La Justicia intimó al fiscal Leonardo Morales a realizar diversas investigaciones y sumar distintas pruebas a la carpeta del caso de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol que murió mientras intentaba colarse al estadio Campeón del Siglo en mayo de 2023.
Según se lee en la resolución, a la que accedió El Observador, la jueza penal María Noel Odriozola intimó a Fiscalía a que "en un plazo máximo de 4 meses diligencie la prueba solicitada" por la defensa de la familia de "Nacho" Suárez, encabezada por los abogados Rodrigo Rey y Micaela Benavente, en una intimación realizada a fines de junio.
Según informó El Observador semanas atrás, los abogados reclamaron a la Justicia que es "absolutamente pertinente y conducente" para esclarecer los hechos que "se practiquen de forma urgente" diversas actuaciones de la investigación, que hasta el momento el fiscal Morales no ha realizado u ordenado, y que los abogados le han reclamado en tres oportunidades en los últimos tres meses.
La defensa de la familia de Suárez afirma que su muerte fue un homicidio perpetrado por los policías que intentaron bajarlo de la reja del estadio, al que intentaba colarse para ver un partido de Peñarol contra Wanderers, teoría que apoyan con distintas filmaciones y testigos.
Sin embargo, la Policía calificó este hecho en un principio como una "muerte accidental", y los defensores entienden que desde que el caso llegó a la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Morales no se han registrado "avances" en la investigación.
Fuentes de Fiscalía indicaron a El Observador en mayo que Morales tiene previsto continuar con la investigación y puntualizaron que el fiscal prefiere no entrar en la discusión sobre los pormenores del caso.
Las actuaciones restantes y las evidencias que faltan en la investigación de Ignacio Suárez por las que reclama su defensa
En primer lugar, los abogados de la familia Suárez piden que "se asegure el plano de cámaras" del CDS y que este "se incorpore a la carpeta investigativa" para "dilucidar si se han agotado las posibilidades de obtener información de calidad de las cámaras" del estadio.
Luego, le piden a Peñarol "la lista de todos los funcionarios" que estaban trabajando en el recinto deportivo el día del partido, para poder obtener sus testimonios, en especial de los trabajadores que "participaron y presenciaron los hechos".
Los abogados también quieren que el club presente un "acta de constatación notarial" con la que entienden deberían haber notificado sobre "la remoción de las puntas de hierro" en las que quedó incrustado Suárez. "Entendemos que de ninguna manera se pudo practicar esa alteración estructural sin esta mínima formalidad", aclararon.
La defensa también busca que la Justicia incaute "todas las cámaras portátiles de los funcionarios" de la empresa de seguridad privada que "presenciaron directamente los hechos".
Este pedido se debe a que en las grabaciones con las que cuentan de la situación, se ve a un funcionario de esta compañía utilizando "un arnés similar al que se utiliza para asegurar cámaras corporales".
Como quinto punto, solicitan que se incauten y se agreguen a la carpeta "la totalidad de los registros fílmicos" del día del partido en poder de Peñarol, la empresa de seguridad privada, junto a las cámaras corporales de los oficiales de la Guardia Republicana.
Por último, la defensa de los Suárez quiere que se le tome declaración a cinco testigos de los hechos, que concordaron en que el accionar policial fue determinante para la muerte de Nacho, según pudo recoger El Observador.
Además, remarcaron que es necesario que testifiquen en una Fiscalía, debido a que entienden que "no se puede pretender que los testigos declaren y menos que declaren libre y francamente sobre hechos delictivos cometidos por policías ante justamente policías en una sede policial".
Por otra parte, los abogados afirmaron que existen "evidencias faltantes" en la carpeta del fiscal Morales. Una de ellas es parte de la autopsia del cuerpo de Suárez: en la petición se indicó que existió un registro fotográfico de este procedimiento que no fue trasladado a la carpeta, y cuya ausencia representa para los defensores "una grave omisión".
Además, indicaron que en la carpeta "se encuentra un recibo de que la Guardia Republicana entregó dos CD con los registros de las cámaras corporales de los funcionarios", pero en ellos no están "todos y cada uno de los registros fílmicos" entregados por la fuerza.
