La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) entregó este jueves al Congreso de Intendentes el borrador de proyecto de ley para reeditar los jornales solidarios, con algunos detalles aún por determinar. Al cierre de la jornada, sin embargo, los jefes comunales lograron humo blanco y acordaron la redacción final para la nueva edición del programa laboral que ahora estará bajo el título "Uruguay impulsa".
El texto final, al que accedió El Observador, establece que habrá 6.300 beneficiarios de entre 18 y 65 años que no reciben ninguna prestación pública o privada. En su primera edición, se extenderá por cuatro meses desde julio a octubre.
La remuneración será de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente hoy a $19.728, y durante ese tiempo estarán comprendidos en el régimen del Banco de Previsión Social (BPS).
Los jornaleros tendrán actividad de lunes a viernes con seis horas diarias de labor, aunque el proyecto contempla que la jornada sea de cuatro horas en el caso de las madres con hijos menores a 3 años.
Otra de las novedades será la apuesta por un componente "laboral" –que ocupará el 80% del tiempo– y otro "formativo" basado en la "realización de cursos de formación profesional" para "mejorar habilidades y capacidades", y así propiciar la "inserción laboral en condiciones de trabajo decente".
El programa será coordinado por una comisión que integrarán el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, la OPP y el Congreso de Intendentes. Este ámbito deberá determinar cuántos cupos corresponderán a cada intendencia, controlar el destino de los fondos y solicitar a cada organismo el apoyo necesario para cumplir con la implementación.
El proyecto de ley acordado establece que los beneficiarios "tendrán derecho a la asistencia médica gratuita a través de los servicios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)" en todo el país.
Los intendentes, por otro lado, prevén que en caso de apostar por la creación de más cupos laborales serán los propios gobiernos departamentales los que los financien.
