” porque se le dio “confianza y respaldo”, el Frente Amplio asegura que es necesario recuperar el “mando civil” de la Policía.

“Apelaron a una muy vieja guardia policial con quien hay vínculos políticos y personales que no lograron instrumentar un plan de seguridad para el Uruguay”, señaló Olivera en una entrevista en radio Carve.

Otra de las diferencias que suelen marcar tanto de un lado como del otro es el rol de las bocas de droga y el microtráfico en la seguridad. Mientras que el actual gobierno puso el foco en el combate a las bocas de droga, en la coalición de izquierda entienden que atacar por ahí desvía la concentración porque no se ataca a los “peces gordos”. Uno de los indicadores que la coalición oficialista muestra para respaldar esa política es la reducción de los delitos que se da en un barrio cuando se cierra una boca.

El programa del nacionalista Álvaro Delgado insiste en continuar con el “modelo de tapiar” bocas en la lucha contra el narcomenudeo.

Otro de las diferencias claves en materia de seguridad está vinculado a las penas. Mientras que en el programa de Álvaro Delgado se habla de aumentarlas, en las bases programáticas del FA la única referencia que hay es para reducirlas en casos vinculados al microtráfico.

El programa del nacionalista propone crear un delito específico por la integración de un grupo criminal que se dedique al narcotráfico, agravar la pena según la cantidad de sustancias prohibidas incautadas y castigar especialmente a los homicidas que actúen por venganza o disputas de cualquier tipo entre bandas criminales.

El FA, en tanto, plantea promover “cambios normativos” para garantizar la efectiva aplicación de los principios de racionalidad y proporcionaldiad en la aplicación de penas por tráfico ilícito, “evitando que la criminalización y rigor punitivo recaigan sobre las personas y comunidades más vulnerables”. Específicamente, promueve las “medidas alternativas a la privación de libertad” para las personas “vulnerables involucradas en el microtráfico”.

Otras de las diferencias importantes está vinculada a los allanamientos nocturnos, un tema que será plebiscitado luego de que los legisladores de la coalición alcanzaran el mínimo de 52 firmas necesarias. El Partido Nacional, y todo el actual oficialismo, está a favor de la iniciativa mientras que el Frente Amplio se opone.

Coincidencias

Tal como informó El Observador el domingo 10, hay dos grandes coincidencias en Seguridad: la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –que se haga cargo de las cárceles a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)– y la apuesta por la profesionalización de la Policía, el aumento salarial y atacar el problema de la vivienda. Pero también existen otros puntos de convergencia.

Los dos programas plantean la necesidad de coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y principalmente contra el lavado de activos. Delgado, por ejemplo, plantea unificar los cometidos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Y si bien ambos hablan de una mayor presencia en el territorio, las formas son bastante distintas. Los blancos plantear continuar con el “fortalecimiento de las comisarías seccionales como unidades básicas operativas” porque es un “generador de información desde el territorio” y el Frente Amplio habla de “recuperar la presencia del Estado desde una perspectiva “interinstitucional”.

Cárceles

Los dos programas hablan de una reforma carcelaria para atender la situación de los privados de libertad y de un trabajo en coordinación con otras instituciones del Estado. La salud mental, las adicciones y la educación tienen un papel preponderante en ambos planes pero los focos tienen algunas diferencias.

Si bien ambos hacen referencia a fortalecer las medidas alternativas, para el Frente Amplio es una prioridad para abatir el “sobrepoblación de las cárceles” mientras que para el Partido Nacional es una medida más dentro de un paquete amplio que incluso incluye seguir aumentando la infraestructura carcelaria para tener más plazas.

Ambos programas, además, plantean la necesidad de reforzar la Dirección Nacional del Liberado.

Desprisionalización

Las bases programáticas del Frente Amplio hacen referencia a una política de desprisionalización, lo que generó una de las primeras polémicas de la campaña en este tema. Pero, ¿a qué se refiere?

“No está prevista una liberación de presos sin criterios. Hay conductas reprochables penalmente que no deberían llevar a la prisión”, explicó Diego Olivera en Desayunos Informales. El objetivo es que delitos como el microtráfico –cuando no implica violencia ni portación de armas– se pueden tratar con medidas alternativas a la prisión y con el foco en la rehabilitación.

Este planteo se basa en que, tal como ha manejado el comisionado de cárceles, Juan Miguel Petit, Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas del mundo (está dentro del Top 10) y eso, según entiende el Frente Amplio, no ayudó a mejorar la seguridad.

La mesa interpartidaria

De las 16 medidas aprobadas por la mesa interpartidaria –mucha de las cuales están en ejecución y que el Frente Amplio no acompañó– hay al menos 10 que están contempladas de distintas formas en el programa del Frente Amplio.

  • La creación del Ministerio de Justicia –que estaba en el acuerdo pero se decidió dejarla por el camino porque estaba cerca del final del mandato–
  • Consejos barriales para atacar problemas locales
  • La asesoría del Instituto Nacional de Estadísticas para las cifras de delitos
  • La educación para la prevención del delito y la violencia
  • La atención en salud mental para los policías
  • La expansión de la policía comunitaria orientada a problemas
  • La capacitación a policías sobre poblaciones vulnerables
  • Una reforma del sistema penitenciario,
  • El tratamiento de las adicciones para presos
  • El fortalecimiento de la Dirección Nacional del Liberado
Temas:

inseguridad Frente Amplio Partido Nacional

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