Los dirigentes políticos en general, y los legisladores en particular, suelen repetir que el trato personal durante el trabajo del día a día es mucho más amable que lo que graban las cámaras de los informativos y recogen los titulares de los portales informativos. Las declaraciones de senadores y diputados suelen ser mucho más duras cuando están frente a un micrófono de un medio que lo que dicen dentro de las comisiones cuando reciben a distintas delegaciones o cuando intercambian entre sí.
Sin embargo, a veces lo que pasa frente a las cámaras repercute en el relacionamiento entre los partidos puertas adentro. Y eso fue lo que sucedió la semana pasada en la Cámara de Diputados y tensionó el ambiente por varios días.
Minutos después, los diputados que integran la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto volvieron a la sala en la que estaban trabajando para escuchar la comparecencia del Tribunal de Cuentas pero el anuncio realizado por la oposición no pasó desapercibido.
Luego de la intervención inicial de la delegación, la diputada del Frente Amplio Cecilia Cairo pidió la palabra para “dejar una constancia”.
“Entiendo el informe relativo a la Rendición que nos viene a entregar el Tribunal de Cuentas, pero, como ustedes saben, para nosotros hoy ha sido un día bastante movido y, en los hechos, no vamos a poder responder por ninguno de los artículos que ustedes presentaron, porque hoy no hay Rendición de Cuentas; la Rendición de Cuentas no se va a votar, y ustedes saben que si eso no sucede, no hay artículos incrementales”, dijo según consta en la versión taquigráfica.
La diputada agregó que “partidos muy importantes” del país comunicaron que “no votarán la Rendición de Cuentas, lo que significa que no habrá ningún gasto incremental ni ninguna reasignación. “Quería dejar constancia para que ustedes sepan que si no preguntamos y no ahondamos en el asunto es porque en estos momentos, como gobierno y como partido político, tenemos un problema bastante importante que resolver”.
El comentario de la diputada oficialista fue rápidamente respondido por los legisladores de la coalición. “Francamente, yo no sé cómo interpretar o qué alcance tienen las expresiones que acaba de formular la señora diputada Cairo. No sé si la bancada de gobierno nos está invitando a dejar en suspenso el tratamiento de la Rendición o cosa que se le parezca”, empezó diciendo el diputado blanco Pablo Abdala y agregó que esas expresiones “contribuyen muy poco al clima de trabajo”.
“Entonces, contesto con una pregunta: ¿lo que se nos está sugiriendo es que lo que estamos haciendo es una especie de simulación? ¿Es mímica? ¿Nos estamos burlando de la opinión pública, cuando después de un anuncio como el del día de hoy, seguimos estudiando una Rendición de Cuentas que no va a existir? ¿El Gobierno se ha resignado a que no haya Rendición de Cuentas? Porque si eso es lo que la diputada Cairo nos está transmitiendo, yo creo que tiene un alcance político y una consecuencia política mucho mayor que la mera constatación de un dato referido al Tribunal de Cuentas; es mucho más complejo”, planteó Abdala.
Cairo respondió que van a trabajar los 45 días porque no fue el Frente Amplio el “apresurado” en decir que no iban a votar la Rendición de Cuentas y eso generó la respuesta de otros diputados como el colorado Conrado Rodríguez y el blanco Juan Martín Rodríguez en la misma línea que Abdala pero luego la discusión siguió relativa al Tribunal de Cuentas.
Distintos legisladores consultados por El Observador reconocieron que desde entonces el ambiente está tenso entre oficialismo y oposición y que por más que con el correr de los días “bajó un poco la espuma” el clima para negociar no es el mejor.
La discusión en particular
La comisión de Hacienda integrada con Presupuesto tiene 18 integrantes de los que 10 son del Frente Amplio. Eso quiere decir que el oficialismo tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto en general –algo que no sucede en el plenario– y pasar a la discusión en particular.
Y eso hace que se abra una negociación con toda la oposición porque, más allá de que la coalición anunció su rechazo al proyecto en general, va a haber planteos sobre varios temas. Distintos legisladores de la coalición están trabajando en propuestas para presentar en los próximos días ya que, dijeron distintos legisladores, el objetivo es "mejorar" el proyecto.
Los recursos para unificar y reforzar el sistema de transferencias son el meollo del proyecto y es muy difícil que no tengan el respaldo de todos los partidos, según dijeron distintos legisladores de la oposición a El Observador. Incluso, un legislador opositor recordó que en 2021 el Frente Amplio no votó la Rendición de Cuentas en general pero sí el Bono Crianza.
Sin embargo, todos los partidos de la coalición van a insistir con mantener las contraprestaciones. Es decir, que el beneficiario esté obligado a enviar al menor a la educación y a determinados controles de salud. Como el nuevo sistema empieza aplicándose en niños de 0 a 3 años, la obligatoriedad es que los menores tengan los controles de salud al día.
En el proyecto del gobierno solo el 20% de la transferencia está atado a esas contraprestaciones, mientras que el restante 80% se mantiene pase lo que pase. En el gobierno defienden que hoy solo dos de cinco programas de transferencias exigen esa contraprestación.
Sin embargo, para la oposición –incluido Cabildo Abierto que no integra la comisión– es importante que todo el dinero esté atado a que el menor tenga los controles médicos al día y, cuando le corresponda, a que asista al sistema educativo.
La eliminación de las restricciones a la hora de usar ese dinero –que hoy tienen las transferencias que van a la Tarjeta Uruguay Social– también preocupa a algunos legisladores de la oposición pero no a todos. Si bien es probable que sea un tema discutido en la comisión, la oposición va a poner sus energías en que la contraprestación se aplique al 100% del monto.
Incluso, ya han aparecido voces del Partido Nacional que cuestionan la necesidad de condicionar el uso del dinero a determinados tipos de bienes. El coordinador del programa de Álvaro Delgado, el economista Agustín Iturralde, escribió una columna en El País en la que cuestiona el "paternalismo" de aquellos que pretenden decirle a las familias más pobres cómo tienen que gastar el dinero de las transferencias.
"Hoy contamos con decenas de estudios sobre el uso e impacto de las transferencias. No es cierto que esa plata se malgaste en cigarros y alcohol. La enorme mayoría de los recursos que las familias pobres reciben por transferencias se destina a alimentación y artículos de limpieza e higiene. Sí aparecen impactos positivos de condicionar el pago a la asistencia a la escuela y a los controles de salud, pero no de limitar en qué gastan", dice la columna.
Otro de los temas centrales del proyecto es el de los recursos para seguridad. A diferencia de los US$ 31 millones de las transferencias, ese dinero vendrá de reasignaciones y estará destinado a, entre otras cosas, 300 cargos policiales para desplegar en la zona metropolitana.
Si bien la coalición planea dejar constancia de que a su entender no se ha cumplido con las promesas de campaña de crear 1.000 nuevos cargos y que la situación de seguridad pública está peor, va a acompañar los recursos para atender el principal problema de los uruguayos según todas las encuestas.
El tratamiento de la Rendición de Cuentas recién empieza pero en pocos días, oficialismo y oposición deberán mostrar sus cartas para empezar a negociar.
