Es un tema que se viene hablando desde hace muchos años y que más de un gobierno intentó abordarlo sin mayor éxito. Fue, también, una promesa de campaña del actual presidente Yamandú Orsi y un reclamo del comisionado parlamentario para las cárceles de larga data. Y ahora parece estar más cerca de concretarse.
El ministro del Interior, Carlos Negro, le presentó este lunes a la bancada de legisladores del Frente Amplio el proyecto para crear el Instituto Nacional de Reinserción como organismo descentralizado y sustituyendo así al actual Instituto Nacional de Rehabilitación que opera bajo la órbita de la cartera encargada de la seguridad interna.
El organismo que se plantea crear tendrá como competencia “el cumplimiento de las medidas o penas privativas de libertad o alternativas, el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias”, dice el texto del proyecto al que accedió El Observador.
En la exposición de motivos del proyecto, difundido inicialmente por La Diaria, el gobierno asegura que la iniciativa surge en respuesta a una “crisis estructural del sistema penitenciario” caracterizada por “niveles inaceptables de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades para el ejercicio de derechos y acceso a programas de tratamiento por parte de la población encarcelada, carencias de recursos humanos y materiales, así como debilidad extrema del sistema de medidas alternativas”.
El texto agrega que esas dificultades están “fuertemente asociadas” al crecimiento constante de la población carcelaria que en 2025 llegó a su récord histórico consolidando a Uruguay como el país de la región con más personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes con un registro de 477.
En las cárceles uruguayas, dice el proyecto, solo el 17% de los presos accede a oportunidades adecuadas de integración social mientras que casi la mitad (46%) está sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Uno de los principales objetivos del proyecto es avanzar en la autonomía del organismo así como separar definitivamente “la tarea de persecución y represión del delito, de la del tratamiento de las personas sujetas a sanciones penales.
El texto destaca que se trata de un paso más en la búsqueda de convertir a la política penitenciaria en una política de Estado y que este proceso tuvo su puntapié inicial en el libro blanco de la reforma carcelaria impulsado durante el anterior gobierno.
El organismo dejará de depender del Ministerio del Interior pero será esa cartera a través de la cual se continúe relacionando con el Poder Ejecutivo.
“Un sistema penitenciario de nuevo diseño requiere de una nueva institucionalidad que pueda sostener un proceso de transformaciones, recomendándose la definición del Instituto Nacional de Rehabilitación como organismo descentralizado, de manera de tener una voz técnica y política potente para encaminar las transformaciones necesarias y presentar a todas las autoridades un plan estratégico de innovación en su estructura y gestión”, decía el informe del comisionado parlamentario para las cárceles del 2024 citado en la exposición de motivos del proyecto.
El nuevo instituto, dice el articulado, tendrá un director general que estará cinco años en el cargo pudiendo ser reelecto pero que tendrá que retirarse al cumplir los 70 años de edad. El director será secundado por un secretario general, de particular confianza, y ambos cargos tendrán un salario que no podrá superar el 60% del nominal de un senador. Es decir, no podrá superar los $ 240 mil.
Los cargos civiles que hoy tienen contrato con el Instituto Nacional de Rehabilitación pasarán al nuevo organismo mientras que los cargos civiles del Ministerio del Interior podrán optar entre pasar al nuevo organismo o mantenerse en la cartera y seguir trabajando en pase en comisión. Los policías seguirán siendo proporcionados por el Ministerio del Interior hasta que se cree un “servicio especializado en seguridad penitenciaria”.
