La ceremonia a la que irá Albertoni contará con la participación del presidente argentino Javier Milei
Nicolás Albertoni
Inés Guimaraens
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, resolvió que sea el vicecanciller Nicolás Albertoni quien viaje a El Salvador para representar al gobierno uruguayo en la ceremonia en que Nayib Bukele reasumirá el mando del país centroamericano.
Según supo El Observador de fuentes de la Cancillería, Albertoni viajará el viernes 31 a San Salvador –la capital– para participar de la toma de posesión en el cargo que se realizará el sábado 1° de junio.
En el acto, está previsto que participe el presidente argentino Javier Milei. La lista de invitados también está compuesta por el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin y los mandatarios Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).
A su vez, se prevé que asista el rey de España, Felipe VI, y representantes del departamento de Estado designados por Joe Biden.
En principio no están previstas reuniones bilaterales y la participación será protocolar, dijeron desde la Cancillería aunque no se descarta que puedan surgir encuentros en paralelo a la agenda prevista.
La reelección de Bukele –en febrero de 2024– generó controversia a nivel mundial. El gobierno uruguayo no se pronunció aunque varios dirigentes de la coalición celebraron que el salvadoreño pudiera desarrollar un nuevo mandato.
De hecho, el senador nacionalista Juan Sartori se reunió con Bukele después de la elección. Lo consideró su “amigo” y dijo que habían intercambiado ideas sobre los países.
“El Salvador ha logrado un cambio total en seguridad y apertura al mundo. Siempre me ha gustado conocer de primera mano cómo se han resuelto problemas en otros contextos. Un buen caso de cómo las transformaciones positivas son posibles”, escribió en su cuenta de Twitter.
Poco después, Sartori señaló que la realidad de El Salvador era distinta a la de Uruguay y que no se podían aplicar las “mismas soluciones” aunque creía que era importante intercambiar sobre las “herramientas que implementaron”.
La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial inmediata, pero Bukele se valió de una interpretación de la Corte Suprema de Justicia que la avaló siempre y cuando el mandatario se tomara una licencia de seis meses antes de volver a asumir.
Esa decisión lo obligó a dejar el cargo el primero de diciembre de 2023 tras designar a la secretaria de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, como su sucesora temporal.
Sus opositores señalaron que los jueces que hicieron la interpretación de la Constitución estaban viciados de nulidad ya que habían sido electos por una mayoría de diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Los anteriores integrantes de ese cuerpo fueron destituidos en un proceso que llegó a ser calificado de “golpe de Estado”.
Más allá de que no se expresó sobre la reelección –en la que obtuvo el 85% de los votos– el gobierno de Lacalle Pou ha seguido con atención la implementación de las políticas de seguridad de Bukele.
El año pasado, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa estuvo en Uruguay y se reunió con Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Tras ese encuentro, Ulloa dijo que el mandatario le había pedido información sobre cómo estaban enfrentando a las pandillas.
Ulloa dijo que Lacalle Pou le preguntó específicamente sobre cómo funciona la “megacárcel” que construyeron. “Le explicamos en cuánto tiempo la construimos, cuáles son las características, los niveles de seguridad que tiene y cuáles son las condiciones para que los internos estén en condiciones dignas de cualquier detenido”.
Antes de la reunión, Lacalle Pou había dicho que "el modelo de Bukele para luchar contra el crimen no es exportable", y que el salvadoreño había tomado esas medidas porque "gobierna en un entorno de maras".
Tanto la oposición como diversas organizaciones de derechos humanos critican que Bukele haya estado gobernando bajo un régimen de excepción y con restricción a las libertades de los ciudadanos amparándose en el combate a las pandillas. Señalan que ha habido detención de opositores y cierre de periódicos por tiempo indeterminado lo que vulnera la democracia.