No habían pasado un mes desde que salió de la cárcel y "se la cobraron". El clan enemistado se la tenía junada: sangre se paga con sangre. Unos días después, en la otra punta de Montevideo, un hombre le da “me gusta” a una publicación de la novia de un vecino con el que ya se habían amenazado. Terminó hecho un colador: varias perforaciones de bala. En el epicentro de la ciudad, una familia que vende drogas se queda con el dominio del territorio, una zona que no alcanza más que dos canchas de fútbol. Los competidores (los desplazados) intentan irse lejos, pero no tan lejos como para lograr camuflarse. Tres acaban muertos. También uno que tuvo mala liga de pasar por ahí en el instante equivocado: no fue una bala perdida, a veces solo la demostración de no puede quedar testigos: para cuidar la vida de los míos, vale quitársela a los otros.
No son historias inventadas. Un tercio de los homicidios en Uruguay tiene un vínculo con el tráfico de drogas (o más bien microtráfico). Otro tercio son conflictos entre conocidos. Algunos habrán empezado por drogas o por simple rivalidad. Es una cuestión de pertenencia, no solo de negocios. No se cuentan los femicidios, las disputas dentro de una familia ni los asociados a delitos sexuales como parte de ese tercio. En todo caso estos últimos junto a las rapiñas van a parar al bolsón restante.
Pero lejos de lo que se piensa no es una cuestión de “se matan entre ellos”, una muletilla que acuñan algunos políticos, en distintos gobiernos, para explicar lo inexplicable: como si hubieran ciudadanos de primera y de segunda. En el asesinato en Los Bulevares el pasado sábado un video lo deja en claro. Disparan desde un auto, pasa un hombre por la cera contraria y, para no dejar testigos, lo matan. No tenía nada que ver, solo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado.
La Policía maneja una hipótesis principal de por qué en el segundo trimestre del año y en lo que va de julio hubo un aumento de los homicidios. La estrategia de disuasión —como le llaman al patrullaje y la presencia en algunas zonas— condujo a un corrimiento. Y ahí aparece una novedad: por primera vez desde que hay registros comparables la seccional 18 (que va desde Punta de Rieles hasta el límite con Canelones teniendo como columna vertebral la ruta 8) concentró la mayor cantidad de homicidios de la capital.
El dato es anecdótico, en el sentido de que un solo semestre no sirve para demasiadas conclusiones y que esa seccional (junto a la 16, 17 y 24) suelen concentrar la mitad de los homicidios de la capital, salvo en la baja de la pandemia. Pero es entonces que la Policía está encontrando pistas. El patrullaje en parte de Casavalle y Villa Española, así como cambios en las hegemonías de clanes familiares, parecen explicar un corrimiento hacia esa (no tan) nueva zona de Montevideo.
Desde allí salen tres ramales que la Policía estudia de cerca acorde ha crecido el movimiento poblacional: a Toledo, al eje Barros Blancos-Pando, y a la costa. Son la punta del cinturón de homicidios como le llamó el doctor en Sociología Gabriel Tenenbaum.
—Es inviable que los policías estén 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año siguiendo la sombra de cada mini grupo que comete delitos. Incluso patrullar lo más complejo a veces puede ocasionar un problema mayor. Entonces, como política pública, hay que buscar explicaciones más profundas en lugar de ir corriendo de atrás de la inmediatez.
Hace al menos cinco años que Tenenbaum y otros investigadores documentaron en el libro Relatos de Muerte cómo ya había migración vinculada a conflictos entre “bandas” rivales.
El paso del tiempo fue confirmando que más bien se matan entre varones jóvenes —entre 18 y 38 años—, cada vez con más armas de fuego (tres de cada cuatro casos del primer semestre de 2026 se ejecutó así), y que el Ministerio del Interior tiene cada vez menos qué hacer.
¿En qué sentido? ¿Quiénes son esos jóvenes-varones-de bandas? La pobreza explica parte del comienzo de la exclusión, pero no alcanza. Pareciera que sus redes de sentido de pertenencia, de ser queridos y cuidados se fue rompiendo desde que eran demasiado pequeños: una familia que falla como primer regulador de la vida en sociedad, una educación que les da la espalda, un mercado laboral formal que no los incluye. Redes sociales que le muestran lo que no tienen. La droga que empieza a afectar su sistema nervioso, su nivel de persecución. Eso no justifica el delito ni la muerte, pero es relevante para intentar comprender lo que pasa.
El propio director del área estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, lo había explicado a El Observador:
—La lucha frontal contra el narcotráfico hay que hacerla y mejorarla, pero no vas a ganar por ese lado. Y cuanto más invertís en esto, menos tenés para lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? En Uruguay, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el aparato de seguridad ya está en el límite de lo que va a poder lograr. El problema es que todas estas familias y estos niños tienen otras carencias estructurales. Si no tenés piso en tu casa, se llueve, estás todo el día enfermo, no tomás vitaminas desde que naciste, nunca fuiste a la escuela, la policía no te lo va a arreglar, el control de armas tampoco, la lucha contra el narcotráfico tampoco.
La policía misma sabe que la matanza entre pequeños clanes que se enfrentan no les sirve a los grandes narcos. Una fuente de Investigación lo explica así: “El narcotráfico quiere que su cargamento llegue a Europa, no que la policía esté actuando en el territorio y le dificulte la rentabilidad del negocio”.
El problema mayor es que cuando se enfría una zona, se calienta otra. Y en el medio más familias quedan involucradas —por opción o porque no les queda más remedio— en un espiral de violencia en que el próximo disparo puede ir a parar al lugar menos pensado.
